La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prepara un proyecto para ampliar las competencias policiales y habilitar a la Policía Federal a monitorear las redes sociales sin autorizaciones judiciales, al tiempo que busca ampliar su estructura para que la fuerza tenga más personal.
El borrador propone modificar la Ley Orgánica 21.965 para ampliar las competencias policiales, en una reforma que establecería como objetivo principal investigar delitos federales complejos y desarticular redes criminales, pero que encendió alarmas por la ambigüedad de su redacción.
La iniciativa contempla la creación del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), que pretende ser una versión local del FBI estadounidense. Esta nueva estructura centralizaría las pesquisas criminales más sofisticadas del país bajo un mismo paraguas institucional.
Uno de los aspectos más polémicos del documento es que busca habilitar el monitoreo de redes sociales sin autorización previa de un juez, de modo que los efectivos podrían patrullar espacios digitales públicos basándose únicamente en criterios internos.
El texto, publicado por el portal Ámbito, especifica que estas tareas deben respetar datos personales y privacidad. Sin embargo, no establece mecanismos claros de supervisión externa para garantizar el cumplimiento de estas salvaguardas. Puntualmente, el inciso 11 del Artículo 6 autoriza a:
“Realizar, sin necesidad de autorización judicial, tareas de prevención del delito en espacios públicos digitales, tales como redes sociales abiertas, sitios web públicos y otras fuentes abiertas, conforme a las pautas y principios rectores dictados para dichas actividades por la autoridad competente. Estas tareas de prevención del delito deberán respetar la protección de los datos personales, la libertad de expresión, la intimidad y privacidad de las personas”.
Más atribuciones y ¿más financiamiento?
Otra facultad controvertida habilita arrestos sin orden judicial cuando existan “circunstancias fundadas” de presunto delito. La redacción resulta ambigua sobre los parámetros específicos que justificarían estas medidas. Al respecto, el inciso 7 indica que se podrá proceder con un arresto:
“Si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo y no acreditase fehacientemente su identidad, podrá ser conducido a la dependencia policial que correspondiese, con noticia al juez con competencia en turno y demorada por el tiempo mínimo necesario para establecer su identidad”.
En tanto, el inciso 8 habla de “registrar y calificar a las personas dedicadas habitualmente a una actividad que la policía debe reprimir”, mientras que el 12 señala que la Policía Federal podrá:
“Realizar las acciones necesarias para la prevención del delito y de mantenimiento del orden público, en materias de su competencia, tareas que podrán ser ampliadas a requerimiento del Ministerio de Seguridad Nacional”.
El proyecto también autoriza requisas vehiculares sin mandato judicial si las tareas de inteligencia sugieren riesgos, otra disposición que amplía considerablemente el poder discrecional de los agentes.
La reestructuración prevé un crecimiento anual del 10% en el personal de la Policía Federal en las provincias del país, donde se establecerían superintendencias regionales para controlar las investigaciones criminales en todo el territorio.
El DFI tendría tres divisiones especializadas: Agencias Federales de Investigación, Investigaciones Federales e Investigaciones contra el Narcotráfico. La justificación oficial de esta segmentación sería la búsqueda de una mayor eficiencia operativa.
Si bien la reforma aún debe superar el proceso legislativo correspondiente y aún se encuentra en forma de borrador, el documento circuló entre Gendarmería y Prefectura para conocimiento, aunque las modificaciones apuntan específicamente a la Policía Federal.
Este avance de las atribuciones de las fuerzas federales causó malestar entre los uniformados de las demás fuerzas. Además, no faltaron señalamientos sobre lo “excesivo” de las nuevas atribuciones que se pretende otorgarles, que podrían afectar garantías constitucionales básicas.
Según el texto, “resulta necesario que la Policía Federal Argentina tenga como principal misión la investigación de delitos federales y complejos” y expresa la necesidad de que la fuerza se convierta en “una Policía líder en la investigación proactiva de delitos federales o complejos, en la desarticulación de organizaciones criminales y en la protección del Estado”.
Nación admitió tener un plan secreto de inteligencia y denuncian que habilita a la SIDE a perseguir periodistas
El Plan de Inteligencia Nacional, en la mira
Paralelamente, el Gobierno de Javier Milei deberá dar explicaciones sobre su Plan de Inteligencia Nacional. La Comisión Bicameral de Inteligencia citó por unanimidad al secretario de la SIDE, Sergio Neiffert, al Congreso.
La convocatoria surge tras las revelaciones del periodista Hugo Alconada Mon sobre un documento que autoriza investigar “actores estratégicos” opositores al gobierno. El plan habilita el monitoreo de quienes “erosionen la confianza” en las políticas oficiales.
El documento de 170 páginas, presentado en octubre de 2024, establece la vigilancia de personas que “manipulen la opinión pública” en procesos electorales. También incluye a quienes generen “pérdida de confianza” en funcionarios gubernamentales.
La ambigüedad en la definición de estos “actores” preocupa por su potencial uso para perseguir voces opositoras, es por eso que los legisladores buscan aclaraciones sobre los alcances reales de estas facultades de espionaje.
Neiffert, a diferencia de los funcionarios citados por el escándalo de $LIBRA, aceptó comparecer ante la comisión que preside Martín Lousteau. Sin embargo, solicitó recibir las preguntas con anticipación.
Puntualmente, el Plan de Inteligencia Nacional abarca diez lineamientos que incluyen Malvinas, pesca ilegal, Antártida y terrorismo internacional. No obstante, los aspectos más polémicos se centran en la vigilancia interna de ciudadanos.
El documento contempla identificar quienes difundan “desinformación” utilizando inteligencia artificial. Esta definición resulta problemática por su subjetividad y potencial uso para silenciar críticas legítimas al gobierno.
La orden firmada en enero por Diego Kravetz, el “Señor 8” de la organización, amplía el monitoreo hacia “grupos sociales vulnerables”. Esta directiva no fue incluida en la citación parlamentaria pese a su relevancia.
Si bien el Ejecutivo desmintió las acusaciones mediante un comunicado oficial, no proporcionó detalles específicos. Calificó la información como “secreta” y destinada a “promover intereses estratégicos nacionales”. Además, insinuó que la propia Bicameral filtró el documento.
