Aunque el gobierno de Javier Milei insiste en que no hay fondos para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el propio presupuesto 2027 revela que el libertario dejará casi 6 billones de pesos sin asignar, más que suficiente para cumplir con la normativa.
El Gobierno de Javier Milei sostiene que no hay fondos para cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, pero su propio proyecto de Presupuesto 2027 muestra lo contrario: deja recursos sin asignación específica suficientes para cubrir la brecha universitaria con creces, sin alterar el resultado fiscal previsto.
La conclusión surge de un informe de Zentrix Consultora, que comparó el costo de aplicar la Ley 27.795 con las partidas que el Ejecutivo incluyó en el proyecto de presupuesto del próximo año. Según el estudio, cumplir con lo que hoy exige la medida cautelar, es decir, la recomposición de salarios y becas, demandaría cerca de $2 billones.
Entre tanto, aplicar la ley completa costaría entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo utilizada. Esa cifra equivale a invertir entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027, y a entre el 0,14% y el 0,26% del PBI, en total.
El cálculo parte de los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto asigna a las universidades nacionales, que además incluye los fondos para la actualización de los gastos de funcionamiento, los hospitales universitarios, la investigación y la extensión.
Se trata de una cifra que está muy por debajo de lo reclamado por los rectores, pero el informe señala que la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro pasaría de $5,6 a $14,8 billones. De ellos, $7,68 billones figuran como “otras asistencias financieras”, sin beneficiarios definidos.
La consultora aplicó un criterio conservador en beneficio del gobierno: restó $1,45 billones reservados para aumentos salariales de toda la Administración Nacional y $0,30 billones ya destinados a universidades. Aun así, quedan $5,93 billones sin asignación específica, cuyo destino define el Poder Ejecutivo durante el año.
Zentrix indica que la ley completa absorbería, como máximo, el 62% de ese remanente. Y como esos fondos ya están contabilizados dentro del gasto total, su reasignación no modificaría el resultado fiscal proyectado.
Según el informe, tampoco haría falta una nueva ley ni un nuevo impuesto: la Ley de Administración Financiera (24.156) permite reestructurar créditos dentro del monto total aprobado, y el propio proyecto otorga facultades de reasignación al Ejecutivo.
La Corte falló a favor de las universidades y obliga a Milei a cumplir con la ley de financiamiento
Cae el argumento del gobierno
Con esto, cae el argumento oficial para resistirse al cumplimiento de la normativa.El artículo 5 de la Ley 24.629 frena una ley de gasto solo “hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”. Si el Congreso incorpora la partida al tratar el Presupuesto 2027, el fundamento del decreto de suspensión desaparecería.
Tampoco está claro cómo el gobierno sostendría su excusa de que cumplir la ley exigiría reasignar el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios. Zentrix observa que ese porcentaje se calcula sobre un universo que el recurso no explicita, y que la brecha máxima equivale al 1,8% del gasto total.
Mientras tanto, los trabajadores universitarios son los que sufren la negativa dle gobierno a aplicar la normativa. Nueve de cada diez pesos del presupuesto se destinan a salarios, y el ingreso real de docentes y no docentes sigue un 22% por debajo del de noviembre de 2023, pese al acuerdo de junio.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) estima que unos 10.000 docentes dejaron sus cargos y que la ejecución de fondos para ciencia y técnica universitaria en 2025 fue del 38% de la de 2023.
El estudio adelanta, por último, un posible foco de conflicto. El artículo 12 del proyecto fija un crédito cerrado, calculado con una inflación supuesta de 21,1% y sobre las plantas de personal de noviembre de 2026. La Ley 27.795, en cambio, prevé paritarias con intervalos máximos de tres meses y aumentos no inferiores a la inflación.
Según Zentrix, cada cinco puntos porcentuales de inflación por encima de lo previsto implicarían unos $320.000 millones sin financiar. Como una ley de presupuesto no puede derogar leyes vigentes, la consultora sostiene que la obligación subsistiría y el litigio podría renovarse en 2027.
La UNS convocó a la quinta Marcha Federal Universitaria: “Cumplir la ley no es opcional”
La Justicia comenzó a cobrar multas
Vale recordar que la Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso y vetada por el presidente. En octubre de 2025, ambas cámaras insistieron con los dos tercios necesarios y la norma quedó vigente. El Ejecutivo la promulgó, pero suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que no estaban identificadas las fuentes de financiamiento.
El conflicto pasó entonces a la Justicia, que ordenó cumplir los artículos referidos a salarios y becas mediante una medida cautelar. La Corte Suprema la dejó firme en junio de 2026. El 6 de octubre, un juzgado federal fue más allá: declaró la inconstitucionalidad del decreto y dispuso la aplicación completa de la ley. El Gobierno apelló esa sentencia.
Esta semana, la Justicia pasó de las órdenes a las sanciones. El miércoles, el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, dispuso una multa diaria de 100.000 pesos contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de la cautelar.
La sanción busca forzar el cumplimiento de una orden judicial. El magistrado la hizo efectiva ante el “incumplimiento verificado” y fundamentó que recaiga sobre Santilli en las atribuciones presupuestarias que la Constitución y la Ley 27.798 asignan a la Jefatura de Gabinete. Aclaró que se trata de una “primera etapa, pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto”.
El 22 de septiembre, Cormick había intimado al Gobierno a acreditar el cumplimiento en cinco días. Vencido el plazo sin avances, avanzó con la multa. El juez también remarcó que la apelación contra la sentencia de fondo no suspende la obligación de cumplir la cautelar, que fue convalidada por la Corte Suprema.
Es en este contexto que se llevará adelante la Quinta Marcha Federal Universitaria este jueves 15 de octubre, que tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires (con una manifestación frente al Congreso), pero que también tendrá réplicas en las distintas ciudades del país, como Bahía Blanca.
