Organismos de Derechos Humanos exigen explicaciones a Luis Petri por la resolución que pone en riesgo documentación clave para las investigaciones sobre los delitos cometidos durante la última dictadura, y ya pidieron medidas cautelares desde H.I.J.O.S-Capital, la Fiscalía de Bahía Blanca y el CELS, entre otros.
Las autoridades de la Armada Argentina decidieron avanzar con la “depuración” de documentos preservados en el Archivo General de la Armada, a través de una resolución reservada que autorizó el traslado, selección e incluso la trituración de papeles.
La decisión encendió las alarmas en los organismos de Derechos Humanos, que alertaron sobre la importancia de la documentación por su valor histórico y remarcaron que podría afectar pruebas necesarias para avanzar con las causas por crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última dictadura.
Así lo indicaron desde Archivistas en Función Pública Argentina (AFPA), quienes difundieron un comunicado resaltando que “es urgente y necesario garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, ya sea porque contienen información única sobre la historia, la memoria institucional o porque están vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) enviaron un pedido de informes al Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri, y alertaron que la medida implica un “ataque a la democracia“, al tiempo que enmarcaron la situación en el ataque del Gobierno de Javier Milei a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
Es que entre los documentos hay elementos clave para la investigación sobre los crímenes en el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y su pérdida podría afectar los juicios que se tramitan en Bahia Blanca y Mar del Plata, donde la armada estuvo involucrada en secuestros, torturas y desapariciones.
La situación motivó que presentaran reclamos el abogado Pablo Llonto, H.I.J.O.S-Capital, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal bahiense Miguel Palazzani y Pablo Vicente Fermento, Auxiliar Fiscal de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado de Bahía Blanca.
Por lo pronto, la jueza a cargo del juzgado donde se tramita la megacausa ESMA, María Eugenia Capuchetti, habilitó la feria judicial para tratar el pedido de “no innovar” impulsado por Llonto e H.I.J.O.S. Sin embargo, no dictó una medida cautelar, sino que demoró la resolución para cuando termine el receso y el juez Ariel Lijo retorne a su despacho.
El pedido a Capuchetti y la respuesta de la jueza
Este miércoles H.I.J.O.S-Capital había realizado un pedido formal para que se habilite la feria judicial para tratar la cuestión y que se impulsara la orden de “no innovar”, lo que frenaría la orden de la Armada para trasladar y destruir archivos.
El escrito firmado por la abogada Flavia Fernández Brozzi indica puntualmente que se solicita la “habilitación de feria a fin de requerir a Ud. que dicte medida de no innovar en relación con el acervo documental existente en el Archivo General de la Armada, atento el riesgo grave e inminente de que se pierda prueba esencial para la investigación de los hechos objeto de esta causa”.
Algo similar había hecho Llonto el martes pasado, cuando realizó el mismo pedido “atento la necesidad de acceder a la jurisdicción en forma rápida e inminente, a efectos de que el transcurso de tiempo que demande la mencionada feria no afecte la protección del acervo probatorio y documental obrante en el ARCHIVO DE LA ARMADA, dependiente del Ministerio de Defensa de la Nación“.
Asimismo, el abogado solicitó que se dicte una medida cautelar “para que no se vea afectado el trabajo de búsqueda y remisión de documentación obrante en ese ARCHIVO que ha sido requerida en las últimas semanas de 2024 por el Juzgado Federal 12 de Capital al citado Archivo de la Armada y al Ministerio”. En el texto, se hace un pedido extensivo tanto a Petri como al jefe de la Armada para:
“No alterar la situación de hecho o de derecho del ARCHIVO donde obra el contenido del todo el archivo de la Fuerza, Legajos, documentos de Inteligencia, reglamentos, fotografías, planos, organigramas, informes y otros del período 1976-1983 y los posteriores reclamos o investigaciones realizadas por delitos de lesa humanidad cometidos por personal de la ARMADA en la dictadura”.
Ahora, la jueza Capuchetti (a cargo del juzgado federal N° 12 de la Capital Federal) decidió habilitar la feria judicial para tratar ambos pedidos, aunque solo en parte, ya que no dictó una medida cautelar.
En cambio, y pese a la urgencia de los organismos de Derechos Humanos por proteger la documentación, decidió demorar la resolución hasta que termine el receso y Lijo retorne al juzgado, algo que ocurrirá recién la próxima semana.
En la resolución, Capuchetti da “por recibidos” los expedientes presentados, y agregó: “Fórmese incidente de medidas cautelares con las constancias pertinentes y a fin de que se expidan sobre la cuestión planteada, córrase vista de manera simultánea a las querellas y al señor fiscal“.
Esta decisión no fue bien recibida por los organismos, que explicaron que podría haber resuelto ella (corriendo vista por 24 horas y luego resolviendo el viernes) en lugar de dar intervención al Ministerio Público Fiscal.
La fiscalía de Bahía Blanca también pidió una medida cautelar
Cabe recordar que en la ciudad de Bahía Blanca se tramita la Megacausa Zona 5, el juicio el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la historia de la Provincia de Buenos Aires.
Esto explica la importancia de proteger los archivos de la Armada. En este sentido, Miguel Palazzani y Pablo Vicente Fermento, del Ministerio Público Fiscal, exigieron a la justicia federal local que dicte una medida cautelar de “no innovar”.
Palazzani ya había dado cuenta de cómo “Bahía Blanca fue un centro de exterminio para la Armada” durante anteriores juicios que se realizaron en la ciudad. En el escrito presentado, los fiscales explicaron que:
“La medida solicitada es atinente a la presente causa y a sus conexas, ya que la documentación en riesgo constituye material probatorio imprescindible para el desarrollo de esos procesos. Nos estamos refiriendo puntualmente a todas las actuaciones que involucran la intervención de unidades y personal de la Armada Argentina“.
“Cabe tener muy presente que la documentación afectada por la resolución bajo cuestionamiento corresponde al Archivo General de la Armada (AGA), es decir, atinente a toda la estructura de dicha fuerza”, agregaron, “lo que abarca a las unidades bajo cuya órbita se cometieron los delitos investigados en las causas reseñadas. En estas condiciones, corresponde a esta fiscalía, y por consiguiente a ese magistrado, velar por la debida conservación de dicho material probatorio“.
Finalmente, los fiscales remarcaron, “sin perjuicio de la eventual responsabilidad penal en juego de parte de los funcionarios que intervengan en los actos de destrucción de estos documentos”, que “de acuerdo a la amplia jurisprudencia de los tribunales internacionales y regionales dicha responsabilidad es extensiva a los funcionarios que toleren y presten aquiescencia a tales prácticas”.
El reclamo del CELS para proteger la documentación
Por su parte, el reclamo del CELS expresó su preocupación por la “decisión de autoridades de la Armada Argentina de destruir documentos bajo la guarda del Archivo General de la Armada“, y solicitaron:
“Que se dicte una medida de no innovar a fin de resguardar toda la documentación existente, de cualquier tipo, relativa al período comprendido entre 1976 y 1983, en tanto podría resultar prueba fundamental en esta causa“.
Puntualmente, indicaron que la decisión pone en riesgo legajos; memorias anuales; partidas de matrimonio, nacimiento y defunción; historias clínicas; expedientes de Justicia Militar; Manuales y reglamentos derogados; Boletines Navales; leyes, decretos, resoluciones y disposiciones; y “Documentación histórica”.
Al respecto, señalaron que “esta documentación resulta fundamental para conocer el modo de funcionamiento de las Fuerzas Armadas en el período 1976-1983, lo cual constituye prueba decisiva en las causas por delitos de lesa humanidad“.
A continuación, dieron algunos ejemplos de su importancia. “El análisis realizado por el Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas sobre la Aviación Naval sirvió como base para la acusación de los pilotos que participaron en los vuelos de la muerte”, apuntaron.
“El aporte primordial en este caso surgió de aquella documentación que permitía recomponer las estructuras vigentes en la época y los procedimientos formales establecidos para el componente aeronaval, su personal y sus aeronaves”, agregan.
Asimismo, se recordó el caso Colquhound, que estuvo atravesado por “un expediente guardado en un cuarto secreto de la Armada, que fue descubierto por el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa” y que daba cuenta del “robo de bienes en una casa de personas que habían sido secuestradas por un grupo operativo“.
“A través de las Memorias Anuales podemos conocer las funciones de los distintos departamentos de la Escuela en tanto instituto de formación, y también ayudan a comprender cómo éstos fueron puestos al servicio de las necesidades operativas del GT3.3. La Memoria Anual de la ESMA de 1977 brinda información valiosa sobre el aporte de cada departamento de la Escuela en tareas operativas“, completaron.
“Es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos”
Desde ATE también se manifestaron al respecto y a través de un reclamo formal exigieron explicaciones a Petri sobre cuáles serían los criterios para el operativo de “depuración” de los documentos, al tiempo que pidió que se conserve en condiciones
Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, indicó que “40 años después se proponen seguir destruyendo pruebas”. “Los genocidas festejan, lograron un Gobierno que pretende garantizarles impunidad y legitimar sus crímenes atroces. Se están vulnerando todas las leyes vigentes en nuestro país“, comentó, al tiempo que agregó:
“No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”.
El dirigente también mencionó que “esta decisión es un nuevo ataque a las políticas de derechos humanos”. “No es solo por su carácter de negacionistas, detrás de esto hay una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura de quienes piensan distinto para disciplinar en el presente”, añadió, “tenemos que impedirlo”.
Puntualmente, la presentación responsabiliza al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, y al propio Ministro Petri. En ese sentido, se exige saber si se dio intervención al Archivo General de la Nación.
Valeria Taramasco, Secretaria de Derechos Humanos de ATE Nacional, apuntó que “esta decisión forma parte de una política de ataque a los Derechos Humanos en general y a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en particular”.
“Desde el cierre del INADI, el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, el intento de cierre de los sitios de la memoria, y el despido de sus trabajadoras y trabajadores. Entonces esto que están haciendo ahora es gravísimo, porque además de desmantelar el equipo de profesionales que analizaba esos archivos y los preservaba, ahora directamente apuntan a su destrucción”, completó.
Además, nos preguntamos, ¿a cargo de quiénes queda la selección de los archivos a depurar y triturar? No sea cuestión que quede a cargo de los mismos que quieren ocultar la verdad sobre los crímenes cometidos durante el terrorismo de estado y garantizar la impunidad a sus perpetradores”.