El exjuez penal bahiense, José Luis Ares, conversó con Juan Ignacio Guarino al aire de El Ágora en Radio Nacional sobre la independencia e imparcialidad de los magistrados. La entrevista se suscitó a raíz de un artículo de su autoría sobre las reuniones de los camaristas Hornos y Borinsky con el entonces presidente Mauricio Macri.
“Todo depende del contexto. Nadie, juez o funcionario judicial, tiene vedado tener amistades con personas de otro poder del Estado, ahora, lógicamente si un juez de alta instancia tiene causas tramitadas respecto a opositores políticos en los cuales el gobierno tiene particular interés en la persecución de sus opositores, esas reuniones, aunque no se hubiera hablado del tema, son altamente sospechosas, y ya la sospecha de parcialidad amerita que el juez se aparte de la causa”.
En relación a estas situaciones que generan sospechas de parcialidad por parte del magistrado interviente, explica:
“Hay una serie de causales para que un juez se aparte de una causa, por ejemplo si es pariente o amigo o enemigo de alguna de las partes involucradas, pero también la jurisprudencia, la Corte Interamericana, la Corte Suprema de la Nación, el Tribunal Europeo de DD.HH y todos los tribunales hablan del temor o la sospecha de ser parcial”.
“La imparcialidad es un pilar fundamental de un debido proceso, los dos grandes pilares son el derecho defensa y la imparcialidad del juez” agregó y explicó:
“Pueden ser recusados y el juez dirá si corresponde o no, lo resolveran los colegas o un tribunal superior, está previsto legalmente, hay una categoria que es la de ‘Violencia Moral’, porque puede decir ‘yo no soy amigo del presidente’, yo iba a charlar o hablábamos de bueyes perdidos o jugabamos al golf o al paddle. En realidad la categoria de Violencia Moral es cuando habla de una grave situación que pueda implicar que se vea la pérdida de imparcialidad”.
“El Tribunal Europeo de DD.HH ha señalado una vieja máxima inglesa muy gráfica que es “no solo se debe hacer justicia, también debe parecer que se hace justicia” recordó y remarcó:
“El solo temor de imparcialidad, la sola sospecha ya amerita que los jueces se aparten o sean apartados de un proceso, no solo por la sospecha sino por lo que implica para la propia sociedad, esto constribuye al desprestigio de una institución tan importante como el Poder Judicial”.
En otro tramo de la entrevista se refirió a las posibles consecuencias que podrían tener este tipo de inconductas:
“Puede haber sanciones disciplinarias del Consejo de la Magistratura o incluso la formación de un jury de Enjuiciamiento, sino también la posibilidad de que resoluciones dictadas sean anuladas porque al haber una fuerte sospecha de parcialidad eso esta dentro de la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, asi que yo creo que tranquilamente se podría plantear una nulidad”.
Además, explicó las probables consecuencias jurídicas del otorgamiento de la nulidad de la causa Memorándum de Irán, solicitado por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner:
“En una etapa de juicio es muy dificil volver atrás, porque la propia legislación en general pide el volver atrás a etapas ya superadas, ahí podría producir la nulidad, el dictado de un sobreseimiento. En una etapa previa de investigación podría retrotraer todo a fojas cero o antes de que se produjera la intervención de esos jueces, que son del Tribunal de Casación, es decir que ya hubo una intervención para cuando llega a ellos ya hubo jueces de primera instancia, del juez instructor, de la camara de apelación y recién después casación”.
Sobre el final se refirió al fallo de la Corte Suprema de hoy, sobre las clases presenciales en AMBA:
“No he leído el fallo (…) no es mi incumbencia profesional, lo que yo me he dedicado a estudiar (…) pero me da la impresión que se pone énfasis en el tema de la educación y eso no cabe duda que es un tema que compete a cada juridiscción provincial, eso está claro en la Constitución, creo que en art. 5 y que la Ciudad de Buenos Aires es una entidad autónoma equiparable a las provincias, o sea que en ese sentido no habría ninguna cosa que discutir pero esta el tema de salud pública, que si compete al presidente y creo que en ese sentido estaría habilitado para dictar normas con vigencia en todo el país, no se que dirá la Corte sobre esa cuestión, si la soslaya o alude a que falta fundamentación”.
