Este martes el Frente de Todos impondrá su mayoría en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales para dictaminar con modificaciones la ley del Ministerio Público, que obligaría a una rápida salida del procurador interino puesto por el macrismo, Eduardo Casal.
Y aunque no está claro si tiene los votos para repetir el éxito en el recinto, en el oficialismo admiten que falta poco y varios monobloques podrían ayudar con quórum y abstenciones. Las negociaciones están en curso y la convocatoria a la comisión y algunas versiones de una sesión la semana próxima alteraron a los interesados en frustrar la norma.
Este domingo se reunió la mesa de Juntos por el Cambio (JxC) y llamó a resistir dentro y fuera del Congreso; y el juez Daniel Rafecas, candidato de Alberto Fernández a ocupar la procuración, ratificó que no aceptará asumir si la reforma impulsada por Cristina Kirchner y aprobada en noviembre en el Senado se convierte en ley.
“Reafirmo lo que ya sostuve públicamente: si a mitad del proceso para mi designación, se reduce por ley la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, eso será para mí un limite ético insuperable, que me hará imposible seguir adelante con la postulación. Respeto otras posturas, pero esta es mi convicción, ética y jurídica”, publicó el juez en su cuenta de Instagram.
Rafecas ya había advertido en noviembre que retiraría su pliego si se sanciona la ley, que entre otras cosas le permitiría ser elegido por mayoría simple del Senado y no los dos tercios que rigen desde 1998 y obligan al gobierno de turno a negociar con la oposición.
También elimina el rol de vitalicio del procurador, para darle un mandato de 5 años y la posibilidad de reelección; le resta facultades en la designación de fiscales y en el tribunal encargado de enjuiciarlos; y le asigna un rol protagónico de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público.
“Como no fui llamado a dar mi parecer sobre su contenido, ni por quienes lo impulsaron en el Senado, ni en las audiencias en Diputados, así como tampoco por el Ministro de Justicia, quiero dejar asentada públicamente mi postura: más allá de que el cargo sea vitalicio o temporario, es indispensable que el PGN tenga el consenso político suficiente para ejercer un cargo de tanta relevancia institucional, para lidiar con la CSJN y para encarar reformas estructurales a nivel federal“, se molestó Rafecas.
Con su reaparición, Rafecas reiteró que ya no quiere ser el jefe de fiscales con esta reforma, con riesgo de jubilarse en 5 años.
“El consenso recién se pone en juego en la audiencia pública, a la que todos los candidatos anteriores accedieron (con distinta suerte), y que no se cumplió en mi caso. De haberse concretado esa audiencia en el Senado, estoy seguro que ese consenso hubiese sido alcanzado”, se confió el juez.
Lo cierto es que esa audiencia nunca llegó, entre otras cosas, porque hace un año JxC exhibió una alianza con un interbloque federal en el Senado que le aseguraba bloquear los dos tercios y para el Frente de Todos no tenía sentido avanzar.
Hasta ese momento, confiaban en una escisión de la UCR con el respaldo de los más cercanos al gobernador de Jujuy Gerardo Morales y el aporte de monobloques que finalmente se diluyeron en una alianza opositora de 29 votos fijos, cuatro más de lo necesario para frenar una mayoría especial.
La reforma fue aprobada en el Senado pero la ex ministra de Justicia Marcela Losardo nunca empujó para sancionarla en Diputados. Su sucesor, Martín Soria, la retomó en una negociación con el presidente de la Asociación de Fiscales Carlos Rívolo, a quien le garantizó modificaciones a la reforma que lo favorecen, como sostener su poder en la conformación de los concursos y en el Tribunal de Enjuiciamiento, donde para sorpresa del kirchnerismo propone restarle un voto a los legisladores.
El diputado Leopoldo Moreau reprochó a Soria esos cambios cuando los expuso en la Comisión de Justicia, a cargo del diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, pero no correrían peligro y si hay mayoría Diputados los incorporaría y enviaría la ley al Senado para su sanción definitiva.
En busca de ese objetivo, el viernes Tailhade convocó a una comisión de Justicia para escuchar exposiciones a favor de la reforma, JxC se negó a participar. Y cuando volvió a citarla para el martes y presencial, ya para firmar dictamen, la mesa del principal frente opositor armó un zoom el domingo y coordinó una resistencia por todos los frentes.
Fieles a su estilo antidemocrático, JxC lanzó una campaña de escraches contra legisladores de otros bloques que avalarían la reforma.
La ex titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, impulsó por twitter un ataque con nombre y apellido a los diputados de Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque del mendocino José Luis Ramón, habituales aliados del Gobierno y por ahora los únicos que confían en sumar.
Aunque en una reunión privada con Soria, Ramón comprometió el voto de su bloque a la inclusión de procuradurías especiales para los consumidores. Suma otro problema: uno de los impulsores de esta iniciativa fue el rival local del ministro, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, también jefe del diputado Luis Di Giácomo. Si la persona que sucedía a Losardo era otra, su voto no estaría en duda.
El Frente de Todos tiene 119 votos, pero para alcanzarlos debería repatriar al presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José De Mendiguren, y sumar a Sergio Massa, que vota si hay empate.
La mayoría necesaria para el quórum es 129 y el resto de los aliados posibles para llegar a una mayoría no están confirmados. El santacruceño Antonio Carambia, otra ayuda eventual del Frente de Todos, avisó que vota en contra.
La neuquina Alma Sapag es un talismán cada vez que su gobernador está en aprietos; mientras que el riojano Felipe Álvarez, otro monobloque, es un jugador libre pero opositor en su provincia.
El interbloque federal vuelve a ser esquivo. Los cuatro cordobeses avisaron en diciembre que no participarán de sesiones para debatir reformas judiciales; y los 3 de Consenso Federal, el bloque de Lavagna, reiteraron este lunes que votan en contra.
La apuesta fuerte una vez más es a la dupla de peronistas sin jefe Eduardo Bucca y Andrés Zottos, bonaerense y salteño, miembros del interbloque federal pero amos y señores de sus votos y de estrecha relación con Massa.
Con dar quórum para abrir y cerrar la sesión y abstenerse, le brindarían lo que necesita, porque varios diputados de JxC no estarán presentes por problemas varios. Un caso es el de Estela Regidor, quien pidió licencia porque se supo que se quedaba con el sueldo de sus asesores.
La otra apuesta, por ahora sin negociaciones a la vista, son los radicales cercanos al gobernador Morales, al menos 2 votos propios: Gabriela Burgos y Jorge Vizzotti, que ya colaboraron con el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas.
El jujeño viene dando gestos de querer convivir en paz con la Rosada: criticó a Horacio Rodríguez Larreta por enfrentar a Alberto en la justicia y era uno de los puntales para aprobar el pliego de Rafecas, pero nunca tuvo fuerza para hacerse escuchar.
