El gobierno de Javier Milei convocó a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo para ajustarlos a las pautas de su reforma laboral, en lo que los gremios califican como una extorsión para forzarlos a negociar a la baja.
El gobierno de Javier Milei convocó a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo en el marco de la Ley de Modernización Laboral, con el argumento de que se trata de “relaciones laborales modernas y previsibles”.
Sin embargo, desde los gremios denuncian que la medida no es una negociación entre iguales sino una maniobra para imponer condiciones a la baja y debilitar el poder sindical. La Central General del Trabajo (CGT) y las dos centrales de la CTA advirtieron que la iniciativa viola garantías constitucionales y amenazaron con acciones judiciales y un nuevo paro general.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, anunció esta semana que la Secretaría de Trabajo puso en marcha el procedimiento previsto en el artículo 137 de la Ley de Modernización Laboral, convocando a organizaciones sindicales y cámaras empresarias a renegociar 446 convenios colectivos de trabajo.
La cifra superó ampliamente las estimaciones iniciales, que apuntaban a unos 150 acuerdos vencidos. La diferencia entre un número y otro responde a la interpretación que hizo el Ejecutivo de la propia ley.
Una lectura más estricta del texto amplió el universo de convenios considerados vencidos, incluyendo acuerdos que no tenían fecha expresa de finalización pero que la nueva normativa tomó por caducos. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, será quien encabece formalmente las convocatorias.
El llamado a renegociar se habilitó mediante los decretos 407 y 408, publicados a principios de junio, que reglamentaron los puntos centrales de la reforma: descentralización de la negociación colectiva, impulso a convenios por empresa y reducción de aportes a los gremios.
A partir de esa publicación, la Secretaría de Trabajo quedó habilitada para convocar a las partes dentro de los 30 días siguientes. Uno de los efectos más inmediatos de la reforma es la eliminación de la ultraactividad, el principio que garantizaba la continuidad de un convenio colectivo incluso después de su vencimiento, hasta que fuera reemplazado por uno nuevo.
Bajo el nuevo esquema, solo las denominadas cláusulas normativas (las que regulan jornadas, licencias, categorías y modalidades de trabajo) mantienen su vigencia tras el vencimiento. Las cláusulas obligacionales, entre las que se encuentran las cuotas solidarias y otros aportes económicos pactados entre sindicatos y empleadores, dejan de tener efecto automáticamente.
El plazo para que las nuevas condiciones queden definidas en cada actividad vence el 1 de enero de 2027. Entre los cambios que deberán negociarse figura el reemplazo de horas extra por banco de horas, la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas y la incorporación del llamado “salario dinámico”.
Desde el Ejecutivo insistieron en que el objetivo no es imponer cambios desde el Estado sino generar un marco para que empleadores y sindicatos renegocien condiciones que, según argumentan, fueron diseñadas para realidades productivas distintas.
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Los gremios hablan de “extorsión” y “pérdida de derechos”
La respuesta del sindicalismo fue inmediata y contundente. La CGT rechazó la reglamentación al día siguiente de su publicación, denunciando que “el Poder Ejecutivo pretende avanzar sobre derechos, instituciones y garantías que forman parte del sistema de relaciones laborales y de la libertad sindical en nuestro país”.
Gustavo Ciampa, abogado de la CGT, salió a desmentir uno de los argumentos centrales del Gobierno: la supuesta parálisis de las negociaciones colectivas. “Hay un mito” por el cual se cree que estas negociaciones están estancadas, afirmó, y aclaró que “todos los convenios colectivos de trabajo que están vigentes en Argentina fueron y son renegociados permanentemente”.
Según Ciampa, durante las últimas dos décadas hubo negociación colectiva activa en prácticamente todas las actividades, con acuerdos que se fueron modificando según las necesidades de trabajadores y empleadores.
Sobre la naturaleza de la convocatoria oficial, el abogado fue directo: “Lo que viene en esta tanda pareciera, en función de la mal llamada Ley de Modernización Laboral, una extorsión. ¿Para qué? Para que los convenios se negocien a la baja, con pérdida de derechos que prevé el propio convenio”. Ciampa también explicó:
“Un convenio colectivo de trabajo no es un contrato de alquiler que se vence, se cae y se termina. Los convenios colectivos de trabajo, como tienen eficacia general que son obligatorios, aún más allá de los firmantes, perduran a través del tiempo, y además están vigentes hasta el momento que uno nuevo lo reemplace”.
Esa continuidad, sostuvo, “es una forma no solo de garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también que mantiene el equilibrio de poder de negociación de las partes“. Por eso calificó la iniciativa del Gobierno como “muy grave y violatorio de las garantías constitucionales”.
Desde la CTA, el Instituto de Estudios y Formación señaló que la reforma se inscribe en una estrategia más amplia de debilitamiento sindical que incluyó represión física, persecución pública, sanciones económicas e intervención en la vida interna de los gremios.
Según ese análisis, la convocatoria a renegociar convenios busca inducir a los sindicatos a negociar a la baja, erosionando progresivamente la negociación colectiva por rama de actividad y la organización gremial en general.
Otro flanco de preocupación para los gremios es la posibilidad de que los convenios por empresa o región desplacen a los acuerdos generales de actividad. Históricamente, el modelo sindical argentino se basó en negociaciones centralizadas entre sindicatos con personería gremial y cámaras empresarias, lo que garantizó condiciones uniformes para trabajadores de un mismo sector.
La reforma abre la puerta a que acuerdos firmados a nivel de empresa puedan tener prioridad sobre los de actividad, lo que los gremios interpretan como una vía para fragmentar la representación y reducir el poder de negociación colectivo.
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La reforma también reduce los requisitos de afiliación para disputar la personería gremial dentro de una empresa, una modificación que muchos dirigentes leen como un intento de promover sindicatos paralelos y dividir la representación de los trabajadores.
A esto se suma la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que apunta a reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por despido. Para los gremios, esa sustitución implica una reducción de garantías frente al despido sin causa.
Tanto la CGT como las dos CTA también valoraron las conclusiones de la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que instó al gobierno argentino a adoptar “medidas inmediatas, efectivas y en un plazo determinado” para “garantizar el buen funcionamiento de mecanismos de diálogo social tripartito adecuados y efectivos”.
También llamó a “velar porque las reformas laborales se desarrollen mediante consultas sustantivas con las organizaciones más representativas de los trabajadores y los empleadores”. Las centrales obreras presentaron ante ese organismo denuncias contra la administración libertaria que derivaron en ese pronunciamiento.
La central obrera consideró que “resulta inadmisible que el Gobierno pretenda implementar una normativa en la cual buena parte de sus disposiciones se encuentran cuestionadas judicialmente y sometidas a debate respecto de su constitucionalidad”.
Y ya anticipó que no descarta nuevas presentaciones judiciales ni medidas de fuerza, incluyendo un eventual paro general, si el proceso avanza sin modificaciones.
