Otra magistrada apuntó contra Juan Bautista Mahiques como elemento clave en las presiones que el gobierno de Mauricio Macri realizaba contra jueces, cuyos fallos no caían a bien al entonces presidente.
En una nota con Luciana Bertoia para El Destape, la expresidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, habló sobre una serie de actos de disciplinamiento que tuvieron lugar durante el gobierno de Mauricio Macri y también apuntó en particular contra Juan Bautista Mahiques.
El caso de Juan Bautista Mahiques
“Mahiques fue un representante que cumplió acabadamente con el mandato que le indicó el Poder Ejecutivo Nacional. Logró generar, entre jueces y juezas, ese intento de poder, de disciplinamiento y de amedrentamiento”, expresó Vázquez.
Ya la jueza Ana María Figueroa había sugerido que Mahiques había sido quien la había presionado para condicionar sus fallos. Se trata del actual procurador general o jefe de fiscales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un importante integrante de la mesa judicial macrista.
En este caso, Vázquez señaló la responsabilidad de Mahiques como representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y sanciona jueces. La magistrada era una de las tres jueces que integraron el cuerpo entre 2014 y 2018.
La intromisión en el poder judicial
Según narra Vázquez, en 2017 comenzó una persecucion feroz con los jurys del camarista Eduardo Freiler y forzando la renuncia de la Procuradora general, Alejandra Gils Carbó.
“Hubo persecuciones, como fue el caso de la sesión plenaria, que fue dantesca, de promoción del jury a Eduardo Freiler, cuando el Consejo no estaba integrado. De manera que Juan Bautista Mahiques cumplió acabadamente con el mandato que le habían indicado como representante del Poder Ejecutivo para este proceso de formación de una estructura judicial en puestos claves”.
Vázquez se refirió a como entonces se desarmó una de las salas de la Cámara Federal, un tribunal más que sensible, en tanto revisa el accionar de los jueces. Esto se logró con la renuncia de Jorge Ballestero, la destitución de Freiler y el traspaso de Eduardo Farah a un tribunal oral.
Se trata de la sala que había convalidado el fallo de Daniel Rafecas que desestimaba la denucia de Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Posteriormente, Rafecas fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura.
“Fue paradigmático el caso de Rafecas, también en el que hice un voto particular, poniendo en evidencia que la persecución contra Rafecas estaba direccionada exclusivamente al contenido de su sentencia, más allá de algunos otros elementos que se agregaron”.
Las presiones al fuero laboral
A su vez, como jueza laboral, Gabriela Vázquez señaló que el fuero fue agredido por el gobierno de Macri por la oposicion a los despidos en Télam o por ordenar la convocatoria a la paritaria nacional docente.
“La presión a los jueces y a las juezas que dictaban sentencias que no eran del agrado del Gobierno era fortísima. Y como decía, eran implacables. Por un lado, estaban las declaraciones del presidente Macri en los medios e incluso mencionaba jueces o juezas, como fue el caso de Martina Forns o Dora Temis o en concreto de los colegas míos. Jueces y juezas del trabajo eran desprestigiados públicamente cuando dictaban sentencias que favorecían los derechos de los trabajadores”.
“No sólo lo hacían a través de los medios de comunicación hegemónicos, sino a través de denuncias concretas ante el Consejo de la Magistratura. Eran denuncias que, en vez de ser desestimadas inmediatamente porque claramente eran denuncias por el contenido de las sentencias, se les daba trámite en la Comisión de Disciplina y se sorteaban a alguno de los consejeros para que instruyera los procedimientos en marcha”.
La presiones de los medios
La magistrada también contó que fue presionada mediáticamente desde el diario La Nación, que en una editorial la llamó “sinvergüenza” por haber promovido la designación de Alejo Ramos Padilla como subrogante en el juzgado federal de Bahía Blanca con la finalidad de activar las causas de delitos de Lesa Humanidad.
Dos de los principales acusados en estos juicios eran Vicente Massot (entonces dueño de La Nueva Provincia) y el camarista y ex docente de la Universidad Nacional del Sur, Néstor Montezanti, acusado por crímenes cometidos por la triple A bahiense.
