¿Cómo se explica que el mismo gobierno que ignora la Ley de Financiamiento Universitario intente bajarles el precio a las movilizaciones aludiendo al respeto del “orden democrático”? Más allá de lo contradictorio, el relato libertario dejó expuesto el principal miedo de Javier Milei: La democracia representativa.
Cuando la democracia es solo ganar elecciones
Este martes 12 de mayo se llevó adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria, con convocatoria masiva en todo el país, incluida Bahía Blanca. El reclamo central fue el mismo de siempre: que el gobierno de Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso, que el Ejecutivo evita aplicar a como dé lugar — incluso elevó un recurso extraordinario a la Corte Suprema para seguir dilatando su implementación.
Pero la situación de las universidades ya es conocida, por lo que ésta es una buena oportunidad para analizar otro tema aledaño: la reacción del gobierno y su ecosistema comunicacional, porque estas idas y vueltas son también una disputa sobre qué formas de participación política tienen legitimidad.
El Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, es la voz oficial de Casa Rosada en esta disputa. Lo primero que dijo después de la movilización fue que “vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, y que “las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”.
Agregó que “los legisladores y el presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, acusó al vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional de ser kirchnerista y dijo que Milei vino a “salvar” al sistema universitario “de quienes se aprovechan de él”.
No todos los días los representantes del gobierno se escudan en el “orden democrático” para defenderse de cuestionamientos. El oficialismo insiste en que ganar una elección equivale a un cheque en blanco para implementar cualquier política.
Pero esa ecuación siempre dejó al Congreso afuera — porque la representación parlamentaria es más heterogénea y no se presta con tanta facilidad a la lógica de polarización que caracteriza a La Libertad Avanza.
Por eso es llamativo que Álvarez reconozca que los legisladores (también) se eligen en elecciones libres: porque lo que exigen las universidades es precisamente que se cumpla una ley que ese Congreso sancionó. Paradójicamente, está invocando la democracia representativa para ignorar uno de sus productos más concretos.
Detrás de las palabras del funcionario hay, sin embargo, una pregunta válida: ¿cuál es el valor de una protesta si las políticas públicas las deciden los representantes elegidos democráticamente? La respuesta más obvia es que sirve para visibilizar reclamos y ejercer presión. Pero hay algo más, que quizás sirva para entender por qué el gobierno sale a bajarles el precio.
La respuesta es que la protesta es también la forma en que una sociedad se hace visible para sí misma. Decenas de miles de personas comprueban que no están solas, que lo que sienten es compartido. Eso interrumpe el proceso de naturalización al que se tiende cuando las injusticias se repiten — y la naturalización es uno de los grandes aliados del oficialismo.
El otro es el aislamiento: la sensación de que uno es un individuo ajeno a la comunidad y, como tal, no puede hacer la diferencia, una idea que va perfectamente en línea con el credo libertario. No es casual que los comunicadores de Milei se quejen sistemáticamente de que quienes marchan por jubilados o discapacitados no pertenecen a esos colectivos. El argumento implícito es: si no te afecta directamente, ¿por qué marcharías?
Las marchas transversales vienen a romper exactamente eso. Y el intento constante de Casa Rosada de tildar las protestas de “políticas” o “kirchneristas” delata algo más: el temor a que esa identidad social — personas que defienden la educación pública, los jubilados, los servicios del Estado — derive en una identidad política con representación electoral. Ese parece ser el componente que más incomoda al gobierno.
Venden lo que funciona porque no les queda otra
Este martes también se oficializó la privatización de Transener, la empresa que transporta directamente el 85% de la electricidad generada en el país y fiscaliza el 15% restante. El grupo conformado por Edison Energía y Genneia ofreció 356 millones de dólares por las acciones de CITELEC S.A., que hasta ahora tenía el 52,65% de Transener y, por lo tanto, su control político.
Vale recordar que en 2007 el gobierno de Néstor Kirchner había recomprado el 51% de CITELEC a través de ENARSA para evitar que capitales extranjeros controlaran las redes de energía. Milei pretende privatizar la totalidad de ENARSA, y lo viene haciendo de a una empresa por vez — en la lista también figuran las cuatro Centrales Hidroeléctricas del Comahue y Nucleoeléctrica Argentina.
El jueves, el ministro Luis Caputo anunció el inicio del proceso de licitación para vender el 90% de las acciones de AySA — la empresa encargada del agua potable y el saneamiento cloacal en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El objetivo es transferir al menos el 51% del paquete societario, es decir, el control de la empresa.
La historia de AySA repite el patrón de Transener: privatizada en los ’90 como “Aguas Argentinas”, reestatizada en 2006 tras años de endeudamiento y desinversión. Una vez más, el Estado terminó resolviendo los problemas que habían generado las privatizaciones menemistas.
El relato oficial es que estas empresas son una carga para el Estado. Pero los números dicen otra cosa: en marzo, Transener informó una ganancia neta superior a 194.431 millones de pesos, un aumento del 110% respecto al ejercicio anterior. AySA cerró 2025 con un superávit de 237 mil millones de pesos y una reducción de deuda del 85%. En rigor, el Estado pierde plata con su venta. ¿Por qué lo hace entonces?
Porque el modelo económico orientado a atraer grandes capitales extranjeros no está funcionando. El BCRA publicó recientemente su balance de inversión extranjera directa y los números son elocuentes: en el cuarto trimestre de 2025, el saldo neto fue negativo en 4.687 millones de dólares — salieron más dólares de los que entraron. Es una anomalía: hacía 22 años que no ocurría algo así, desde 2003.
¿Y qué pasó con el RIGI, el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones aprobado junto a la Ley Bases en 2024? Esta semana se inauguró su primer proyecto: el Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, en Las Heras, Mendoza. La empresa responsable fue, irónicamente, YPF — la misma que Milei prometía privatizar hasta que se dio cuenta de que le resultaba políticamente útil.
Las privatizaciones de Transener y AySA, el RIGI y el Presupuesto 2026 son, en su mayoría, producto de concesiones parlamentarias — muchas vinculadas a la Ley Bases, aprobada por el mismo Congreso que sancionó la Ley de Financiamiento Universitario.
Lo que queda en evidencia no son solo las contradicciones del gobierno, sino también los alcances de la política representativa. Si bien el gobierno se empeña en hacer de cuenta que el Congreso no es representativo cuando no le conviene, lo cierto es que el Poder Legislativo es tan representativo como el Por Ejecutivo.
La pregunta que queda abierta entonces no es si el Estado puede gestionar bien una empresa de energía o de agua — los balances de Transener y AySA la responden solos. La pregunta es cómo canalizar nuestros intereses como sociedad en propuestas que genuinamente expresen los intereses de la ciudadanía en el Congreso.
