El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó el planteo de Silvia Majdalani, ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para que la causa por espionaje ilegal en la que está imputada tramite en Comodoro Py. Ramos Padilla reafirmó que los ilícitos investigados ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, el magistrado no se declaró incompetente en el caso, algo que planteaba el pedido de la defensa de Majdalani, y ratificó la competencia territorial del juzgado de Dolores para investigar en la causa.
“El rechazo de la pretensión de la defensa se impone pues todas las acciones de inteligencia prohibidas que conforman el objeto de la investigación fueron materialmente cometidas en el territorio de la provincia de Buenos Aires y ninguna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” expresó en un escrito.
Las acciones que se investigan “tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense”
El director de la AFI, Gustavo Arribas, y su segunda, Majdalani, fueron indagados por el supuesto espionaje ilegal desde las bases de la Agencia Federal de Inteligencia ubicadas en provincia de Buenos Aires.
“Los argumentos expuestos por la defensa vinculados a que la imputación a las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia desplaza automáticamente la competencia territorial de la totalidad de los hechos hacia los tribunales porteños porque es en CABA donde éstos tenían sus oficinas y ejercían principalmente sus funciones, aparece como una propuesta sesgada que no responde a las características del caso, ni al diseño federal de nuestro sistema judicial” expresó Ramos Padilla.
Además señaló que las acciones de inteligencia prohibidas que se investigan en la causa se llevaron adelante “dentro de los juzgados federales de la provincia de Buenos Aires”.
En esa misma línea, indicó que en esta parte de la investigación se indago a nueve jefes de las bases AMBA con oficinas en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
“Tuvieron como objetivos a ciudadanos y organizaciones políticas, sociales o gremiales que desarrollaban sus actividades en el territorio bonaerense” argumentó en la resolución.
