El súper RIGI no se limita a exenciones de impuestos para las empresas extranjeras, sino que también representa una nueva entrega a la soberanía: El régimen pretende crear una legislación paralela para los empresarios extranjeros que recuerda cada vez más a la fantasía libertaria de las ciudades-empresa.
Una Argentina paralela para los empresarios extranjeros
A pocas horas de la medianoche del miércoles, la Cámara de Diputados aprobó el “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias”, bautizado por el gobierno de Javier Milei como “súper RIGI”. El proyecto todavía debe pasar por el Senado, pero todo indica que avanzará sin mayores obstáculos.
En términos generales, el súper RIGI es una versión ampliada del RIGI original, orientada a inversiones en industrias tecnológicas: fabricación de baterías de litio, autos eléctricos, inteligencia artificial, data centers, paneles solares, turbinas eólicas y proyectos vinculados a la cadena de valor del uranio, entre otros.
El diputado Bertie Benegas Lynch fue el encargado de presentar el dictamen de mayoría y planteó la pregunta con la que el oficialismo intentó encuadrar el debate: “¿Quién puede estar en contra de esto? Son incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y seguridad jurídica, cuatro conceptos que los países civilizados ya tienen incorporados”.
La pregunta merece una respuesta. El régimen implica reducir el impuesto a las ganancias del 35% al 15%, la exención total de retenciones a exportaciones e importaciones, una baja de las contribuciones patronales del 24% al 10%, libre disponibilidad de divisas y la posibilidad de resolver conflictos en tribunales extranjeros.
Según la ONG iCiudad, la caída en la recaudación podría llegar al 1,27% del PBI. Para ponerlo en perspectiva: el superávit primario proyectado en el Presupuesto 2026 es del 1,2%. Si el gobierno quiere mantenerlo, deberá profundizar el ajuste en otras partidas, porque este régimen no genera más recursos para el Estado ni aunque se concreten las inversiones prometidas.
Pero el problema no es solo fiscal. El proyecto crea una suerte de Argentina paralela para estas empresas: garantía jurídica por 30 años, inmune a cualquier cambio de gobierno futuro, y la posibilidad de demandar al Estado argentino ante tribunales extranjeros si se toman políticas que consideren confiscatorias, expropiatorias o, simplemente, soberanas.
No es un detalle menor: fue justamente la legislación vigente la que le permitió a Argentina pelear el juicio por YPF. Con este esquema, ese margen de maniobra se estrecha considerablemente.
A esto se suma que el proyecto deja afuera a los actores locales. Excluye ampliaciones o modernizaciones de proyectos existentes, descartando a empresas que ya operan en el país. Y tampoco garantiza el uso de mano de obra o insumos nacionales: la participación local del 20% que el gobierno presentó como una concesión está condicionada a que los precios locales sean “competitivos”, lo cual le quita cualquier carácter obligatorio.
La fantasía libertaria de la “ciudad-empresa”
Entonces la pregunta cambia de signo: ¿quién puede estar a favor de esto? Y más importante: ¿cuál es el objetivo final?
El régimen no parece beneficiar al Estado Nacional, ni a la industria nacional, ni a los trabajadores. Las inversiones que probablemente lleguen al país no serán de alta tecnología en sentido estricto, sino más bien data centers: grandes infraestructuras de servidores que generan aumentos en los costos de la energía y problemas de contaminación allí donde se instalan.
Para entender la lógica detrás de este modelo, vale mirar más allá de las fronteras. Peter Thiel, creador de Palantir e impulsor de la llamada “ciudad libre” de Próspera, encarna esa visión con claridad. Thiel ya ha tenido contacto con Argentina, y la sintonía entre sus intereses y las políticas del gobierno nacional no es casual.
Próspera es una Zona de Empleo y Desarrollo Económico ubicada en la isla de Roatán, Honduras. Una “charter city”: un territorio con leyes, tribunales, sistema impositivo y fuerzas de seguridad propios, dentro de un Estado nacional. Una fantasía libertaria que cobró forma gracias a una enmienda constitucional de 2009 y una ley de 2013. Se fundó en 2017 y comenzó a recibir residentes y empresas en 2020.
El nombre suena atractivo. Uno se imagina una ciudad futurista con tecnología de punta. Pero detrás del maquillaje aparece un mecanismo que recuerda a otro momento de la historia argentina: La Forestal.
Esa compañía inglesa compró tierras en Chaco y Santa Fe a fines del siglo XIX para explotar los bosques de quebracho. Tenía sus propios ferrocarriles, puertos y viviendas. Les pagaba a sus empleados con vales que solo tenían validez en los almacenes de la empresa. Y contaba con su propia fuerza policial, la “gendarmería volante”, que hacía cumplir la normativa interna aunque contradijera la Constitución.
Cuando los trabajadores protestaron, La Forestal inició un cierre patronal en 1920 que los dejó completamente expuestos. Al año siguiente estalló el conflicto: una serie de revueltas que terminaron con una cacería de obreros. Se estima que fueron asesinados alrededor de 600 empleados.
El caso de Próspera no llegó a ese extremo, pero el desenlace también es ilustrativo. En 2022, el Congreso de Honduras votó de forma unánime la eliminación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. La Corte Suprema las declaró inconstitucionales.
Sin embargo, Próspera sigue en pie, y sus inversores estadounidenses demandaron al Estado hondureño ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. El mismo organismo al que podrían recurrir quienes se adhieran al súper RIGI si consideran que el Estado argentino los afectó.
El círculo se cierra. La pregunta de Benegas Lynch (“¿quién puede estar en contra de esto?”) tiene su contraparte lógica: ¿quién puede estar a favor de un esquema que blindar los intereses de inversores extranjeros frente a decisiones soberanas de un Estado elegido democráticamente? La respuesta es clara: quienes no creen en la democracia ni en la noción misma de Estado Nacional.
El escándalo de Espert volvió a ser noticia
La otra noticia de la semana viene por el lado de la Justicia y que parecía haber quedado en el olvido hasta ahora. La causa judicial contra el exdiputado José Luis Espert volvió a la superficie esta semana: la Justicia lo citó a indagatoria para el martes 30 de junio.
Espert deberá explicar una transferencia de 200.000 dólares que recibió de una empresa del empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por lavado de activos, fraude y narcotráfico.
De esos fondos, 100.000 dólares ingresaron al país de forma irregular; parte del dinero se destinó, entre otras cosas, a la compra de un BMW. La causa está en el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro.
El vínculo entre Espert y Machado viene de lejos: la primera denuncia, presentada por Juan Grabois en 2021, investigó el financiamiento de la campaña presidencial de 2019 y el uso del avión privado del empresario para traslados. Durante la campaña de 2025, cuando Espert era candidato a renovar su banca, el tema reflotó y derivó en su renuncia a la candidatura.
Lo que resulta revelador no es tanto la causa en sí, sino la reacción de Javier Milei. El presidente lo defendió desde el principio y siguió haciéndolo incluso después de que Machado llegara a un acuerdo con la fiscalía norteamericana admitiendo los delitos de lavado y fraude.
Milei intentó presentar ese acuerdo como una declaración de inocencia para su amigo, con un mensaje que usaba la palabra “inocencia” en mayúsculas pero aclarada en minúsculas: solo respecto del narcotráfico.
La precisión del lenguaje importa. No es un error ni un desliz: hay una intención clara de instalar la idea de una inocencia total que la causa no sostiene. El mensaje no estaba dirigido al conjunto de la ciudadanía, sino a la militancia libertaria, que lo replicó en todos sus canales.
Más allá de lo caótica que puede parecer la comunicación presidencial, el objetivo es siempre claro. Y eso, en sí mismo, es un dato que conviene no perder de vista.
