Ante el riesgo de que el Congreso no apruebe su Ley Ómnibus, Javier Milei busca aprobar su “Reforma del Estado” mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), aunque necesita que el parlamento le otorgue facultades extraordinarias para poder legislar sobre ciertos puntos sensibles.
La Libertad Avanza (LLA) llegó al gobierno con la promesa de desregular la economía, privatizar las sociedades del Estado, dolarizar los alquileres, cambiar el sistema electoral y flexibilizar las relaciones laborales, entre otras iniciativas que incluyó en la llamada Ley Ómnibus.
Sin embargo, la notable debilidad parlamentaria de LLA podría trabar cualquier reforma que quiera impulsar Milei, aún contado con sus aliados del ala dura del PRO y algún sector “halcón” del radicalismo. De allí que el gobierno busque ahora avanzar con las reformas mediante un DNU.
No obstante, algunos de los objetivos de las reformas no pueden ser aprobados por DNU (como por ejemplo, las reformas electorales o impositivas), por lo que en la reunión de gabinete que tuvo lugar este jueves, ya estuvo sobre la mesa la idea de pedirle al Congreso que le conceda facultades extraordinarias a Milei.
Las facultades extraordinarias conceden al Ejecutivo la potestad de tomar decisiones clave vía DNU, salteándose al Poder Legislativo y asumiendo las facultades de éste.
En Casa Rosada justificaron la intención de pedir las facultades en que “Alberto Fernández las tuvo durante la pandemia“. El argumento intenta igualar la urgencia por la crisis sanitaria del 2020 con la crisis económica que se profundizó tras la asunción de Milei.
Luego del encuentro de los ministros, trascendió algunos ejes principales del decreto: se habló de un primer DNU que contendría medidas tendientes a una desregulación económica, que podría incluir la privatización de las Sociedades del Estado y la desregulación de los alquileres, y la reforma electoral (Boleta Única y supresión de las Paso), que deben tramitar por una ley separada porque la Constitución nacional establece que no se aprueban por mayoría simple sino absoluta, entre otras.
De todos modos, la letra chica no está lista y no tiene fecha prevista de publicación.
El pedido de facultades extraordinarias va en línea con la amenaza que en su momento soltó la canciller Diana Mondino respecto de que “si el Congreso no nos aprueba las leyes, vamos a sacar todo por decreto“.
Si bien en el gabinete están trabajando en tejer los acuerdos parlamentarios para aprobar el paquete de medidas que se viene —el encargado de la negociación política con los gobernadores es el ministro de Interior, Guillermo Francos— la posibilidad de que algunas de las reformas que impulse el Gobierno no pasen el filtro de ambas cámaras puede ser una constante de los próximos meses.
El contenido del DNU fue guardado bajo siete llaves durante toda la jornada, pero según trascendió, habilitaría al Presidente a privatizar las Sociedades del Estado, modificar las leyes de empleo público y desregular todos los aspectos de la producción y el comercio, como así también el régimen de obras sociales y también los contratos de alquiler (que pasaría a dolarizarse por completo).
En rigor, todas reformas que difícilmente pasarían por el Congreso.
En la reunión estuvieron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; los ministros ️del Interior, Guillermo Francos; ️de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; ️de Defensa, Luis Petri; ️de Economía, Luis Caputo; ️de Infraestructura, Guillermo Ferraro; ️de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; ️de Salud, Mario Russo; ️de Seguridad, Patricia Bullrich;️ de Capital Humano, Sandra Pettovello, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Comunicación y Prensa, Belén Stettler; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili y José Rolandi, vicejefe de Gabinete.
