Carlos Alonso, líder de la bancada de ediles de La Libertad Avanza en Bahía Blanca, cuestionó duramente la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley que creaba un fondo de 200 mil millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad tras las devastadoras inundaciones del 7 de marzo que sumergieron a la localidad bonaerense.
Las declaraciones de Alonso quiebran el alineamiento automático de los libertarios de la ciudad del sudoeste bonaerense con el discurso oficial de Casa Rosada y exponen la carencia de asistencia real a una localidad que lleva más de tres meses esperando respuestas concretas del gobierno nacional.
“Yo no estoy de acuerdo con que todo lo que haga el presidente esté bien”, declaró Alonso en una entrevista con Radio Altos que marca un precedente dentro del oficialismo. La frase, impensable en boca de cualquier dirigente libertario hasta ahora, refleja una posición que contrasta radicalmente con el disciplinamiento férreo que caracteriza a las filas del partido.
El concejal bahiense profundizó su crítica al sostener que los dos o tres millones de pesos contemplados en el decreto presidencial que instituye el Suplemento Único para la Reconstrucción (SUR) “no alcanzan para satisfacer las necesidades que tiene la ciudad de Bahía Blanca”, una localidad que se esfuerza por salir adelante tras la catástrofe con recursos propios, los aportados por el gobierno provincial y la solidaridad de las donaciones que llegaron desde todo el país.
Alonso fundamentó su reclamo en la realidad contributiva de los bahienses, utilizando un ejemplo cotidiano que desnuda la contradicción del sistema: “Los ciudadanos de Bahía Blanca cuando compran un kilo de yerba están pagando el 21% de IVA que es un impuesto nacional”, argumentó, señalando que quienes sostienen con sus impuestos el erario público merecen una respuesta proporcional del Estado cuando atraviesan una emergencia.
El dirigente libertario apuntó sin medias tintas contra las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni, quien desde Buenos Aires había indicado que el daño estaba subsanado por parte de la Nación, una afirmación que Alonso calificó como desconectada de la realidad.
“No tiene ni idea de cómo están las calles en Bahía Blanca, de que los puentes que se rompieron no están reparados, de que el canal Maldonado no está reparado”, disparó contra el funcionario nacional.
“Cuando abre la boca tiene que pensar y tiene que recorrer Bahía Blanca”, agregó con dureza, cuestionando la práctica de declarar solucionados problemas desde los despachos porteños sin conocimiento territorial real.
A más de tres meses después de la tragedia, Alonso describió con precisión quirúrgica la situación actual de la ciudad: puentes sin reconstruir, el canal Maldonado —clave en el sistema de drenaje— sin reparar, calles socavadas que mantienen a Bahía Blanca vulnerable ante una nueva inundación. “Si vuelve una inundación va a ser gravísimo”, advirtió con conocimiento de causa.
El concejal contrastó esta realidad cruda con el discurso triunfalista que replican mecánicamente las filas libertarias bahienses:
“¿Cómo se van a parar enfrente de un vecino y le van a decir ‘quedate tranquilo que tu calle está reparada’ porque lo dice el presidente en un decreto si la calle está destruida?”.
La pregunta retórica expone el abismo entre la retórica política y la experiencia cotidiana de miles de familias que aún conviven con las consecuencias de la inundación.
En el momento más contundente de sus declaraciones, Alonso calificó como “inhumano” quitar subsidios a una ciudad devastada por inundaciones y temporales. Como legislador y representante de los vecinos, sostuvo que no puede respaldar una decisión que considera errónea, aun cuando provenga del líder de su propio espacio político.
El dirigente atribuyó la decisión presidencial a un problema de información más que de intención:
“Creo que el presidente como mínimo se ha equivocado, no sabe lo que ha pasado o la situación actual que está en Bahía Blanca”.
Alonso expresó su expectativa de que Milei “reanalice” la medida, pero dejó en claro que su posición no depende de cálculos electorales:
“A mí no me va a temer, no me interesa si vuelvo a renovar o no y no voy a callarme la boca en algo que considero que está mal por un interés electoral”.
Esta declaración adquiere peso específico en el contexto de un partido donde la disidencia interna es prácticamente inexistente y donde el futuro político de cualquier dirigente depende de mantenerse alineado con la Casa Rosada.
El dirigente bahiense cerró sus declaraciones con un argumento que sintetiza su reclamo:
“[Ciudadanos que] todos los meses tienen que pagar impuestos y todos los días lo hacen, que no tengan el recurso de nación para reconstruir por lo menos la estructura básica de Bahía Blanca que es el asfalto y los puentes”.
La frase condensa una demanda de justicia distributiva que trasciende las fronteras partidarias: quienes contribuyen al fisco nacional tienen derecho a recibir asistencia estatal cuando la necesitan, a la vez que expone al resto de la dirigencia libertaria local, que optaron por alinearse automáticamente con Casa Rosada.
La posición de Alonso marca un precedente que trasciende lo individual: el concejal integra Unión, Renovación y Fe, un armado que nuclea a dirigentes provenientes de La Libertad Avanza pero críticos del rumbo gubernamental y de la falta de sensibilidad social que le atribuyen a Milei.
Su caso expone las tensiones latentes en el oficialismo cuando las promesas nacionales chocan contra las realidades territoriales, y plantea interrogantes sobre si su rebelión representa un fenómeno aislado o el primer síntoma de fracturas organizadas dentro del movimiento libertario.
