Aportantes truchos de Vidal: procesaron a responsables de la campaña de Cambiemos en 2017

La Justicia Federal ordenó el procesamiento de cuatro imputados en la causa por los aportantes truchos durante la campaña de Cambiemos de 2017 en la Provincia que entonces gobernaba María Eugenia Vidal, quien desde el inicio había intentado desligarse de la responsabilidad.

El juez federal Alejo Ramos Padilla procesó a tres responsables financieros y al apoderado de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires por la causa de aportantes truchos durante las PASO y las elecciones generales de 2017.

La investigación se centra en el ocultamiento del origen de los fondos con los que se financiaron las campañas de ese año, en el marco de la gobernación de María Eugenia Vidal. Los procesados son Julián Vilche, Carla Silvia Chabán y Alfredo Gabriel Irigoin, responsables financieros de la alianza, y Mauricio Redigonda, apoderado.

Simultáneamente, el juez rechazó el pedido de excepción por falta de acción presentado por los acusados, quienes argumentaban que el proceso penal debía esperar a la formalización del “proceso de naturaleza electoral”.

Ramos Padilla fundamentó su decisión al considerar que los cuatro miembros de Cambiemos realizaron “diversas acciones de inserción de datos falsos en documentos públicos, en particular, en los informes finales de recursos y gastos de campaña”.

Además, indicó que aceptar la excepción planteada por los acusados obstaculizaría la investigación de delitos penales cometidos en el marco de procesos electorales. El juez se apoyó en la decisión del Juzgado Federal 1, que determinó que la prolongación del conflicto de competencia no implicaba “privar de respuesta penal” la indagación de los hechos.

Los responsables financieros de Cambiemos enfrentan cargos por “falsedad ideológica de documento público” y “omisión dolosa de acreditación del origen de los fondos de campaña“. En tanto, el apoderado está acusado de “coautor de la falsedad ideológica” y “partícipe necesario” del segundo delito.

Entre tanto, la medida incluye el embargo de bienes a los procesados y “si no los aportasen o no los tuvieren, se dispondrá su inhibición general de bienes y se comunicará de ello a los organismos pertinentes”.

Al apoderado se ordena trabar un embargo hasta cubrir la suma de 30 millones de pesos.  En tanto que Vilche debe completar 40 millones, mientras que para Chabán e Irigoin la máxima cantidad fijada que es de 50 millones.

Lo que reveló la investigación

La investigación judicial reveló que de 361 aportes investigados, 161 personas que figuraban como aportantes desconocieron haber puesto dinero. La utilización de efectivo en la mayoría de las transacciones dificultó el rastreo del dinero. Además, muchos de los aportes falsos se atribuyeron a beneficiarios de planes sociales o personas con discapacidad.

Julián Vilche rubricó 55 recibos por un total de $554.500 (aproximadamente u$s 35.000 al tipo de cambio de la época); Alfredo Irigoin firmó 96 recibos por $527.500 (u$s 33.000); Carla Chabán avaló 84 recibos por $442.250 (u$s 27.650); y Mauricio Redigonda firmó 81 recibos por $437.750 (u$s 27.450).

El fallo judicial destaca que “sin una rendición de cuentas transparente, principalmente en cuanto al origen de los fondos provenientes de donaciones privadas, es imposible saber si el financiamiento provino de una empresa determinada, de actividades de narcotráfico, de dinero vinculado a hechos de corrupción, actividades terroristas, u otra actividad vinculada con el crimen organizado”.

Finalmente, el juez Ramos Padilla señaló que la falta de transparencia “implica el ocultamiento hacia la ciudadanía de los posibles compromisos que puedan haber generado los partidos y sus candidatos, en virtud del financiamiento brindado por determinadas empresas” o “financiamiento prohibido vinculado a actos de corrupción, como el proveniente de empresas estatales, empresas concesionarias del Estado, donaciones de privados que superan los topes establecidos por la ley”.

La causa había sido iniciada en 2018, al año siguiente de las elecciones, luego de que un informe periodístico revelara que las autoridades partidarias del PRO habían inscripto como aportantes a personas beneficiarias de planes sociales del gobierno nacional.

Inicialmente, Vidal intentó desligarse de la acusación, atribuyéndola a la hipocresía y el cinismo de quienes fueron parte de ese sistema y levantan el dedo para señalar a otro”. “Yo no soy Cristina“, aseguraba en ese entonces.

Sin embargo, luego terminó desplazando a la entonces secretaria de Legal y Técnica de su gestión, María Fernanda Inza, aunque intentó atribuir las irregularidades a la alianza gobernante.

“Es más fácil decir que son los aportes truchos de Vidal y no los aportes del frente electoral Cambiemos 2017, disparó durante una entrevista, “llenen los juzgados de denuncias, a mí no me importa, mi único capital es la honestidad”.

Vidal sobre los Aportantes truchos: “encontré irregularidades administrativas, no delitos”

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