El fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, reclamó la reapertura de la causa por presuntas irregularidades en la licitación pública internacional para la construcción del Paseo del Bajo. Se trata de la mega obra del gobierno de Cambiemos, realizada en Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El tramite judicial fue rápidamente cerrado por el juez Claudio Bonadío en diciembre del años pasado, poco antes de su fallecimiento. Se trata del ícono judicial del lawfare contra el kirchnerismo, que solía hacer dormir a las causas contra la expresidenta para evitar su cierre.
Agüero Iturbe manifestó en un escrito ante la Cámara Porteña que la obra del Paseo del Bajo podría tratarse de otra de las “tramoyas público privadas” y agregó que es necesario “investigar para saber si realmente nos enfrentamos a un fenómeno criminal, producto una vez más de la tramoya pública privada, o si realmente y conforme a prueba suficiente aquí no ha pasado nada”.
Además, el fiscal impulsó las apelaciones que habían presentado la fiscal Alejandra Mangano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez en febrero, contra el veloz fallo de Bonadío sobreseyendo a Horacio Rodríguez Larreta y al entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.
El escrito, que se conoció recientemente, remarca que una de las empresas que se benefició de las presuntas licitaciones irregulares fue IECSA S.A., en momentos que seguía bajo el mando del primo de Macri, Angelo Calcaterra.
“La principal firma beneficiada con el irregular proceder en la licitación materializada para la obra aquí investigada no es otra que ‘IECSA S.A'”, señala el fiscal, recordando que se trata de una empresa vinculada en las causas de las fotocopias y con posibles pagos de sobornos por parte del Grupo Odebrecht en el contexto de la adjudicación de las obras del ferrocarril Sarmiento.
En su apelación al fallo de Bonadío, Mangano había indicado que la decisión del magistrado de Comorodo Py había sido “prematura” en tanto “no se agotaron las diligencias probatorias que debieron ineludiblemente adoptarse para estar en condiciones de dictar un temperamento liberatorio”.
También se refirió a la existencia de “indicadores de direccionamiento de las licitaciones”, que “permitieron abrir nuevas líneas para profundizar la pesquisa, en lo que respecta a las diferentes aristas de la maniobra”.
La denuncia fue presentada el 25 de octubre de 2018 y apunta contra Dietrich, Rodríguez Larreta, Franco Moccia, Ángel Calcaterra y Carlos María Frugoni por supuesta administración fraudulenta. En esas denuncias se alertó sobre un posible direccionamiento y sobreprecios en un tramo de la licitación que habría beneficiado a IECSA.
