En el marco de la discusión por el aumento en las tarifas propuesto por ENARGAS, Gabriel Katopodis consideró que se trata de un “incremento abusivo” y remarcó que “no es viable un modelo en la Argentina que no incluya a la industria nacional, a los trabajadores y a la clase media“.
El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, participó de la audiencia pública por el incremento en las tarifas de gas propuesto por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
En este contexto, indicó que “es inadmisible que en este contexto de la Argentina las empresas del sector privado vengan a plantear un incremento abusivo con un ajuste mes a mes” y remarcó que lo “rechazamos de manera clara y categórica“.
Además, apuntó a Javier Milei, y enfatizó:
“No venimos a poner palos en la rueda, queremos que el Gobierno Nacional entienda que hacen las cuentas al revés: aumentan los servicios y prepagas, y bajan salarios y jubilaciones. El resultado es familias angustiadas”.
Por otro lado, señaló que “no es viable un modelo en la Argentina que no incluya a la industria nacional, a los trabajadores y a la clase media” y sintetizó que “desde la Provincia de Buenos Aires vamos a defender a nuestra gente“. “Este no es el camino”, agregó:
“El camino es que las inversiones las haga el sector privado a riesgo suyo, que haya una tarifa social garantizada, que podamos garantizar la zona fría como política de Estado“, enfatizó”.
Además, indicó que “el artículo 318 de la ley ómnibus da atribución al Poder Ejecutivo para desarmar los fideicomisos energéticos”, lo que le permite “llevarse puesta la segmentación, los subsidios para clubes de barrio, para todas las pymes y comercios que necesitan que el Estado regule y no se cristalice la ley del más fuerte”.
“Son incrementos abusivos”
Durante la mañana, y antes de su participación en la audiencia, el Ministro de Axel Kicillof encabezó una conferencia de prensa en la sede del Ministerio (en La Plata). Junto a él, estuvieron presentes integrantes del Foro Bonaerense de Servicios Públicos.
“El gobierno nacional quiere incrementar las tarifas de gas entre un 300% y un 600%”, indicó el funcionario, “lo que significa sacarles la plata de los bolsillos a los usuarios y usuarias para ponérsela a las empresas, igual que lo hizo el macrismo”. Asimismo, indicó que la sociedad “no tiene más resto” y subrayó que:
“Es todo con el mismo bolsillo con el que se está pagando el aumento de la luz, el aumento del gas, el aumento de la nafta, el aumento de los alquileres, de las expensas y del colegio privado de los hijos y no hay más, no hay más resto”.
“El gobierno nos tiene que decir cuándo se frena esta agenda de recortes y de ajustes“, cuestionó, al tiempo que expresó que “nos tiene que decir si en febrero o en marzo se termina”.
“No puede ser que nos obliguen y nos pongan en un camino de permanente de ajuste y sacrificio porque sabemos que la clase media y los trabajadores no tienen más resto”, agregó.
Por otro lado, manifestó que “cualquier boleta de gas, de luz que se proponga incrementar subir arriba del 400, 500, 600 por ciento, por supuesto que es confiscatoria“.
Katopodis también recordó que durante la gestión del Expresidente Mauricio Macri “Ya tuvimos la experiencia de aumentar la tarifa” pero “que los servicios no mejoren en su calidad”.
“Tuvimos en ese momento servicios más caros pero de muy mal funcionamiento“, comentó.
El funcionario remarcó que además “vamos a rechazar el pedido de establecer un incremento de actualización mensual”. “Sería un incremento gatillo que claramente es indexatorio“, dijo, y completó:
“Tenemos que discutir un cuadro tarifario que sea gradual, progresivo y además sea proporcional a los ingresos de los trabajadores. Ninguna empresa del sector privado está teniendo rentabilidades extraordinarias, ninguna empresa, ninguna PyME de La Plata o del Gran Buenos Aires tiene aseguradas las rentabilidades que se le quieren asegurar a estos grupos económicos”.
Audiencia completa
Cabe destacar que participan de la audiencia pública expositores en representación de empresas distribuidoras y transportadoras, asociaciones y cámaras sectoriales, entidades de defensa de usuarios y consumidores, legisladores e intendentes.
Se trata de 124 expositores, y en caso de que todos hagan uso de la palabra, la audiencia podría prolongarse durante 19 horas.
