La Comisión Provincial por la Memoria denunció que personal policial de civil se infiltró en las protestas en la Secretaría de Derechos Humanos, y que agentes de las fuerzas de seguridad grabaron a los manifestantes que rechazaban el desfinanciamiento impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia ante la justicia federal solicitando que se investigue posibles tareas de inteligencia ilegal llevadas adelante por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal durante la manifestación del viernes 27 de diciembre en el sitio de memoria ex ESMA.
Según denunciaron, mientras una multitud se expresaba contra el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos que viene llevando adelante el Gobierno de Javier Milei, se observó personal policial de civil sin identificación y agentes de las fuerzas de seguridad filmando a los manifestantes dentro y fuera del edificio.
La denuncia fue presentada por Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García (los Presidentes y el Secretario Ejecutivo de la CPM, respectivamente) y fue asignada al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini.
Tareas de Inteligencia en el abrazo a la ex ESMA
La Comisión Provincial de Buenos Aires es un mecanismo local de prevención de la tortura, y como tal, se encarga de monitorear las manifestaciones que se llevan adelante con el objetivo de evitar o denunciar posibles vulneraciones de los derechos sociales y políticos.
Representantes del organismo estuvieron presentes el pasado viernes 27 de diciembre en la convocatoria que se realizó bajo el lema “Abrazo a la ESMA. Defendemos la Secretaría y a sus trabajadores“, que pretendía visibilizar la situación que atraviesa la cartera, en medio de los despidos y el desfinanciamiento.
En este contexto, la comisión observó que entre los presentes se encontraba personal policial no identificado (de civil), que realizaba comunicaciones telefónicas y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad presentes en el lugar.
A partir de esta situación, se solicitó información a los encargados del operativo, que respondieron que “todo el personal de la Policía de la Ciudad se encontraba identificado y que esas personas no estaban a su cargo“, según explicaron desde la comisión.
Este no fue el único hecho que llamó la atención de los presentes. También se pudo ver a personal policial filmando a los manifestantes dentro y fuera del edificio. Desde el organismo remarcaron que en la denuncia se adjuntaron fotografías y videos que dan cuenta de las filmaciones que llevaron adelante las fuerzas de seguridad.
Entre los pedidos a la justicia, se destaca el requerimiento para que se registre y secuestre todo el material que obtuvieron los uniformados durante la convocatoria, ya que “la actividad encubierta de personal policial pudo tener como objetivo la reunión de información de orden política y social“.
En ese sentido, desde el organismo hicieron referencia a la Ley Nacional 25.520 que regula y limita los alcances de las tareas de Inteligencia. Además, advirtieron que durante 2024 pudieron verificar que en las acciones represivas llevadas adelante por las fuerzas de seguridad se pueden observar rasgos de sistematicidad.
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¿Qué dice la denuncia?
“Venimos por la presente a denunciar la posible realización de tareas de inteligencia ilegal, en los términos de la ley 25.520, por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Policía Federal”, comienza el escrito presentado este jueves, “en el marco de la protesta desarrollada el día viernes 27 de diciembre del corriente a las 16″.
A continuación, el texto advierte sobre la situación y advierten que “los hechos que aquí denunciamos podrían inscribirse en los supuestos vedados en la normativa de inteligencia nacional”, más aún “si dichas tareas no fueron ordenadas por ningún órgano judicial de manera fundada, situación que deberá corroborarse en la investigación“.
En un pedido que es extensivo al Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich, se solicita al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de buenos Aires que informe:
- Quiénes fueron las autoridades y el personal policial que fue asignado al operativo de seguridad en la exESMA.
- Si hubo personal policial de civil actuando.
- Si hubo presencia de agentes o funcionarios de otras fuerzas policiales, de seguridad o inteligencia del Estado, “incluyendo la participación de personal no identificado”.
- Que se informe sobre el “personal asignado a la tarea de captación de imágenes”.
En cuanto a los rasgos de sistematicidad observados, desde la CPM advirtieron que a lo largo de 2024 se vio una política planificada que busca limitar el ejercicio del derecho a la expresión y la manifestación.
Al 30 de noviembre de 2024, 34 de las 60 manifestaciones monitoreadas incluyeron prácticas asociadas a labores de inteligencia ilegal similares a las del pasado viernes. En su comunicado, el organismo advirtió que:
“Estas acciones de inteligencia son un elemento más en el cercenamiento no solo del derecho a la protesta sino de las políticas de memoria y derechos humanos que han implicado el despido masivo de trabajadoras y trabajadores, y el cierre de programas y del Centro Cultural Haroldo Conti”.
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El desguace de la Secretaría de Derechos Humanos
Es que el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, anunció el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti y envió un mensaje a sus trabajadores antes de año nuevo para informarles que ya no se presentaran a trabajar a partir del 2 de enero.
Tras el anuncio, los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzaron una convocatoria este jueves frente a la sede del Espacio Memoria ex ESMA, con el objetivo de rechazar la medida. En este marco, policías se apostaron en torno al edificio y revisaron el listado de despidos para impedir el ingreso de trabajadores al predio.
Cabe señalar que donde actualmente funciona la Secretaría de Derechos Humanos, durante la última dictadura militar fue conocido como el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada.
Además, durante la asamblea del 27 de diciembre se dio cuenta de cómo los sitios de memoria fueron particularmente afectados por el ajuste del Gobierno Nacional. Varios de ellos quedaron con la mitad de los trabajadores y otros incluso terminaron vacíos. Entre ellos, Virrey Cevallos, que ya no podrá abrir sus puertas.
Entre tanto, el Conti espera la “reestructuración” anunciada por Baños para su programación y lista de empleados. Tampoco estuvieron exentos del ajuste el Archivo Nacional de la Memoria y el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), que perdió a su coordinadora y a trabajadores altamente calificados.
El listado de “bajas” asciende a más de 1.000 personas en el Ministerio de Justicia, y podría ascender más si se despide a los contratados bajo el ente de cooperación Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
