Docentes universitarios de todo el país anunciaron medidas de fuerza por 72 horas para reclamar por el cumplimiento de la Ley de financiamiento, que Javier Milei se niega a aplicar pese a que fue sancionada por el Congreso.
Los gremios docentes universitarios protagonizarán una nueva medida de fuerza que paralizará las clases en todo el país durante tres días consecutivos. La huelga, prevista para el miércoles 12, jueves 13 y viernes 14 de noviembre, busca presionar al gobierno de Javier Milei para que aplique la Ley de Financiamiento Universitario.
Con la expectativa de que también se convoque a negociaciones paritarias que compensen el deterioro salarial acumulado, la decisión de paralizar las actividades fue tomada por las dos principales federaciones docentes: CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) y CONADU Histórica.
Mientras la segunda anunció la medida el 31 de octubre, CONADU confirmó su adhesión el 7 de noviembre tras un plenario de secretarios generales que contó con amplio consenso entre los sindicatos de todo el territorio nacional.
La lucha por la Ley de Financiamiento
En primer lugar, los gremios exigen la reapertura inmediata de las negociaciones paritarias para recomponer los ingresos de docentes y personal no docente. Según las organizaciones sindicales, los salarios han quedado muy por debajo de la inflación desde diciembre de 2023, en un contexto de estancamiento de las conversaciones salariales con las autoridades.
Luis Tiscornia, secretario general de CONADU Histórica, sintetizó la situación: “Nuestros ingresos quedaron muy por debajo de la inflación y varias universidades ya declararon la emergencia presupuestaria porque los fondos actuales no alcanzan para terminar el año”.
Además del deterioro del poder adquisitivo, los docentes reclaman la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID), que fue suspendido a principios de año, y la eliminación del impuesto a las Ganancias sobre los salarios. Tiscornia agregó al respecto:
“El deterioro salarial es evidente, y el impuesto sigue afectando a más trabajadores porque ni siquiera se actualizan las escalas“.
El segundo gran reclamo es la implementación efectiva de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, que establece la convocatoria a paritarias para ajustar salarios según la inflación, la actualización de gastos de funcionamiento y la creación de fondos para infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas.
La ley también prevé un esquema de financiamiento progresivo que comenzaría con el 1% del PBI en 2026 y alcanzaría el 1,5% en 2031. Sin embargo, su aplicación se encuentra en un limbo legal y político sin precedentes desde el retorno de la democracia.
Cabe recordar que, tras ser aprobada por amplia mayoría en el Congreso, la iniciativa fue vetada por el presidente Javier Milei. Posteriormente, ambas cámaras legislativas rechazaron el veto presidencial, ratificando la norma.
No obstante, el 21 de octubre, el Poder Ejecutivo la promulgó formalmente, pero suspendió su ejecución material, argumentando que el Congreso debe determinar primero las fuentes de financiamiento y agregar la partida correspondiente al Presupuesto Nacional.
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Las universidades avanzan por vía judicial
Ante la maniobra del Ejecutivo, la comunidad universitaria activó la vía judicial. El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó una acción legal cuestionando el decreto presidencial.
La resolución de la UBA sostiene: “Este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
Un enfoque similar adoptó la Universidad Nacional del Sur (UNS) en Bahía Blanca. El Consejo Superior de la institución aprobó a fines de octubre una resolución para “encomendar al señor Rector [Daniel Vega] el inicio de las acciones judiciales que resulten procedentes para exigir la efectiva implementación de la Ley 27.795″.
Además, desde la casa de altos estudios remarcaron que la fundamentación del Gobierno Nacional “resulta aparente y falaz, en tanto el Poder Ejecutivo gobierna bajo un régimen de presupuesto prorrogado, lo que le otorga amplias facultades para reasignar partidas y disponer de los fondos necesarios para su cumplimiento”.
“Esta decisión configura, en los hechos, un veto implícito, contrario a la voluntad expresada por más de las dos terceras partes del Congreso de la Nación, y reviste una grave afectación institucional al desconocer la soberanía del Poder Legislativo“, continuaron, y además, advirtieron que:
“Esta postura del Poder Ejecutivo de la Nación altera gravemente la división de poderes que sustenta el sistema republicano de gobierno que asume el art. 1° de la Constitución Nacional, al desconocer las atribuciones del Congreso de la Nación en materia legislativa”.
Los gremios no descartaron profundizar las medidas si no obtienen respuestas. Existe un acuerdo total entre los sindicatos del país para afectar el inicio del ciclo lectivo 2026 si el gobierno no avanza con la ley. También decidieron judicializar en articulación con el Frente Sindical Universitario el reclamo por la apertura de paritarias.
Durante las jornadas de protesta, se realizarán clases públicas, asambleas y volanteadas en distintas universidades, con el apoyo del movimiento estudiantil. CONADU anticipó que el miércoles 12 de noviembre se celebrará una reunión paritaria con el Ministerio de Educación de la Nación, donde exigirán respuestas inmediatas.
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Reacción de los sindicatos ante el ajuste de Milei
La crisis financiera de las universidades se agudizó en las últimas semanas. Durante las negociaciones por el Presupuesto 2026, el gobierno dispuso aumentos de emergencia para el área de discapacidad y hospitales pediátricos, pero excluyó nuevamente a las universidades nacionales, pese a las partidas extraordinarias aprobadas por el Congreso.
Varias casas de estudio declararon la emergencia presupuestaria, alertando que los fondos son insuficientes para completar el año. Esta situación se suma al deterioro de las condiciones laborales y salariales que atraviesa el sector. La huelga cuenta con el respaldo de todas las universidades de la Provincia de Buenos Aires y numerosas instituciones del interior del país.
La FAGDUT (Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional) se declaró “en estado de alerta” y anunció el lanzamiento de una serie de medidas. Su secretario general, el ingeniero Ricardo Mozzi, explicó:
“Estuvimos en la calle, y la ciudadanía acompañó nuestro reclamo en favor de la universidad pública. Luego hicimos lo propio con el Congreso y la Ley de Financiamiento Universitario, y ahora vamos por la vía legal”.
Mozzi anticipó que presentarán una carta documento exigiendo la apertura urgente de paritarias, con un plazo máximo de 48 horas al Poder Ejecutivo. El dirigente también manifestó inquietud por los intentos de reforma laboral impulsados desde el gobierno e informó sobre el crecimiento de afiliaciones a la federación:
“Muchos colegas necesitan protegerse frente a esta vil coyuntura”.
Otros gremios como UDA (Unión de Docentes Argentinos), FEDUN (Federación de Docentes de las Universidades) y FATUN (Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales) aún no se pronunciaron oficialmente sobre su adhesión a las medidas.
UDA, encuadrada en la CGT y dirigida por Sergio Romero, optó en los últimos meses por explorar la vía de negociación directa con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien tiene bajo su órbita la definición del presupuesto universitario.
El plenario de CONADU también expresó solidaridad con los docentes de ADUFOR (Universidad Nacional de Formosa), quienes denunciaron persecución laboral y sanciones por razones políticas por parte de la conducción universitaria.
La conflictividad con el sector universitario se mantuvo latente durante todo 2025, con múltiples paros y movilizaciones que tuvieron amplio apoyo social. Ya en 2024, el sector había alertado por el brutal ajuste contra el sistema.
