El Senado trata la ley que le otorga a los poderes ejecutivos facultades para definir las restricciones como la suspensión de clases presenciales ante un aumento de casos de coronavirus, pero hubieron correcciones para lograr su sanción en Diputados y evitar que la Corte Suprema la declare inconstitucional, como ya hizo con el decreto vencido de abril que objetó el gobierno de la Ciudad.
“La idea es trabajar con funcionarios del Ejecutivo para hacer correcciones en el recinto“, informó María de los Ángeles Sacnun, a cargo de coordinar el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud.
El gran dilema son los alcances de la delegación de facultades que las provincias le otorgan a la Nación para aplicar medidas preventivas como impedir la circulación o suspender las clases. Una posible modificación será acotar los plazos, que el texto delimita a la emergencia sanitaria, o sea, al final de la pandemia. Podrían restringirlo hasta el 31 de diciembre.
Algunos gobernadores opositores, como el radical Gerardo Morales de Jujuy, plantean la posibilidad de un pacto entre la Nación a las provincias, para que adhiera a las restricciones la que considere conveniente.
“Esta ley se podría llegar a salvar y minimizar el impacto que puede llegar a tener en lo constitucional si fuera una ley de adhesión y no una de orden público“, sostuvo el radical Mario Fiad, quien preside la Comisión de Salud y responde a Morales.
Una postura similar tendría el cordobés Juan Schiaretti, cuyos cuatro diputados son claves para sancionar la ley. Esta será una semana de diálogos cruzados para llegar al número. “Tenemos siete días para seguir trabajando. En una situación de excepcionalidad, es cuando más hay que poner énfasis en la búsqueda de consensos“, insistió Sacnun.
De todos modos, la mayoría oficialista tiene el plan de aprobar el proyecto el miércoles próximo, pasados los 7 días reglamentarios, con el objetivo que Diputados lo sancione en la misma semana para que se aplique desde el sábado 22, cuando vence el decreto vigente.
Pero no está sencillo. Otro rechazo fue el del senador Alberto Weretilneck, de Río Negro, del partido gobernante de su provincia, que también tiene al diputado Luis Di Giácomo, un aliado clave del oficialismo en todas las votaciones de 2020.
El proyecto fue defendido por la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra y la ministra de Salud Carla Vizzotti. También hubo exposiciones de constitucionalistas, a favor y en contra de la medida.
La ley reedita la letra del decreto que caduca el 21 y que, a diferencia del anterior, Horacio Rodríguez Larreta no objetó ante la Corte. Establece un semáforo epidemiológico para definir, según la evolución de los contagios de Covid 19, dónde y cuando deben realizarse los confinamientos.
Se toman dos datos, siempre considerando la última quincena: la razón de contagios, definida como el aumento en función de la quincena anterior; y la tasa de incidencia epidemiológica, que son los nuevos infectados cada 100 mil habitantes.
Con esos parámetros se determina ciudades de riesgo bajo, medio y alto, en las que también entran los “conglomerados“, definidos estos últimos como zonas geográficas integradas por varias ciudades, como el área metropolitana de Buenos Aires.
Cuando superen los 300 mil habitante, tengan una razón de 1.2 y una tasa de 500, la ciudad o aglomerado se denomina de “alarma total“, con cierres de persianas de 19 a 6 y la facultad al Gobierno nacional para suspender las clases presenciales.
“Claramente consideramos que son medidas constitucionales. Si no, no las propondríamos. Y creemos que no hay superpoderes. Al revés: hasta aquí se adoptaban medidas con mucho diálogo pero por DNU“, sostuvo Ibarra.
“En el marco de un país federal, tenemos algunas competencias propias y otras concurrentes que tienen que regularse para actuar con eficacia en el marco de las leyes y en situaciones excepcionales como estas. Estamos empeñados en evitar estas situaciones y el desafío importante es bajar el número de casos. Cuantos más contagios hay, verificamos más muertos. No queremos normalizar el número de muertes“, agregó la secretaria legal y técnica.
Fue además la encargada de defender el artículo 21 del proyecto, que es el que habilita al presidente a cerrar las escuelas en las zonas de “alarma” sanitaria. “Todos queremos clases presenciales. Y la forma es acceder al derecho de salud. Por eso no queremos que se deteriore y permanezca en situación de alarma“, sostuvo.
“No estamos tomando medidas educativas, sino sanitarias“, diferenció y recordó que así como se restringen derechos de las provincias también los gobernadores toman decisiones municipales como contravenciones y límites en los aforos.
La oposición anticipó su rechazo:
“Este proyecto de ley de los superpoderes realmente desde donde se lo mire es algo que no podemos votar porque sencillamente no se puede delegar lo que no se tiene. Y no es potestad de este Congreso dar facultades que fueron expresamente reservadas a los estados provinciales”, respondió la radical Silvia Giacoppo.
La oposición le recordó que el fallo de la Corte consideró la educación como un “derecho humano” de las provincias y la secretaria citó los considerandos del voto de Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que utiliza la palabra “normalmente”, y por lo tanto permite situaciones excepcionales.
“Queremos niños en las aulas, personas trabajando, comercio e industria. Pero para eso tenemos que bajar los contagios y entonces en ese marco necesitamos que no se desborde el sistema de salud”, insistió.
