El cordobés Raúl Bertola renunció a su cargo al frente de Vialidad Nacional, dejando al organismo en una situación crítica, y para reemplazarlo suena un exfuncionario de la administración de Carlos Menem.
A pocos días de la salida del Secretario de Agricultura de la Nación, el Gobierno de Javier Milei sufrió una nueva baja. Se trata de Raúl Bertola, quien se venía desempeñando como administrador general de Vialidad Nacional.
El exfuncionario adujo “razones de índole personal” en su carta de renuncia, aunque dejó trascender que el principal motivo de su salida había sido la falta de financiamiento para el organismo, así como la decisión del Gobierno Nacional de poner a las provincias al frente del mantenimiento de las rutas nacionales.
Vialidad Nacional viene atravesando desde hace meses una ola de despidos, que a la salida del cordobés ascienden a 200 los empleados perjudicados, acompañada por el freno a las obras de infraestructura.
Bertola había llegado al Gobierno Nacional a principios de la gestión libertaria, a partir de un acuerdo entre Milei y el Exgobernador Juan Schiaretti, y previamente se había desempeñado al frente de Vialidad en Córdoba, en el marco del último mandato del cordobés.
En este contexto, circulan versiones sobre quién lo reemplazaría. Para el puesto suena Marcelo Campoy, proveniente del entorno del subsecretario de Gestión Institucional Lule Menem, un aliado de Karina Milei.
La relación de Campoy con el clan riojano no termina ahí, ya que previamente fue administrador de Vialidad durante los últimos meses de la gestión de Carlos Menem.
Ajuste a Vialidad Nacional
Lo cierto es que Vialidad Nacional se enfrenta en una situación crítica a partir de la decisión de cancelar obras de infraestructura y el ajuste a las partidas presupuestarias, en un recorte que viene llevando el Ministro de Economía Luis Caputo, quien heredó el área de infraestructura tras la salida de Guillermo Ferraro.
A principios de 2024 desde el organismo solicitaron una partida presupuestaria de 730.000 millones de pesos, cuyo destino serían tareas urgentes de mantenimiento y reparación. Sin embargo, el equipo de Milei decidió prorrogar el presupuesto del año anterior, de 475.000 millones.
Más allá del impacto de la inflación acumulada, esta suma ni siquiera fue girada de manera regular, una situación que llevó al organismo a perder cualquier margen de acción y su capacidad para realizar tareas operativas básicas, limitándose al pago de sueldos, viáticos y trabajos menores.
A esto se sumó la decisión de reducir las transferencias automáticas a Vialidad a partir de los impuestos al combustible y el Impuesto PAIS. Ambos tributos se mantuvieron con la administración libertaria, pero no fueron distribuidos.
Por otro lado, en febrero YPF resolvió en febrero cortar el suministro de combustibles al organismo por falta de pagos, algo que paralizó el funcionamiento del parque móvil y de maquinarias durante dos semanas.
En total, son 5.600 los empleados que se desempeñan en el ente, una plantilla que inicialmente buscaron reducir con 355 despidos (a través de un plan de retiros voluntarios). Sin embargo, esta cifra se ubicó en 200 a raíz de la carencia de fondos y las demoras administrativas.
Además del ajuste, la salida de Bertola habría estado motivada por la intención del gobierno Nacional de trasladar las responsabilidades de mantenimiento y mejoras de las rutas nacionales a las provincias.
Los distritos no solo vienen sufriendo el ajuste directo de Milei en las transferencias que llegan a las gobernaciones, sino que además la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional había advertido que “avanzar con la provincialización de las rutas vulnera la esencia de la normativa vigente que dio origen a Vialidad y trae como consecuencia la desintegración de la red vial federal“.
Asimismo, “por la falta de partidas se ha visto paralizado el programa de gestión del mantenimiento de más de 4.000 puentes y obras de artes mayores, que totalizan unos 240 kilómetros de estructuras distribuidas en todo el país equivalente a un patrimonio de u$s5.500 millones”, advirtieron.
Además, el 70% de las estaciones de pesos y medidas dedicadas a controlar las cargas de camiones dejaron de funcionar, a pesar de que deberían estar activas de forma permanente.
