El Senado discute este jueves los proyectos del gobierno de Javier Milei para habilitar la venta sin límites de tierras a extranjeros y la implementación de desalojos “exprés” para los argentinos. ¿Qué otros proyectos se tratarán durante la sesión?
El Senado sesiona este jueves con una agenda cargada: además de la aprobación de decenas de pliegos judiciales, el oficialismo busca avanzar con la eliminación de los límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, los desalojos “exprés” para argentinos y el pago a fondos buitre.
Todo esto mientras el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger publicaban este mismo jueves una columna en el Financial Times prometiendo convertir a Argentina en el paraíso de la Inteligencia Artificial desregulada y declarando que el país “está abierto para hacer negocios“.
La sesión se lleva adelante desde las 11 horas y fue acordada el miércoles en la reunión de Labor Parlamentaria entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. El temario incluye cuatro ejes principales: el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el pago a los fondos buitre, la aprobación de pliegos judiciales y la creación de nuevas cámaras federales.
Argentina, para los extranjeros
El proyecto de mayor peso político es el de inviolabilidad de la propiedad privada, diseñado por Sturzenegger. En su versión actual (que ya incorpora modificaciones respecto del texto original), elimina las restricciones vigentes que limitaban el acceso de inversores extranjeros adquirir tierras rurales en Argentina.
En su lugar, establece que cada provincia deberá autorizar las ventas a extranjeros. Si bien el oficialismo asegura que los gobernadores conservan jurisdicción plena sobre su territorio según lo dispuesto por la Constitución Nacional, lo cierto es que la situación de asfixia presupuestaria podría forzarlos a avanzar con la venta indiscriminada de tierras.
La única limitación que se mantiene es que no podrán comprar tierras los Estados extranjeros ni organizaciones empresariales en las que un Estado extranjero tenga participación en el capital, en la toma de decisiones societarias o en fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos estatales foráneos.
También hay un apartado sobre expropiaciones. En este capítulo, el Estado queda obligado a fundamentar de forma clara y precisa cualquier declaración de utilidad pública, que deberá interpretarse de manera restrictiva y cumplir con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
En otras palabras, se restringen las posibilidades del estado para avanzar con expropiaciones. Se fija un tope del 30% de indemnización por lucro cesante, y la tasa de interés aplicable será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.
El valor del bien expropiado se tomará con referencia a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pudiera influir en su cotización, con el objetivo de evitar que la propia intervención del Estado distorsione el precio en perjuicio del expropiado.
Mientras el gobierno busca facilitar el acceso de extranjeros a tierras argentinas, para los argentinos presentó un proyecto para facilitar los desalojos “express” de terrenos o viviendas ocupados. El proyecto introduce un mecanismo de desalojo acelerado, aunque acotado a los casos de usurpación.
En materia de alquileres, se establece un plazo de 10 días para intimar al inquilino ante el incumplimiento del pago pactado en el contrato. La notificación se cursará al domicilio indicado en el contrato y se considera válida incluso si el locatario se niega a recibirla o no puede perfeccionarse por razones que le sean atribuibles.
Si el incumplimiento persiste, el locador puede iniciar acción judicial de desalojo, que deberá tramitarse en 10 días hábiles por la vía procesal más breve prevista en la ley.
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Otros proyectos que se tratarán
Entre tanto, el proyecto sobre manejo del fuego deroga el artículo que impedía modificar el uso del suelo durante 30 años en predios rurales afectados por incendios, en zonas agropecuarias, pastizales, praderas, matorrales y áreas periurbanas.
En el caso de bosques nativos, se mantiene la prohibición de cambiar el uso y destino, pero se elimina el plazo de 60 años que establecía la ley impulsada por el peronismo y que buscaba evitar que se utilice la quema de bosques como excusa para avanzar con proyectos inmobiliarios.
El otro proyecto central de la jornada autoriza al Poder Ejecutivo a pagar 171 millones de dólares para cerrar acuerdos con dos fondos que mantienen litigios contra Argentina por el default de 2001.
Bainbridge Ltd. recibirá un pago único de 67 millones de dólares, mientras que Attestor Value Master Fund LP cobrará 104 millones. La iniciativa fue impulsada por el ministro de Economía Luis Caputo.
Ambos litigios fueron iniciados en 2014 y 2016 respectivamente, y la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, avaló los acuerdos de conciliación en marzo pasado.
La modalidad es entrega contra pago: los acreedores devolverán los bonos libres de gravamen y Argentina procederá a su cancelación, con lo que quedará habilitada para presentar documentación ante organismos judiciales y administrativos para lograr el archivo definitivo de las causas con efecto de cosa juzgada.
El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de junio para efectivizar los pagos.
La sesión también contempla la aprobación de 50 pliegos de los 73 que estaban en condiciones de ser tratados. El pliego de Verónica Michelli quedó fuera de la agenda y se debatirá en una sesión posterior junto a otros 23 candidatos a cargos en la Justicia.
Además, se tratarán dos proyectos para la creación de cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán, impulsados por el senador radical Maximiliano Abad y las legisladoras tucumanas Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
