Cristina Fernández de Kirchner, a través de los abogados que le representan en la querella en el expediente en la que se investiga el atentado que sufrió, pidió la suspensión de la elevación a juicio del caso y la realización de varias medidas a raíz de nuevas pruebas en la causa.
En un escrito presentado por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal criticaron al fiscal Carlos Rívolo quien pidió la elevación a juicio del caso en el que están detenidos Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Gabriel Carrizo.
El fiscal consideró que el atentado se circunscribe a esos tres autores materiales y no tuvo ni financiamiento ni relación con otros grupos de ultra derecha, ni referentes políticos de la oposición, a pesar de las sobradas pruebas que lo demuestran.
En concreto, los abogados apuntaron a que se realicen nuevas medidas para profundizar la pista surgida a raíz de la aparición de “Dali Revolución“, un contacto de Jonathan Morel (líder de Revolución Federal) y Sabag Montiel.
Además, hicieron “reserva del caso federal” en caso de una repuesta negativa a su petición, o sea que en esa circunstancia acudirán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso ‘Revolución Federal‘ refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad“, sostuvieron los abogados.
Indicaron en su presentación que “el 29 de mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal (el fiscal Rívolo) solicitó la elevación a juicio de la causa. Increíblemente, dos días hábiles antes, se agregó al expediente prueba de central importancia de la que el acusador público hizo caso omiso”.
“El 23 de mayo, el Juzgado N°8 del fuero remitió un informe realizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en la causa conocida como “Revolución Federal“. Este informe se produjo a partir de un pedido de la Fiscalía N°11 del fuero de que se realice un análisis de todos los dispositivos secuestrados en ese expediente“, describieron.
“En el marco de ese informe -agregaron- se analizó la información extraída del Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal. Entre los resultados aparecen, entre otras cosas, el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación y consultas a CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner”, abundaron.
Además, los abogados incluyeron un extenso informe sobre comunicaciones e hicieron hincapié en una persona con el alias “Dali Revolución” y cuya supuesta identidad mencionaron en el escrito.
Ubeira y Aldazabal destacaron “una conversación entre Jonathan Morel y ‘Dali Revolución‘”, en la que esta última persona “da cuenta de dos cosas: que tiene una pistola 9 mm y que quiere usarla en la ‘actividad bala‘”.
A partir de ello la querella señaló:
“Queda claro, entonces, que ‘Dali Revolución’ tenía y quería usar un arma. Además, del informe de la DATIP surge que el mensaje ‘Yo no estoy en el grupo pero costa conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm’ es de fecha 27 de agosto de 2022. Este dato es central: el 25 de agosto, Morel había hablado por Twitter Spaces y había dicho cómo haría para matar a la Vicepresidenta. Además, ese 27 de agosto Brenda Uliarte y Sabag Montiel estaban en los alrededores de la casa de la Vicepresidenta, dispuestos a atentar”.
Y agregaron en el escrito:
“Esto implica que un día antes del mensaje de ‘Dali Revolución’, Jonathan Morel había explicado públicamente cómo llevar adelante una ‘actividad bala’ contra la Vicepresidenta. Al otro día ‘Dali Revolución’ se ofreció para la ‘actividad bala’, al mismo tiempo que Sabag Montiel y Brenda Uliarte estaban a cargo lo que, evidentemente, puede concebirse como una ‘actividad bala’”.
“Sorprendentemente, el fiscal no ahondó en lo más mínimo en el informe remitido por el Juzgado N° 8 y avanzó con la elevación de la causa a juicio. La más exigua indagación en la conversación permite ver la gravedad de ese accionar”, dijeron.
“Más grave aún es que ni siquiera se haya preguntado quién es ‘Dali Revolución’ cuando hace meses solicitamos que se la convoque, situación que recordamos en la oposición a la elevación a juicio. De la información que hemos podido recabar, y que el fiscal también podría y debería haber recabado, parece surgir que ‘Dali Revolución’ podría ser Angélica Dalila Monti”.
El escrito detalla:
“Es que, hasta ahora, la única persona con ese nombre (Dalila o ‘Dali’”) involucrada en Revolución Federal es Monti. Además, del teléfono de Leonardo Sosa (otro de los fundadores de RF) surge que Angélica Dalila Monti está agendada como ‘Dalila Rebelión’, de manera casi idéntica a la persona que envió estos mensajes. Que la ‘Dalila Rebelión’ del teléfono de Sosa es Angélica Dalila Monti surge de varios contrastes que se hicieron con sus redes sociales y con imágenes de vigilancia discreta. La posibilidad de que Monti tenga dos números de teléfono no es para nada alocada: uno, el ya identificado, es un número paranaense, de donde es oriunda; el otro, el que queda por identificarse, es un número del área metropolitana de Buenos Aires, donde reside. Angélica Dalila Monti tendría, además, una relación sentimental con Jonathan Morel. Además, era la persona con quien estaba Morel al ser detenido en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. De hecho, cuando fue detenido, Morel y Monti se encontraban camino a la casa de los padres de ella en razón de su cumpleaños número 24. En Buenos Aires, Morel y Monti conviven. Esto es de suma importancia, porque la conexión entre Morel y Monti aparece como especialmente fuerte y está claro que su intercambio de ideas iba más allá de pertenecer a la misma agrupación”.
Además, la querella aseguró que:
“Sabemos que Dalila Monti sabía quién era Brenda Uliarte, porque había hablado con Ortega sobre el tema”.
“También sabemos que Brenda Uliarte fue a una marcha de Revolución Federal y tenemos la fuerte intuición de que fue a dos”.
De allí que los abogados consideran imperativo investigar y unificar de una vez por todas las causas que investigan el intento de magnicidio y el accionar de RF.
En ese marco, pidieron diversas medidas de prueba, como entrecruzamientos de llamadas y allanamientos para recabar material que consideran fundamental para el caso.
Así, los abogados de Cristina Kirchner pidieron: se lleven a cabo las medidas solicitadas; se suspenda el trámite de elevación a juicio y se tenga presente la reserva de caso federal.
Sobre este último punto, dijeron que:
“Dado que una solución adversa a lo peticionado por esta parte supondría vulnerar derechos constitucionales, en una causa de enorme gravedad institucional, hacemos reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, ante los organismos internacionales de derechos humanos“.
Sabag Montiel negó los vínculos con Milman y RF
Por su parte, Sabag Montiel remitió este miércoles dos cartas a la Cámara Federal porteña, en las que negó relación con el diputado PRO Gerardo Milman y Revolución Federal y negó “haber sido contratado” para atentar contra la vida de la ex presidenta.
“No somos sicarios ni nos contrataron. Ni por Macri, ni Milei, ni Revolución Federal. (…) Nadie tuvo participación ni directa ni indirecta, ni (Gabriel, el jefe de ‘los copitos’) Carrizo, ni siquiera a todos aquellos acusados de tener alguna participación como Revolución Federal o Hernán Carrol”, indicó Sabag Montiel.
También desligó a Uliarte y Carrizo del ataque.
Con una narrativa confusa, Sabag Montiel denunció que el teléfono que le fue secuestrado y cuyo contenido se malogró era un aparato falso y que el original que él tenía desapareció. Pero a lo largo del texto sostiene que el borrado no fue accidental sino deliberado y culpó de ello a su defensor oficial y al fiscal Rívolo.
“(Su defensor oficial, Juan Martín) Hermida y la fiscalía número dos de Rívolo ordenaron borrar y resetear el segundo teléfono falso para borrar evidencias y fotos de mis vehículos y dijeron en los medios que fue desbloqueado. En conclusión, rompieron el primer teléfono, el original y después resetearon el segundo teléfono falso alegando que no tiene imei cuando todos los teléfonos tienen imei”, escribió.
“No hay forma remota de que se formatee, jamás lo configuré para que se formatee remotamente ni lo rompí. El teléfono no se reseteó por varios intentos sino que lo resetearon conscientemente y a propósito“, retomó varias páginas más adelante en la misiva.
De esa confusa narración parece desprenderse que el “teléfono original” fue borrado no la noche del atentado sino varios días después, tras acceder a su contenido.
