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jueves, febrero 22, 2024

Realizar el plebiscito de Milei implicaría un gasto de 50 mil millones para la administración pública

Javier Milei pretende llevar adelante un plebiscito para ratificar la caída la Ley Ómnibus, que no sólo implicaría un gasto exorbitante, sino que además no le serviría para poner en vigencia el fallido proyecto de ley.

Tras el fracaso legislativo de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación, el Presidente Javier Milei amenazó con realizar un plebiscito para evitar el debate en el Congreso.

Sin embargo, una consulta popular de este tipo requeriría una exorbitante inversión por parte del Estado nacional, ya que incluye el despliegue de fiscales y fuerzas de seguridad en todo el país, a lo que se sumaría la necesidad de imprimir boletas.

Cabe recordar que las tres instancias electorales de 2023 implicaron un costo de alrededor de 160 millones de pesos, según informó la Jefatura de Gabinete. Esto implica que cada elección demandó más de 50 millones de pesos.

A pesar de que un gasto de este tipo sería contradictorio con el discurso de ajuste y equilibrio fiscal que el mandatario impulsa desde la campaña (con el que justificó el freno de la obra pública, entre otras cuestiones), Milei insiste con esta posibilidad.

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En detalle, realizar este tipo de consulta popular implicaría garantizar alrededor de 105.000 urnas, mientras que el Correo Argentino debería transmitir un total de más de 106.000 telegramas. Entre tanto, deberían habilitarse más de 17.000 locales de comicios y de 1100 sucursales electorales.

Por otro lado, si se tienen en cuenta los datos de las PASO 2023, el Comando Electoral llevaría a movilizar a más de 85.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad, a quienes se sumarían autoridades de mesa y empleados en el Correo.

¿Qué alcance tendría la consulta popular?

Por otro lado, el artículo 40 de la Constitución Nacional establece que la consulta popular convocada por el Presidente no puede ser vinculante, que su voto no sería obligatorio, y que solo el Congreso puede llamar a consulta para convertir un proyecto en Ley.

Esto significa que la consulta convocada por el Poder Ejecutivo o el Congreso, y de aprobarse, el Poder Legislativo estaría obligado a tratar el proyecto de ley en el próximo año, aunque podría no aprobarlo.

Además, el documento señala que "no podrán ser objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal", por lo que varios temas presentes en la Ley Ómnibus no podrían ser incluidos.

A pesar de esto, el diputado Gerardo Milman (PRO) ya presentó un proyecto para convocar a la consulta popular a través del Ejecutivo. Sin embargo, hay pocas posibilidades que la iniciativa tenga mayoría, y el propio Congreso estaría admitiendo su obsolescencia.

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