Falleció el médico Humberto Luis Fortunato Adalberti, uno de los genocidas condenado en la Megacausa Zona 5 por ocupar un rol clave en las torturas que sufrieron quienes eran enviados al Centro de Detención Clandestino “La Escuelita” de Bahía Blanca durante la última dictadura militar.
El miércoles 4 de marzo de 2026 falleció el genocida Humberto Luis Fortunato Adalberti a la edad de 87 años. El médico había sido condenado en la Megacausa Zona 5 por su rol clave en las torturas que sufrieron quienes eran enviados a “La Escuelita” durante la última dictadura militar.
Adalberti: médico, genocida y condenado
El 26 de diciembre de 2025, el Tribunal Oral Federal dictó sentencia en la Megacausa Zona 5 y condenó a Adalberti a 18 años de prisión por considerarlo responsable de los delitos de secuestro y torturas con múltiples agravantes en perjuicio de más de 130 víctimas.
Fue la primera vez que el médico llegó a juicio oral por estos hechos. Junto a él fue condenado el enfermero Adalberto Osvaldo Bonini a 18 años y 6 meses de prisión por los mismos delitos y en perjuicio de más de 120 víctimas. Ambos estuvieron entre los más de 30 genocidas condenados en el juicio.
Al momento de los hechos, Adalberti revistaba como Capitán Médico en el Hospital de Evacuación 181. Bonini, por su parte, tenía el grado de sargento primero y se desempeñaba en la División Sanidad del Departamento IV Logística del Comando del V Cuerpo de Ejército.
Adalberti había dado una entrevista radial en Bahía Blanca el 4 de agosto de 2020, en la que mencionó a Bonini por su apellido y señaló que este enfermero “se había hecho cargo de la atención de La Escuelita”, que “le daba una mano al doctor Streich” y que le constaba que “Bonini acompañaba a Streich a todos lados”.
La referencia es al médico Jorge Streich, que murió sin ser juzgado, y fue un claro intento del médico de desligarse de sus propias responsabilidades desviando la atención a quien fuera su “camarada” durante la última dictadura.
En el veredicto, los jueces dieron por acreditada “la directa participación de Adalberti y Bonini con la actividad criminal y clandestina desarrollada en el marco del V Cuerpo de Ejército y especialmente en el centro La Escuelita, asegurando el éxito del plan criminal”.
Tanto Adalberti como Bonini concurrían al Centro Clandestino La Escuelita para brindar atención médica y de enfermería a las personas que permanecían detenidas allí. Según sostuvo la fiscalía durante el juicio, esa función no era de asistencia humanitaria sino un engranaje del sistema represivo:
“La atención sanitaria, a través de la provisión de medicamentos, enfermería y atención médica, resultó esencial para prolongar el cautiverio de los secuestrados en el centro de tortura, quienes eran sometidos a tormentos mientras se decidía el destino de cada uno de ellos”.
Las víctimas permanecían atadas, con los ojos vendados, semidesnudas, hacinadas y en condiciones de higiene extremadamente precarias durante semanas o meses. Sobre ese estado de base se aplicaban además sesiones sistemáticas de tortura.
En ese contexto llegaban Adalberti y Bonini. La fiscalía explicó ante el tribunal que “el mantenimiento con vida de las víctimas era necesario hasta haber agotado su utilidad como fuente de información y hasta que se definiera el destino final, que era una decisión que se tomaba en los cónclaves”.
La tortura implicaba el riesgo de matar a la víctima, y era el personal sanitario quien determinaba cuándo detener o continuar los tormentos. Esta función estaba sistematizada y reglamentada por escrito, según demostró la fiscalía en el juicio.
Los propios generales Adel Vilas y Abel Catuzzi reconocieron en sus declaraciones (incorporadas como prueba en la causa) que la logística sanitaria para los centros clandestinos era provista por el Hospital de Evacuaciones 181: médicos, enfermeros y medicamentos.
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Las pruebas que sostuvieron las condenas
La presencia de ambos acusados en La Escuelita quedó acreditada a través de múltiples testimonios y evidencia material. Sobrevivientes declararon haber visto o escuchado al personal sanitario durante su cautiverio.
Uno de los testimonios más contundentes contra Adalberti fue el de un sobreviviente que, años después de recuperar la libertad, pudo reconocerlo en una reunión social: “Escuchaba esa voz cuando me picaneaban, como que calmaba a los torturadores cuando me ponían la picana para evitar que me maten”, declaró.
En ese encuentro, un conocido le confirmó que la persona era un médico de apellido Adalberti, que había sido jefe en la Cruz Roja y se había desempeñado en el Ejército. También fueron clave los testimonios de ex conscriptos médicos Alberto Taranto y Daniel Fonti, quienes se convirtieron en testigos involuntarios de los hechos durante la dictadura.
Fonti declaró que Bonini le comentaba personalmente que concurría a atender personas en La Escuelita: “El sargento Bonini llevaba medicamentos y concurría a realizar curaciones a los cautivos del Centro Clandestino La Escuelita. Él mismo me decía que iba a atender gente a La Escuelita”.
También señaló que Bonini “cargaba la medicación y en su Fiat 600 iba a la Escuelita” y que “era el que avisaba si lo superaba lo que había para hacer, y ahí sí, o iba Streich o iba Adalberti”.
Taranto agregó que Bonini coordinaba el traslado de medicamentos hacia el centro clandestino junto al principal torturador de La Escuelita, conocido como el “Laucha” Julián Corres, y que los vio “decenas de veces” concurrir al hospital con una lista para luego trasladar los insumos al lugar de detención.
El propio Corres también declaró que los médicos que visitaban el centro clandestino eran capitanes del Hospital de Evacuaciones, grado que coincidía con el de Adalberti.
El relevamiento arqueológico realizado en La Escuelita aportó evidencia material adicional: en el lugar se hallaron restos de artículos de enfermería, entre ellos ampollas, cánulas, jeringas, vendas y medicamentos. Ese informe fue incorporado como prueba en el juicio.
Cabe recordar que Bonini había declarado en 1999 en los juicios por la Verdad, instancia en la que no existía posibilidad de condena por las leyes de impunidad vigentes. En esa oportunidad, varios sobrevivientes presentes en la audiencia lo identificaron como el enfermero que asistía al centro clandestino. Adalberti también había declarado en ese proceso y negó su participación.
Años más tarde, en 2006, había sido imputado pero la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decretó su falta de mérito. El avance de las investigaciones y la incorporación de nuevos testimonios, como el del sobreviviente que lo reconoció por su voz, permitieron finalmente su procesamiento y posterior elevación a juicio.
Finalmente, fue condenado en la Megacausa Zona 5, en la que se investigó a integrantes del Ejército, de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y del Servicio Penitenciario Bonaerense por delitos cometidos contra más de 300 víctimas. La totalidad del juicio fue cubierta en El Ágora Digital por Alejandra Santucho, integrante de H.I.J.O.S Bahía Blanca.
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