Según se desprende de las declaraciones de integrantes de la oposición, vale mas lo escrito en un estatuto amañado de una empresa privada que lo que establece la Constitución Nacional en su artículo 7mo y lo que a su vez establece la Ley 21.499 de Expropiaciones.
El caso en cuestión es, claro, el de YPF.
Por estos días se habla de la empresa petrolera nacional en función de la evolución del proceso legal iniciado ante un tribunal de Nueva York (Estados Unidos) por un fondo buitre, Burdford Capital, en contra de la empresa y del Estado nacional respecto de la expropiación realizada por el Estado en 2012 del 51% de las acciones que se encontraban en manos de la española Repsol.
Esta decisión, cuestionada hasta el día de hoy por el conglomerado opositor constituido por los partidos de derecha y ciertos medios de comunicación, es la que permitió a nuestro país el desarrollo de Vaca Muerta
El enemigo, un viejo conocido
Burford Capital fue fundado en el 2009 por el abogado canadiense Christopher Bogart quien venía de desempeñarse como director jurídico del emporio Time Warner. Su creación adquirió en dos procesos, en 2008 y 2011, los litigios que las sociedades Petersen de la familia Eskenazi iniciaron contra YPF por la expropiación de las acciones que llevó adelante el gobierno de Cristina Kirchner renacionalizando la petrolera.
Antes que eso, el mencionado Bogart y compañía arremetieron contra nuestro país por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
A diferencia de otros fondos buitre, Burford no adquiere bonos depreciados para luego litigar en algún tribunal amigo en reclamo del valor nominal (y más) de esos papeles, sino que financia acciones legales de privados en contra de estados soberanos para cobrar su jugosa parte al final del ciclo.
No obstante la diferencia, el modus operandi no deja de tener el mismo sentido: un fondo de inversión sobrevuela causas, expedientes, denuncias y litigios para determinar donde y de que manera sacar tajada y se lanza en picada sobre la posibilidad sin ausencia de una red de contención que, en este caso, se llama poder judicial estadounidense.
Al igual que el caso delos fondos buitre favorecidos por el juez yanqui Thomas Griesa en el marco del proceso de reestructuración de la deuda soberana, Burford cuenta con la anuencia de la jueza Loretta Preska del segundo distrito sur de Manhattan.
Si bien la jueza indicó sin resquicio de duda que YPF queda exenta de hacer frente a cualquier costa, si avanza contra el Estado Nacional por ser el responsable de la expropiación.
Caranchos a la vista
Para muestra, un botón. Mario Negri, jefe de radicalismo y de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, señaló que “la UCR votó la estatización de YPF, pero votó en contra del acuerdo de Kicillof y Repsol porque era arbitrario. La Justicia nos dio la razón. Los accionistas que fueron dejados de lado en el acuerdo obligan al Estado a pagar entre u$s5.000 y u$s16.000 millones más. Todo mal hicieron”.
Otro botón de muestra es Luis Petri, radical también y compañero de fórmula de Patricia Bullrich, quien manifestó que “el procedimiento de expropiación fue desastroso en manos de Kicillof. El monto a abonar por el Estado argentino podría llegar a los u$s16.100. Cuando se trató en Diputados lo anticipé”.
Lo que omiten ambos (y todos quienes se agolpan para atacar a Axel Kicillof, entonces Vice Ministro de Economía e interventor junto con Julio de Vido en la renacionalizada YPF) es que lo que defienden es un interés empresario en función del estatuto de la YPF privatizada que establecía en su artículo 7mo que quien quisiera comprar mas del 15% de las acciones de la firma debía hacer la misma propuesta a todos los accionistas y no solo a Repsol, mientras que el Estado solo adquirió, mediante el proceso de expropiación establecido en el art. 17 de la Constitución Nacional y la Ley 24.430 de Expropiaciones, el 51% de las acciones que poseía la mencionada Repsol.
Como en toda expropiación, se estableció la causa de utilidad pública y mediante ley del Congreso de la Nación se estableció la expropiación con todo y la compensación correspondiente.
Puesto de otra forma, el Estado avanzó en la expropiación de acuerdo a su Constitución y Ley respectiva declarando la utilidad pública de la empresa YPF, mientras que los accionistas Eskenazi, con la inversión de Burford Capital, avanzaron con el litigio apelando a un interés privado solo contemplado en un acuerdo con Repsol.
Así, un fondo que nada tenía ni tiene que ver con YPF, en un juzgado al que no le corresponde actuar por tratarse de un caso de decisión soberana de un Estado respecto de una empresa con sede en la ciudad de Buenos Aires litiga y con grandes posibilidades de conseguir un fallo a su favor que, por su puesto y como ya fue anunciado, será apelado por el Estado, a menos que gane las próximas elecciones la derecha…
Lo que cuesta, vale
Hernán Letcher, director del CEPA, plantea con claridad en una nota publicada por Página 12 que el beneficio que supone para Argentina la renacionalización de YPF mas allá del litigio que en un juzgado estadounidense provoca toda clase de sueños húmedos en la mentalidad de la oposición político-mediática en tiempos electorales.
Lo que sigue es una larga pero pertinente cita textual de la nota de Letcher. Se pregunta el economista: ¿cuánto vale una empresa que desarrolló Vaca Muerta? Y responde que “un cálculo sencillo, computando reservas según la Resolución 324/2006 de la Secretaría de Energía, asignando a YPF las áreas que opera (difieren de las áreas en las que tiene propiedad, pero los volúmenes son similares en líneas generales) y tomando para el cálculo la cantidad de reservas Comprobadas al ciento por ciento (pueden producirse inmediatamente) y las Probables al cincuenta por ciento (corto plazo), y con un escenario de precios conservador (USD 3 el MMBBTU y USD 54 el barril), YPF tendría reservas totales de gas natural estimadas en alrededor de USD 7.000 millones, y reservas totales de petróleo estimadas de USD 68.000 (las reservas no convencionales representan 75% y 67% respectivamente), a lo que deberían sumarse los recursos prospectivos (hidrocarburo que por falta de instalaciones no será producido aún), que se estiman en USD 45.500 millones en gas natural y USD 190.000 millones en petróleo.
Es decir, YPF tiene reservas valorizadas en USD 75.000 millones que podría poner en producción inmediatamente o en el cortísimo plazo y recursos que superan los USD 200.000 millones para explotar en el largo plazo. Si, sumaste bien: hablamos de USD 310.500 millones. A esto habría que adicionarles las reservas y recursos a descubrir en la formación Palermo Aike y en las áreas Off Shore.”
Mas adelante, el director del CEPA plantea otra pregunta: ¿Cuánto vale una empresa que podría permitir a la Argentina superar la restricción externa?, a lo que explica que “los datos mencionados y el volumen de recursos de Vaca Muerta, offshore o litio, bien administrados, no sólo nos podría permitir suplir el declino de la producción convencional sino también revertir la balanza comercial energética: pasar de un escenario de importación de energía al autoabastecimiento y capacidad exportadora. Algunas estimaciones, calculan un ingreso potencial de divisas anual de más de USD 30.000 millones, a los que podría sumarse unos USD 15.000 de litio. Esto representa casi la mita del total de exportaciones argentinas de bienes al año 2022.”
Como vengo insistiendo en varias de las notas que he redactado para El Ágora Digital, el escenario actual para Argentina, especialmente los sectores populares, es complejo.
Con todo y la recuperación del nivel de empleo, la falta de recuperación de los salarios en el marco de un proceso fuertemente inflacionario profundizado por una injerencia insultante por parte del FMI ponen en crisis toda la propuesta del oficialismo de cara a las elecciones pero lo que está en juego va mucho mas allá de la coyuntura.
Nuestro país, con el desarrollo de Vaca Muerta, el consabido gasoducto Néstor Kirchner y la potencialidad agregada de la explotación del litio (que es hora de que se declare recurso estratégico y se nacionalice), se encuentra ante la histórica posibilidad no solo del autoabasteciento energético, sino de generar ingresos por exportación de energía.
Las posibilidades de desarrollo de la industria pueden dispararse y la situación económica y social transformarse radicalmente, pero para que esto suceda es imperioso que no sea la (extrema) derecha la que gane las elecciones, dado que de concretar sus promesas que van desde la dolarización al ajuste pasando por la represión de la protesta social y la dolarización de la economía y la privatización de las empresas públicas todo el potencial que se presenta en el horizonte próximo se irá y nuevamente volveremos a cantar los versos de Atahualpa Yupanqui: las penas son de nosotros / las vaquitas son ajenas.
