En el marco de la investigación por un millonario fraude en el Banco Nación, la Justicia dispuso inhibir los bienes y prohibir la salida del país al titular de la SIGEN, el organismo encargado de realizar las auditorías en el gobierno, y fue citado a declarar junto a otros 25 exfuncionarios y empresarios.
El juez federal Julián Ercolini dispuso inhibir los bienes y prohibir la salida del país a Alejandro Fabián Díaz, actual titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). La medida se enmarca en la investigación por un fraude de 260 millones de dólares relacionado con préstamos irregulares que el Banco Nación otorgó a la cerealera Vicentin en 2019.
Díaz forma parte de un grupo de 26 empresarios y exfuncionarios citados a declaración indagatoria por el magistrado, tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita luego de cinco años de investigación. Entre los imputados también figura Lucas Llach, economista radical y mano derecha del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Sin embargo, la situación de Díaz es -cuanto menos- paradójica, ya que es el principal responsable de realizar auditorías en el gobierno de Javier Milei. De hecho, el libertario había reclamado que sea la SIGEN el organismo que audite a las universidades en su insólita cruzada contra la comunidad educativa.
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Una investigación de cinco años por connivencia
La causa judicial se remonta a 2019, cuando directivos del Banco Nación y empresarios del Grupo Vicentin habrían actuado en connivencia para defraudar al Estado. Según el fiscal Pollicita, entre agosto y diciembre de 2019 se produjo una “actuación coordinada” que provocó un perjuicio patrimonial estimado en 300 millones de dólares.
El esquema fraudulento habría funcionado de la siguiente manera: las autoridades del Banco Nación, “a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro”, omitieron cobrar una deuda millonaria pese a contar con fondos de garantía.
Además, desarticularon las garantías que tenía la entidad y entregaron a los empresarios los fondos que tenían congelados, otorgándoles incluso nuevos préstamos cuando esto estaba expresamente prohibido.
Por su parte, los empresarios de Vicentin no pagaron los saldos adeudados sabiendo que no se los cobrarían, pidieron la liberación de fondos de garantía conociendo que se los entregarían y solicitaron nuevas asistencias financieras con la certeza de que serían otorgadas.
El Grupo Vicentin era el principal cliente del sector privado no financiero del Banco Nación, con una línea crediticia que representaba más del 20% de todo el patrimonio de la entidad, lo que implicaba un exceso en el riesgo autorizado.
Para concretar la maniobra, las autoridades de Vicentin vaciaron las cuentas del BNA y recurrieron a la utilización de facturación apócrifa para simular gastos no realizados a través de proveedores falsos por 222.780.392 pesos (unos 3,7 millones de dólares).
También se valieron del giro de fondos al exterior mediante operaciones simuladas por 16.942.805 dólares, parte de los cuales culminaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales. Esta maniobra les permitió desviar una porción de los fondos públicos defraudados fuera del alcance de las nuevas autoridades que procuraran cobrar la deuda.
Entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019, los directivos decidieron otorgarle al Grupo Vicentin 105.500.000 dólares, a pesar de que registraba una deuda vencida que rondaba los 150 millones de dólares, no tenía calificación vigente ni análisis de riesgo, y tampoco había constituido garantías.
Medidas cautelares y riesgo de fuga
Por parte del Banco Nación fueron citados el expresidente Javier Antonio González Fraga y el exvicepresidente Lucas Llach, junto con otros 17 exfuncionarios de la entidad, incluyendo directores, gerentes y subgerentes que ocuparon cargos durante 2019, durante la administración de Mauricio Macri.
Por parte del Grupo Vicentin fueron convocados el expresidente Daniel Néstor Buyatti, el exvicepresidente Alberto Julián Macua, el exapoderado Herman Roberto Vicentin y los exdirectores Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.
El juez Ercolini decretó la inhibición general de bienes de los 26 imputados, así como la prohibición de innovar sobre sus participaciones societarias. Esta medida cautelar busca asegurar el resguardo de los bienes y evitar que sean transferidos antes del desarrollo del proceso judicial.
La decisión se fundamenta en la “verosimilitud en el derecho” y el “peligro en la demora”. El magistrado señaló que los funcionarios poseen conocimientos técnicos para desprenderse rápidamente de sus bienes, mientras que los empresarios cuentan con un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero.
La medida también se enmarca en las obligaciones internacionales asumidas por Argentina en materia de delitos de criminalidad compleja, para asegurar activos pasibles de decomiso y evitar que se siga gozando del producto de bienes ilícitos.
Qué es la SIGEN y cómo llegó Díaz ahí
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) es el órgano de control interno del Poder Ejecutivo Nacional, según lo establece la Ley 24.156 de Administración Financiera. Su responsabilidad es dictar las normas relativas a la auditoría interna gubernamental y supervisar su cumplimiento.
Alejandro Díaz llegó al cargo en julio de 2025, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que reemplazaría a Miguel Blanco, quien había ocupado el puesto desde el inicio de la gestión de Milei. Adorni explicó entonces que Blanco “decidió renunciar por motivos personales” y destacó que Díaz “realizó trabajos de auditoría y control gubernamental durante 30 años“.
Díaz está siendo investigado por su rol como síndico del Banco Nación, cargo que ocupó entre 2019 y 2021. Durante ese período también se desempeñó como síndico en varias de las empresas públicas como YPF, Aerolíneas y Correo Argentino, y en 2020 era gerente de Auditoría Interna de Nucleoeléctrica Argentina.
En cuanto a la SIGEN, cabe mencionar que se convirtió en el caballito de batalla de Milei a la hora de confrontar con las Universidades Nacionales. Originalmente, la ley dictaba que sea la Auditoría General de la Nación (AGN, dependiente del Congreso) fuera la encargada de este tipo de acciones.
Sin embargo, La Libertad Avanza no renovó las autoridades del organismo, que continúa paralizado tras casi 2 años de gestión libertaria. En cambio, a través de la Procuración del Tesoro, el gobierno habilitó a la SIGEN (que depende plenamente del Poder Ejecutivo) a realizar las auditorías.
