El Presupuesto 2026 no incluye partidas para financiar las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad: Aunque el Congreso bloqueó su derogación, no estableció partidas específicas para las normativas y ahora la distribución de los fondos dependerá del gobierno de Javier Milei.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó esta semana el reparto de partidas presupuestarias correspondiente al Presupuesto 2026, pero la distribución de créditos no contempla fondos específicos para cumplir con las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad.
Así lo reveló un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP). Cabe recordar que el proyecto original enviado por el presidente Javier Milei incluía en su Capítulo 11 un artículo que buscaba derogar ambas leyes.
Sin embargo, durante el tratamiento en el Congreso, los legisladores eliminaron ese capítulo, impidiendo la derogación, pero incorporaron nuevos gastos equivalentes al 0,56% del PBI sin realizar las modificaciones correspondientes en las partidas presupuestarias.
No está claro si se trató de una maniobra de los legisladores que acompañaron la ley de leyes, pero lo cierto es que el resultado es que el Presupuesto fue sancionado tal como lo envió originalmente el Poder Ejecutivo, sin asignar recursos específicos para las políticas aprobadas por el propio Congreso.
Ahora, el financiamiento de estas leyes quedará sujeto a eventuales adecuaciones durante el año, precisamente en manos de un gobierno que ha intentado por todos los medios evitar su cumplimiento.
Una excusa perfecta para el gobierno de Milei
Para colmo, el informe de ASAP señala que estas adecuaciones deberán realizarse respetando el artículo 1° del Presupuesto, que establece la obligación de presentar una ejecución con resultado financiero equilibrado o superavitario, la excusa perfecta para que el oficialismo evite implementarlas.
El Poder Ejecutivo cuestiona la constitucionalidad de ambas normas argumentando que fijan gastos pero no especifican las fuentes de financiamiento. Sin embargo, el gobierno sí prevé asumir otros incrementos de gasto.
Estos incluyen una rebaja de aportes patronales equivalente a medio punto del PBI y una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas de 0,33 puntos del PBI, medidas que serán analizadas en febrero en el marco de la Reforma Laboral.
En total, las rebajas impositivas para empresas implicarían una menor recaudación cercana al 0,83% del PBI, cifra superior al costo de las leyes de discapacidad y universidades que el gobierno se niega a financiar.
Más allá de esto, el Poder Ejecutivo comienza el año con proyecciones que plantean un escenario de contracción en términos reales. Según el informe, están previstos ingresos totales por $147,9 billones, lo que representa un incremento nominal del 10% respecto de los $134,5 billones registrados en 2025, pero implica una caída real del 12,7% al ajustar por inflación.
Los ingresos impositivos alcanzarían los $90 billones (una baja real del 1,9%), mientras que los de Seguridad Social llegarían a $47,6 billones (con una caída real del 7,4%).
En materia de gastos totales, el Presupuesto prevé $148,1 billones, un aumento nominal del 20% pero un recorte real del 4,9%. En los papeles, el resultado económico de la Administración Pública Nacional estaría prácticamente en equilibrio.
El Presupuesto fue elaborado bajo supuestos de crecimiento del PBI del 5% e inflación del 10,1%. Sin embargo, estas cifras generan dudas: proyecciones privadas alertan que la inflación real se ubicaría entre 23% y 26% y el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) habla de un crecimiento menor (de alrededor del 4%).
Casa Rosada desliza que incumplirá la ley
Lo cierto es que se trata de una situación alarmante, ya que desde Casa Rosada deslizaron que “los fondos totales no están”, anticipando el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad a pesar de la orden judicial que les exige acatarla.
Vale recordar que el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, dictó una sentencia que ordena al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad cumplir con la ley en un plazo de dos semanas, bajo apercibimiento de sanciones.
La resolución exige que en cinco días informen y acrediten el avance de los trámites, incluyendo la actualización de aranceles a centros prestadores, el plan de pago de compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas y el decreto reglamentario de la Ley 27.793, que ya lleva tres meses de retraso.
Recientemente, el ministro de Salud Mario Lugones se reunió durante más de una hora con Adorni en Casa Rosada. Fuentes cercanas al Presidente indicaron que, en caso de tener que acatar la medida judicial, lo harán con “las herramientas que tengamos”, lo que en la práctica significa “maquillar” el cumplimiento sin hacerlo de manera completa.
El gobierno también está evaluando enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley para modificar la norma vigente. Funcionarios del oficialismo argumentan que durante el tratamiento del Presupuesto “fue complejo porque se trataba de una derogación” y ahora intentarían avanzar con una ley nueva.
Según la sentencia, tanto Adorni como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, podrían enfrentar multas económicas y represalias judiciales si no cumplen en las próximas dos semanas. Sin embargo, en Balcarce 50 restan importancia: “Como mucho se quedarán con parte del salario de algunos funcionarios”, opinan.
A quienes sí afecta la situación es a los miles de familias que cobran pensiones de menos de 300 mil pesos y dependen de la ayuda estatal para pagar tratamientos y llevar adelante una vida digna.
Desde las organizaciones que representan a personas con discapacidad aseguraron que el gobierno no respetará los fallos judiciales, una predicción que por ahora parece acertada según las maniobras del gobierno.
