La asunción de Martín Soria como ministro de justicia no cambió las cuentas en el Congreso. Por eso, el flamante ministro sale en buscar de los votos para aprobar las principales leyes judiciales cajoneadas desde el año pasado: la ampliación del organigrama de los tribunales y la reforma del Ministerio Público, que obliga a una rápida salida del procurador interino macrista Eduardo Casal.
“Algunos proyectos se están por destrabar. El presidente está dispuesto a hacer las correcciones que hagan falta“, confió el rionegrino en su primera entrevista televisiva, pero lo cierto los números aún están lejos.
Ambas iniciativas están a no menos de 7 votos de una mayoría y por eso no se trataron en las sesiones extraordinarias del verano, pese a ser incluidas por Alberto Fernández. Además, Juntos por el Cambio logró frenar la actividad con su reticencia a firmar el protocolo de sesiones remotas si eran incluidas en temarios.
El principal escollo son los cuatro votos del frente Córdoba Federal, coordinado por el gobernador Juan Schiaretti, quien se mantiene firme con su decisión de no respaldar ninguna ley judicial.
Su postura no varió, pero Soria tendrá el rol de ablandarlo que nunca quiso asumir su antecesora Marcela Losardo, quien se negó a llamar a los diputados indefinidos cuando se lo pidieron a autoridades del bloque oficialista. Ni siquiera le preocupó gestionar su ley, conocida como la reforma judicial, que el Senado aprobó sin que ella hiciera una sola declaración pública.
En este escenario, en las charlas de verano en los pasillos virtuales del Congreso tampoco garantizaron el respaldo habituales aliados del gobierno como los 3 misioneros y el rionegrino Luis Di Giácomo, cercano al senador rionegrino Alberto Weretilneck, quien mantiene un pleito con Soria y anticipó que está dispuesto a complicarle su agenda en el Congreso.
La dupla del riojano Felipe Álvarez y el santacruceño Antonio Carambia, aliados claves en las últimas votaciones, tampoco dio señales de acompañar. Y los cinco diputados que provienen de las filas de Roberto Lavagna mantienen su idea de sólo aprobar leyes judiciales con un amplio consenso, que por ahora no parece posible.
Soria tiene la tarea de negociarlo, con la certeza de que en el Senado hay una mayoría oficialista capaz de ratificar cualquier modificación, pero por ahora la negociación no empezó y las leyes siguen escondidas en los baúles de las comisiones.
El rionegrino, que asumiría formalmente el viernes, tiene el objetivo, a diferencia de su antecesora, de cumplir el mandato gubernamental, con foco en contrarrestrar la arbitrariedad de los jueces de la Corte Suprema y lograr remover al procurador interino Eduardo Casal, quien se niega a jubilarse y es considerado como el artífice de que siga en el cargo el fiscal del lawfare Carlos Stornelli.
Se trata de uno de los protagonistas de las investigaciones contra la Vicepresidenta y ex funcionarios del kirchnerismo, quien no fue sometido a un jury pese a haber estado procesado por espionaje ilegal y negarse a las declaraciones indagatorias.
Con la nueva ley de Ministerio Público, no tendría más opción que sentarse al banquillo. Pero por ahora no están los votos para aprobarla.
