El Senado sesiona este jueves para discutir el proyecto de ley impulsado por La Libertad Avanza para quitarle restricciones a la venta de tierras a extranjeros, en plena euforia por el triunfo de la selección argentina y el reclamo por la soberanía de Malvinas.
El Senado de la Nación sesionará este jueves desde las 12 del mediodía en medio de la euforia por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra y el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.
En ese contexto llega al recinto el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que busca eliminar los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y modificar los regímenes de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
La defensa de la soberanía es una cuestión central en ambos casos, ya que la iniciativa libertaria amenaza con dejar al país sin control efectivo sobre regiones clave del territorio nacional, como zonas de fronteras y áreas con recursos estratégicos.
¿Qué se discute este jueves en el Senado?
Se trata de la última sesión del Senado antes del receso invernal, que comenzará el 20 de julio y se extenderá hasta el 31 de ese mes. El oficialismo llega con los votos ajustados y confía en sumar el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales aliados para lograr la media sanción.
De aprobarse, las gobernaciones quedarían habilitadas para autorizar la venta de tierras a extranjeros de manera ilimitada. Sin embargo, en los últimos días surgió un nuevo foco de tensión dentro de los propios aliados del Gobierno: el mecanismo de “silencio administrativo” incorporado para las ventas de tierras rurales a empresas con participación estatal extranjera.
De acuerdo con este esquema, si el Estado no responde en un plazo determinado a una solicitud de autorización, el silencio se interpretaría como una aprobación automática. Ese punto generó dudas entre legisladores dialoguistas y motivó nuevas negociaciones en las horas previas al debate.
El proyecto remite al artículo 10 de la Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo, que en su redacción original establece lo contrario: que la falta de respuesta debe interpretarse como una negativa, salvo que una norma expresa disponga lo opuesto.
El texto que se tratará en el recinto ya acumula 13 borradores posteriores al dictamen original, reflejo de los sucesivos cambios incorporados en las últimas semanas para lograr que avance en la Cámara Alta.
En la última versión, impulsada por la presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, se ratifica que cada provincia mantendrá jurisdicción plena sobre su territorio, en línea con los artículos 121 y 124 de la Constitución Nacional, y se recuerda que los extranjeros gozan de los derechos reconocidos por el artículo 20 de la Carta Magna.
El borrador conserva la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras rurales y también restringe la adquisición por parte de empresas con participación estatal extranjera, salvo que exista autorización conjunta de la provincia correspondiente y del Poder Ejecutivo Nacional.
Ese mecanismo de silencio administrativo comenzaría a regir recién 180 días después de la entrada en vigencia de la ley. Un esquema similar se prevé para las zonas de seguridad de frontera, que seguirán alcanzadas por el Decreto-Ley 15.385/44 y sus normas, aunque durante la negociación se descartó que el Congreso tuviera una instancia de intervención directa en esos casos.
Además del proyecto de tierras, el temario de la sesión incluye la discusión de 30 pliegos judiciales (con los que el Ministerio de Justicia superaría las cien designaciones) y seis pliegos diplomáticos.
Entre los nombramientos judiciales, el Gobierno impulsa la continuidad del camarista Víctor Pesino, encargado de avalar la reforma laboral, ya que si su pliego no es aprobado antes de fin de mes el magistrado deberá jubilarse. También se prevé declarar a San Miguel de Tucumán como capital simbólica de la Argentina cada 9 de julio, en homenaje al Día de la Independencia.
El proyecto de tierras es impulsado especialmente por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aunque durante las negociaciones sufrió distintas modificaciones introducidas por sectores aliados del oficialismo.
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¿Qué dice la ley y qué busca cambiar Milei?
La normativa actual sobre tierras rurales es la Ley N° 26.737, sancionada en diciembre de 2011 con apoyo transversal en el Congreso. Esta ley fija que hasta el 15% del total de las tierras rurales del país puede estar en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras, y que no más del 30% de ese porcentaje puede pertenecer a personas de una misma nacionalidad.
También establece un tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo agrícola o sus equivalentes, y prohíbe la titularidad extranjera sobre tierras que contengan o linden con cuerpos de agua relevantes (como lagos, ríos y glaciares).
El proyecto impulsado por el oficialismo propone derogar los artículos 8 y 10 de esa ley, que son justamente los que fijan el límite del 15% de titularidad extranjera y el tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.
También se deroga el artículo 4 del Decreto 1.385/44, que reserva los bienes ubicados en zona de seguridad de frontera para ciudadanos argentinos nativos, aunque el nuevo texto mantiene la prohibición de compra por parte de Estados extranjeros, salvo mediante solicitud expresa de la provincia involucrada.
En materia de expropiaciones, la reforma establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva” y dispone que no habrá transferencia de dominio sin el pago íntegro y previo de la indemnización correspondiente.
También se reconoce indemnización por lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación, y se fija en un máximo de 90 días el plazo de “ocupación temporánea anormal“.
Respecto de los desalojos, el proyecto amplía la posibilidad de solicitarlos a “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado”, y habilita al juez a disponer la entrega inmediata del inmueble si ese derecho resulta verosímil.
Como salvedad, se dan hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional cuando el desalojo involucre a menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, la iniciativa deroga el plazo de protección de 60 años que hoy impide modificar el uso de la superficie en bosques nativos o implantados afectados por incendios, aunque conserva la exigencia de tareas de restauración.
También elimina un apartado del artículo 22 de la Ley 26.815, que prohíbe por 30 años realizar emprendimientos inmobiliarios o actividades agropecuarias en zonas agropecuarias o pastizales incendiados. Distintos sectores advirtieron que esa modificación podría favorecer la especulación inmobiliaria sobre tierras quemadas.
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El antecedente de La Rioja y el estado actual de la extranjerización de tierras
La ley que hoy busca modificar el Gobierno tuvo su origen en un episodio puntual. En 2008, el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn intentó comprar 200 mil hectáreas en Valle Hermoso, provincia de La Rioja.
La operación incluía un pueblo entero, con su comunidad, escuelas y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia. La venta terminó en un escándalo de repercusión internacional y, tres años después, derivó en la sanción de la Ley 26.737.
Antes de esa norma, en 1944, el Decreto 15.385 había declarado de “conveniencia nacional” que las tierras ubicadas en zonas de seguridad de frontera pertenecieran exclusivamente a ciudadanos argentinos nativos.
Ese blindaje se relajó en 1996, durante la presidencia de Carlos Menem, cuando se autorizó la venta de más de 8 millones de hectáreas en zonas de frontera, lo que habilitó operaciones como la compra de tierras en Lago Escondido, Río Negro, por parte de Joe Lewis, y la adquisición de estancias en Cushamen, Chubut, por el grupo Benetton.
En 2016, ya bajo la presidencia de Mauricio Macri, el Decreto 820/2016 flexibilizó los controles sobre la composición societaria de las empresas compradoras, lo que generó una reducción ficticia de los registros oficiales de extranjerización al ocultar a los verdaderos propietarios detrás de sociedades pantalla.
El actual Gobierno ya había intentado derogar directamente la Ley de Tierras en diciembre de 2023, a través del artículo 154 del DNU 70/2023. Esa derogación quedó frenada en enero de 2024, cuando el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).
El fallo fue ratificado el 21 de marzo de 2024 por la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que reconoció la legitimación de esa entidad para litigar en defensa de la soberanía nacional. El Estado apeló esa decisión y el expediente permanece a la espera de una resolución de la Corte Suprema.
Mientras tanto, un informe del Observatorio de Tierras, elaborado por investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, sostiene que ya existen 13 millones de hectáreas extranjerizadas en el país, equivalentes a casi el 5% del territorio nacional y a una superficie similar a la de Inglaterra.
Según ese relevamiento, localidades como Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta) superan el 50% de extranjerización, en zonas con recursos estratégicos como agua dulce, litio y bosques nativos.
También se identificaron Zárate y Campana, en la provincia de Buenos Aires, entre los pocos municipios bonaerenses que superan el límite legal vigente. El informe ubica a Estados Unidos como el país con mayor tenencia de tierras extranjerizadas en la Argentina, con más de 2,7 millones de hectáreas, seguido por capitales de origen italiano y español.
Los autores del informe, el historiador Matías Oberlin y la socióloga Julieta Caggiano, ambos de UBA/MILPA, señalan que la orientación de otros países frente a este tema es distinta a la que propone el proyecto oficial.
Consultado sobre las políticas de tierras en potencias como Estados Unidos o Inglaterra, Oberlin sostuvo: “son mucho más restrictivas las legislaciones con respecto a la extranjerización de tierras en estos países, particularmente sobre todo en tierras de frontera”.
