Alejandra Monteoliva confirmó que el gobierno de Javier Milei planea denunciar por terrorismo a los detenidos durante la marcha frente al Congreso. Una denuncia similar había presentado Patricia Bullrich durante la manifestación contra la Ley Bases.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el gobierno de Javier Milei planea denunciar por terrorismo a los detenidos por los incidentes ocurridos frente al Congreso durante el tratamiento de la Reforma Laboral.
Esta estrategia replica el accionar del oficialismo durante las protestas por la Ley Bases, cuando también detuvo manifestantes bajo acusaciones similares, aunque en aquella oportunidad debió liberarlos a todos por falta de pruebas tras retenerlos aproximadamente un mes.
Amenazas de terrorismo y justificación de la represión
Durante una entrevista en Radio Mitre, Monteoliva adelantó que el Gobierno presentará una denuncia por terrorismo, argumentando que los hechos violentos constituyen un intento de desestabilización, calificación que la administración libertaria viene dando a cualquier acción que no vaya en línea con sus políticas.
“Vamos a denunciar por terrorismo, porque una bomba molotov es una bomba. Es un arma, y con toda la intención de generar no solo muerte, sino caos“, declaró la funcionaria.
La ministra indicó que se trató de un hecho premeditado, ya que había “gente con bidones de nafta y bombas molotov en la mochila, bulones para tirar con gomera, palos de bandera convertidos en lanzapalos. ¿Cómo se llama eso? Eso es violencia extrema con la intención de desestabilizar“.
Según Monteoliva, ya tienen identificadas a 17 personas, aunque admitió que no todos los que arrojaron bombas molotov han sido particularizados. Lo alarmante es el uso arbitrario de la figura de terrorismo en el marco de manifestaciones contra políticas del gobierno.
Es que la Ley Antiterrorista (N° 26.734) establece penas agravadas e implica una investigación federal, además de detenciones sin excarcelación inmediata, lo que elevaría significativamente las consecuencias para los imputados.
Más allá de esto, el reducido grupo de 7 manifestantes que causaron desmanes fue la excusa perfecta para que las fuerzas de seguridad avanzaran violentamente contra todos los presentes. Monteoliva había desplegado un operativo de 800 efectivos que incluía personal de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
La funcionaria justificó el amplio operativo señalando que “la intención primera es dispersar precisamente para desconcentrar ese conflicto que se había focalizado en dos o tres puntos”. También defendió la imposibilidad de detener a los responsables en flagrancia: “No había manera de detenerlos con brigadas en ese momento cuando están tirando bombas”.
Es que el accionar de las fuerzas de seguridad también generó críticas a la hora de reaccionar ante los manifestantes que hoy Monteoliva pretende denunciar. Al momento de los hechos, los responsables se encontraban frente a los uniformados, que no avanzaron sobre ellos.
Sin presentar pruebas concretas, Monteoliva especuló sobre la identidad de los responsables, mencionando la posibilidad de que pertenezcan a barras bravas y agrupaciones de izquierda “combativa” o anarquistas, los chivos expiatorios usuales del oficialismo.
Sobre los manifestantes identificados, indicó que “hay personas de veinte años y otras de más de sesenta, la mayoría de la provincia de Buenos Aires y algunos de Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Salta”.
La ministra también negó que fueran agentes infiltrados los responsables: “Eso de estar diciendo que es un policía o que es un expolicía, no sé de dónde lo sacan. Es un disparate pensar que el Gobierno genere ese tipo de situaciones”.
Además, anticipó que desde el Gobierno analizan revisar los protocolos para futuras marchas, incluyendo la posibilidad de controles más estrictos sobre mochilas y banderas, un anuncio por demás alarmante, ya que implicaría revisiones arbitrarias.
El gobierno tuvo que liberar a la mayoría de los detenidos
Cabe recordar que la manifestación había comenzado de manera pacífica, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, diversos gremios y organizaciones sociales que se concentraron frente al Congreso.
Durante varias horas, miles de trabajadores, jubilados y militantes ocuparon la Plaza de los Dos Congresos sin incidentes. El clima cambió alrededor de las 15 horas, cuando un pequeño grupo de personas encapuchadas apareció en las inmediaciones del vallado y comenzó a lanzar piedras, proyectiles y fuegos artificiales.
Las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad comenzaron a disparar balas de goma y, cuando parte del vallado fue derribado, los efectivos de la infantería de Gendarmería y los camiones hidrantes comenzaron a arrojar gases lacrimógenos hacia todas las personas presentes, incluida la gran mayoría que se manifestaba pacíficamente.
Pese a la avanzada del Ministerio de Seguridad, lo cierto es que tuvo que liberar a la amplia mayoría de los aprehendidos. De los 71 detenidos iniciales, al menos 54 recuperaron la libertad en las últimas horas. Las detenciones se dividieron entre 51 arrestos a cargo de fuerzas federales y 20 de la Policía de la Ciudad.
De manera particularmente cuestionable, 27 personas fueron detenidas en controles en estaciones de tren cuando se dirigían a la movilización. Es decir que ni siquiera habían llegado a la marcha.
El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad tomó declaraciones por videollamada y, según fuentes oficiales, las personas sin antecedentes fueron liberadas progresivamente.
Solo 14 personas continúan bajo custodia de la Policía de la Ciudad: 10 hombres en el Centro de Admisión y Derivación de Suárez 2050, en Barracas, y cuatro mujeres en la alcaidía femenina de la avenida Scalabrini Ortiz 1350, en Palermo.
Monteoliva informó posteriormente que fueron identificados cuatro manifestantes adicionales que participaron de los disturbios y anticipó que las fuerzas de seguridad irán a buscarlos. “Quisieron desestabilizar el país“, insistió la funcionaria en redes sociales, donde exhibió los rostros de los acusados.
Denuncia contra la ministra por incumplimiento de deberes
Mientras el Gobierno amenaza con acusar de terrorismo a los manifestantes, un abogado presentó una denuncia penal contra la propia Alejandra Monteoliva y los jefes del operativo desplegado el pasado miércoles 11 en las inmediaciones del Congreso.
La presentación fue realizada por el letrado Leonardo Hernán Martínez Herrero, quien solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, “y/u otro delito que pudiera configurarse con motivo de la investigación”.
Según la denuncia, alrededor de las 15:30 “un grupo de siete personas, perfectamente sincronizados, comenzó a arrojar piedras, preparar bombas molotov y arrojarlas contra y sobre los vallados montados por las fuerzas de seguridad”.
El abogado describe que los involucrados “tenían mochilas, capuchas y cascos” y que se refugiaban detrás de maderas, mientras uno de ellos utilizaba “como escudo una bandera de Direct TV”.
El denunciante remarca que las imágenes “circularon por todos los medios de comunicación, drones y redes sociales“, y que además existían cámaras del comando unificado de las fuerzas de seguridad.
La presentación cuestiona por qué, teniendo identificados y a la vista a los responsables directos de los hechos violentos, no se procedió a su detención inmediata, mientras sí se reprimió y detuvo masivamente a manifestantes pacíficos.
