La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la reunión clandestina entre jueces, funcionarios porteños y directivos de Grupo Clarín en Lago Escondido sea investigada por el juez federal porteño Sebastián Ramos.
El magistrado mantiene un vínculo de cercanía con uno de los imputados, el ahora ex ministro de seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro.
La resolución de este jueves del máximo tribunal del país sobre el destino de la investigación por el viaje de funcionarios judiciales y políticos, y ejecutivos de Grupo Clarín a la estancia de Joseph Lewis en Lago Escondido ordenó quitarle la investigación al poder judicial de Bariloche.
Fue obra de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país que ordenó "declarar competente" al juzgado nacional en lo Criminal y Correccional Federal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo titular es Sebastián Ramos.
Es necesario recordar que en una de las filtraciones de los chats de la corrupción, se supo que Ramos conversaba con el ex ministro de Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro, que ahora será investigado por su amigo y juez de Comodoro Py.
Se trata del mismo juez al que le garantizó que recibiría una Toyota Hilux.
La causa que se investigará en Retiro tiene como imputados -además de a Marcelo D'Alessandro-, al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.
Además se investiga a Leonardo Bergroth, ex integrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.
En la pesquisa se investiga un viaje que realizaron todos ellos juntos en octubre pasado a la estancia de Lewis en Lago Escondido, llegando a Bariloche en vuelos privados.
Según Casación, la causa debía tramitar en los tribunales porteños porque los implicados son "funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros, por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían".
Se investiga si "aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen”.
Es por esto que para la Cámara, el hecho a investigar tuvo lugar en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
“Las circunstancias que son dirimentes para la solución del tema tienen una nota en común: habrían acontecido en esta Ciudad de Buenos Aires y a los fines de determinar la competencia territorial (únicos que se analizan en la presente) deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios” se lee en la resolución.