Javier Milei decidió convertir a la estatal Yacimientos Carboníferos Río Turbio en una Sociedad Anónima por decreto y así avanzar con la privatización de la empresa, una política que el Gobierno también evalúa impulsar con otros 60 organismos estatales.
Luego de comenzar el proceso de conversión a Sociedad Anónima del Banco de la Nación Argentina, el Gobierno de Javier Milei publicó el decreto 115/2025 para hacer lo mismo con la minera Yacimientos Carboníferos Río Turbio, con la intención de venderla a uno o varios privados.
Cabe recordar que la empresa estatal fue una de las 9 entidades que La Libertad Avanza logró incluir en la lista de organismos susceptibles a ser privatizados de la Ley Bases, a diferencia del Banco Nación.
El texto publicado en el Boletín Oficial lleva las firmas del mandatario; el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el Ministro de Economía, Luis Caputo. Sin embargo, el encargado de la política de privatizaciones del gobierno es Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y hombre de confianza de Santiago Caputo.
De esta forma, se decreta la transformación del “Yacimiento Carbonífero de Río Turbio de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos en “la sociedad Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima”.
Además, se sitúa al nuevo organismo bajo la órbita del Ministerio de Economía. Puntualmente, el paquete accionario quedará en un 95% en manos de la Secretaría de Energía, mientras que el restante 5% pasará a la Secretaría de Minería, ambas dependientes de la cartera de Caputo.
En cuanto al personal que actualmente trabaja en el sitio, indicaron que la sociedad mantendrá “una vinculación laboral de Derecho Privado“. Es decir, que los empleados estarán sujetos a la Ley de Contrato de Trabajo.
Relación con el Gobierno de Claudio Vidal
A diferencia de lo ocurrido con el Banco Nación, cuya conversión en Sociedad Anónima había sido anunciada por sorpresa en medio de una serie de comunicaciones oficiales destinadas a quitar el foco de atención de los medios del cripto escándalo que involucra al Presidente, en este caso la empresa estaba en la mira desde el principio de la gestión libertaria.
Cabe remarcar que el decreto no implica la privatización inmediata, aunque según trascendió son 3 los grupos interesados en quedársela. Según el economista Hernán Letcher, uno de los principales interesados es el empresario Eduardo Eurnekian. “Quiere quedarse con el interconectado” y “cerrar la planta de carbón”, comentó a través de redes sociales.
Por otro lado, en este caso Francos se encargó de poner al Gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, al tanto de los planes del Estado Nacional. Es que en esa provincia se encuentra el yacimiento dedicado a la explotación de la mina desde mediados del siglo pasado.
A ambos funcionarios no solo los une una buena relación, sino que en Casa Rosada quieren evitar comprarse un nuevo conflicto con el santafecino, cuyos legisladores podrían aportar los votos que Milei necesita para aprobar medidas en el Congreso.
Entre tanto, Vidal logró que el Gobierno Nacional nombre a uno de sus hombres, Pablo Sebastián Gordillo Arraigada, como interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio a fines del año pasado, luego de que la Jefatura de Gabinete despidiera a Thierry Decoud, quien había quedao envuelto en un escándalo por el pedido de coimas a una empresa israelí.
La estrategia del santacruceño sería hacerse cargo políticamente para tener injerencia en el proceso de transformación de la entidad, según comentan desde su entorno. El plan sería que la provincia se quede con la mina y la central pase a manos privadas.
La situación de la empresa estatal
El complejo de extracción y explotación de carbón cuenta no solo con la mina, sino con dos centrales de generación de energía, una de 21 MW para uso interno, y una central termoeléctrica conectada al Sistema Interconectado Nacional desde 2015, de 240 MW.
Esta última fue fruto de las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, cuyas numerosas inversiones en el área llevaron a que en 2013 la empresa multiplicara en un 250% su producción con respecto a 2011.
Sin embargo, en los últimos años la empresa tuvo un fuerte incremento en su plantilla de trabajadores (2.100 empleados) que el gobierno considera desproporcionada y su producción no está en sus niveles ideales. Así lo dieron a conocer a través de un informe de la Sindicatura General de la Nación.
Al cierre del tercer trimestre de 2024, indicaron que la empresa tuvo un saldo negativo de 8.728 millones de pesos pese a haber recibido fondos del estado por 53.837 millones. Además, en los primeros nueve meses del año tuvo un déficit operativo de 62 mil millones.
El primer paso hacia la privatización será el “saneamiento” de las cuentas. Es decir, presentar balances contables de la entidad a la Inspección de Justicia y modificar reglamentos internos, entre otras medidas.
En ese sentido, se dispuso un plazo de 60 días (prorrogable por otros 30) para que la entidad eleve un presupuesto para el año en curso “reduciendo a lo estrictamente indispensable los aportes que el Tesoro nacional habrá de transferir para cubrir las necesidades financieras que no pudieran cubrirse con recursos genuinos de la sociedad” y un plan de inversiones.
Según deslizaron en Casa Rosada, ya hay interesados en comprar la mina y que estarían dispuestos a poner 400 millones de dólares sobre la mesa de negociaciones. Sin embargo, hace apenas un meses la firma no pudo subastar 30 mil toneladas de carbón a través del Banco Ciudad por falta de oferentes.
Además, fuentes gremiales afirman que tienen acopiadas 45 mil toneladas en el Puerto de Punta Loyola, pero que diferentes intervenciones impidieron que se concreten los negocios.
Desde la ATE regional proponen que la empresa pase a manos de los trabajadores y denuncian que “2024 fue un año de ajuste y vaciamiento”. “Hoy el ajuste está potenciado por el intento privatizador“, completaron.
Milei tiene en la mira otras 60 empresas del Estado
Sin embargo, no sería la única avanzada planeada por el Gobierno, que según La Nación ya tiene en la mira otras 60 empresas, “unidades productivas” y “unidades de negocios”. Las dos alternativas que maneja Milei son privatizarlas, cerrarlas, o que las adquieran las provincias.
Esta política de transformarlas en Sociedades Anónimas obedece a la idea de que implican “ordenamiento de cuentas”, ya que implican “balances de inventarios, administraciones más responsables, estándares de transparencia y saneamiento de déficits, así como rendir cuentas ante la Inspección General de Justicia”.
De fondo, la idea es ponerlas a punto para avanzar con su venta y los libertarios se escudan en la reducción de déficit como bandera para justificar las privatizaciones. “No acompañan los esfuerzos que se están haciendo para bajar la inflación“, aseguran.
Asimismo, según parece no están dispuestos a detenerse en las empresas acordadas en la Ley Bases, y también esperan avanzar en el mismo sentido con Tandanor y el Correo Argentino, Enarsa, AySA, Intercargo y Sofse.
