Desde la Coalición Cívica le exigieron a Guillermo Francos que dé explicaciones sobre el destino de los subsidios para Bahía Blanca y advirtieron que el gobierno de Javier Milei no ejecutó más de dos tercios de los fondos que había asignado tras la inundación.
Los diputados Juan Manuel López y Victoria Borrego de la Coalición Cívica, junto al exsenador provincial y candidato Andrés De Leo, presentaron un pedido de informes al jefe de Gabinete Guillermo Francos en vísperas de su informe de gestión.
La solicitud apunta a conocer el destino de los recursos destinados por el gobierno de Javier Milei para asistir a los damnificados por las inundaciones que afectaron Bahía Blanca el pasado 7 de marzo.
Según denuncian los legisladores, de los 200 mil millones de pesos originalmente comprometidos por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 238/2025, solo se ejecutaron 65.239 millones, mientras que 134.761 millones permanecen sin aplicar. Esta cifra representa más de dos tercios del total destinado inicialmente para la asistencia a los damnificados.
Además, remarcaron que este incumplimiento llama particularmente la atención debido a que el gobierno nacional vetó la ley de emergencia aprobada por el Congreso argumentando que el decreto ya garantizaba la asistencia necesaria.
“Resulta particularmente relevante que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la ejecución del fondo, habida cuenta de que la ley votada por el Congreso fue vetada con el argumento de que el decreto ya garantizaba la asistencia, pero que claramente no ha sido destinada por los montos que han sido aprobados“, señalaron los diputados en su carta.
El decreto presidencial había establecido la entrega de 32.076 beneficios, con 3.962 solicitudes que permanecían en trámite al momento del informe. La Resolución del Ministerio de Seguridad 532/2025 fijó los montos en 2 millones para viviendas en zonas de afectación media y 3 millones para aquellas en zonas de alta afectación.
Los legisladores también cuestionaron el cumplimiento de los plazos prometidos, ya que las autoridades habían anunciado que los pagos se efectuarían dentro de los 30 días posteriores a la inscripción de cada familia. En su pedido de informes solicitaron aclarar si este cronograma se respetó en todos los casos o si persisten demoras.
Además, la Coalición Cívica reclamaron información sobre las medidas complementarias para sectores que quedaron excluidos del decreto, pero estaban contemplados en la ley vetada, como comerciantes, monotributistas y PyMEs.
Acompañé a los diputados nacionales, @JuanmaLopezAR y @VicaBorrego en el pedido de informes al Jefe de Gabinete de Ministros, @GAFrancosOk para que mañana brinde explicaciones ante el Parlamento sobre el veto del presidente @JMilei a la Ley de Asistencia a Bahía Blanca. pic.twitter.com/0YkUuzqqEr
— Andrés De Leo (@AndresDeLeo) August 26, 2025
El conflicto por la ley de emergencia
El enfrentamiento entre el Congreso y el Poder Ejecutivo por la asistencia a Bahía Blanca tiene su origen en marzo pasado, cuando las inundaciones causaron varios fallecimientos y destrucción de infraestructura en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales.
En respuesta a la catástrofe, el Congreso sancionó la ley 27.790 el 4 de junio, que declaraba la emergencia en ambos municipios bonaerenses y establecía un fondo especial de 200 mil millones de pesos.
La ejecución de la norma quedaría a cargo de la Jefatura de Gabinete, y también contemplaba plazos de gracia y exenciones de impuestos para damnificados, además de líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación.
Sin embargo, Javier Milei vetó la ley el 24 de junio a través del decreto 424/2025, argumentando que las medidas ya habían sido implementadas mediante el DNU 238/25. El decreto presidencial lleva las firmas de Milei, Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Lo cierto es que el análisis entre la ley vetada y el decreto presidencial revela diferencias en alcance y cobertura. Mientras el DNU se limita exclusivamente a la ciudad de Bahía Blanca, la ley declaraba la emergencia en toda la región, incluyendo específicamente tanto Bahía Blanca como Coronel Rosales y múltiples municipios afectados.
En términos temporales, la ley establecía 180 días de emergencia declarada, mientras que el DNU no fija un plazo específico y define su programa como una asistencia “por única vez”.
Las diferencias más notables se observan en los tipos de asistencia. La ley adoptaba un enfoque integral que incluía subsidios familiares, apoyo específico para PyMEs, financiamiento para reconstrucción de infraestructura pública, líneas de crédito preferenciales, exención de impuestos y plazos de gracia para obligaciones financieras.
Por el contrario, el DNU se restringe únicamente al “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, consistente en una prestación monetaria por única vez con un máximo de un beneficiario por inmueble catastral, enfocada exclusivamente en compensar pérdidas materiales directas a personas físicas.
En cuanto a la gestión, la ley establecía que la Jefatura de Gabinete sería la autoridad de aplicación con articulación explícita con el Poder Ejecutivo Provincial y los gobiernos locales. El DNU centraliza la gestión en el Ministerio de Seguridad Nacional bajo un enfoque más concentrado en la administración federal.
Es por esto que el Senado rechazó por unanimidad el veto presidencial con 51 votos a favor y ninguno en contra, aunque con 21 ausencias de La Libertad Avanza y sus aliados. La decisión del Senado devolvió el tema a la Cámara de Diputados, donde aún resta su tratamiento para concretar el rechazo del veto presidencial.
