La Libertad Avanza suspendió la reunión que había programado en Diputados para avanzar con el proyecto de Malvinas poco después de que el gobierno de Donald Trump pidiera eliminar un comité de la ONU que es central para el reclamo por la soberanía de las islas.
El gobierno de Javier Milei suspendió la reunión en Diputados que debía impulsar el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa con la que el libertario busca mostrarse como defensor de la soberanía sobre las Islas Malvinas. El plenario de comisiones, previsto para este martes, fue reprogramado para el 27 de octubre.
El alineamiento con Donald Trump parece haber tenido mayor peso, ya que la decisión se dio en medio de presiones de Estados Unidos por las posibles sanciones a sus empresas. También ocurrió poco después de que la Casa Blanca pidiera eliminar el Comité de Descolonización de la ONU, el ámbito donde la Argentina sostiene su reclamo por las islas.
La Libertad Avanza posterga el proyecto de Malvinas
La reunión conjunta de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto estaba convocada para el martes 20 a las 16 horas, con el objetivo de firmar el dictamen. Una nota de Carlos Zapata, presidente de la comisión cabecera, informó que el encuentro pasó al martes 27 a la misma hora, en el Anexo del Congreso.
Desde el oficialismo atribuyeron el cambio a una agenda legislativa saturada. Según explicaron, el Gobierno evalúa convocar la semana próxima a una sesión para tratar el proyecto de biocombustibles, terminar de aprobar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y avanzar con la ley de Defensa de la Soberanía.
El bloque libertario ya había dejado la iniciativa fuera del temario de la sesión del miércoles, lo que habla de la disonancia entre el aparente giro malvinero de Milei y el lugar real que le da al tema en su lista de prioridades.
El texto, enviado por el Poder Ejecutivo, propone sanciones para las empresas que operen en la zona de Malvinas (que, en rigor, replica las de la ley original de 2011) y una reforma del sistema de Inteligencia, Defensa y Seguridad Interior. Ya se había debatido en cuatro reuniones, la primera el 30 de septiembre, pero el oficialismo no lograba reunir las firmas.
Legisladores aliados cuestionaron la delegación de facultades extraordinarias al Consejo de Seguridad, el papel del Congreso ante acciones militares, el concepto de “infraestructuras críticas” y las penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta de un Estado o agente extranjero, intenten interferir en elecciones o promuevan actos de violencia o sabotaje.
Provincias Unidas y Unión por la Patria pidieron dividir el proyecto. Los legisladores de Unión por la Patria se mostraron dispuestos a votar a favor de los primeros 40 artículos, pero el oficialismo rechazó la propuesta. Un diputado dialoguista dijo que les enviaron dos borradores y que “arrimaron bastante pero era insuficiente”.
Es que los artículos que pretenden penar a periodistas y medios de comunicación por la propagación de supuesta desinformación tienen un lenguaje vago que se presta a abusos por parte del Poder Ejecutivo, lo que encendió las alarmas en medio de los constantes ataques de Milei a la prensa.
A esas dificultades se sumó la posición de Washington. Según se informó, cámaras empresarias norteamericanas hicieron saber su preocupación porque el texto podría afectar a compañías de capitales estadounidenses.
Entre los diputados peronistas circula la hipótesis de que esa presión fue el principal motivo del freno. En el oficialismo admiten que podría haber modificaciones al proyecto, aunque no precisan su contenido.
El tema podría formar parte de la agenda de la visita a la Argentina del subsecretario de Estado norteamericano Christopher Landau y del responsable de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; quienes fueron enviados a Argentina en medio de la discusión.
Trump consiguió lo que quería de Reino Unido y ahora le piden a Milei que la “corte” con Malvinas
Donald Trump avanza sobre el Comité de Descolonización
A esto se suma una segunda decisión de Estados Unidos que afecta al reclamo sobre las Islas. El 15 de octubre, ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, Estados Unidos pidió poner fin al mandato del Comité Especial de Descolonización, conocido como C-24.
Creado en 1961, es el órgano donde la Argentina presenta cada año su reclamo y donde desde 1989 obtiene resoluciones que reconocen la disputa de soberanía y piden retomar las negociaciones con el Reino Unido.
La representante estadounidense afirmó que el comité “dejó de cumplir su propósito original” y calificó parte de sus actividades como “despilfarro de recursos“, un argumento que va en línea con la postura libertaria. Más allá de eso, cualquier decisión sobre su disolución solo podría adoptarla la Asamblea General.
Lo llamativo es que, en esa misma reunión, la Argentina se abstuvo en la votación de un proyecto que reafirma la Resolución 1514 de 1960, contra el colonialismo. Estados Unidos votó en contra y el texto fue aprobado con 85 votos a favor, dejando a Argentina en la minoría.
El diputado y excanciller Jorge Taiana expresó: “Rechazamos la solicitud de Estados Unidos y exigimos al gobierno argentino que de manera urgente repudie esta decisión y retome la tradición diplomática argentina”.
El pedido llega después de otros movimientos de Trump sobre el tema. En agosto dijo que estaba “revisando” la neutralidad histórica de su país sobre Malvinas, lo que inicialmente fue interpretado en Casa Rosada como un gesto a favor del país.
Sin embargo, el principal objetivo del republicano era forzar a Gran Bretaña a aumentar su gasto militar y apoyar a Estados Unidos en sus campañas. De hecho, en septiembre Trump se reunió con el primer ministro británico, Andy Burnham, y el tema Malvinas desapareció de su agenda.
Este lunes, antes de viajar a España con Milei, el vocero presidencial Adrián Ravier fue consultado por la periodista Melisa Molina, de Página 12. Ella le preguntó si el Gobierno compartía la iniciativa de Washington y si veía una contradicción con el proyecto de ley de Soberanía.
Ravier respondió: “hay sintonía entre el proyecto que menciona y nuestra ley de Soberanía Nacional“. Dijo además que veía “consistencia” y que no había un problema. Ante la insistencia de la periodista sobre si el Gobierno estaba de acuerdo con que el comité desaparezca, el vocero respondió:
“Esto está bajo análisis. La decisión final no puedo tomarla yo, hablará seguramente el Canciller”.
Hasta el momento, la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, no se había pronunciado. El canciller había expuesto ante el C-24 el 25 de junio, donde denunció la militarización del archipiélago y la explotación unilateral de sus recursos por parte del Reino Unido.
