La Justicia ordenó a Milei que garantice el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos tras la denuncia de Abuelas

La Justicia dictó una medida cautelar para exigirle al Gobierno de Javier Milei que garantice los fondos para el funcionamiento del Banco de Datos Genéticos, crucial para identificar bebés robados durante la dictadura, luego de que Abuelas de Plaza de Mayo denunciara el ahogo presupuestario.

El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo crucial para identificar a los bebés robados durante la dictadura cívico-militar, está en riesgo de paralizarse debido a un severo ahogo presupuestario impuesto por el gobierno de Javier Milei.

Frente a esta situación, la Justicia intervino y ordenó al Gobierno, específicamente al Jefe de Gabinete Manuel Adorni, que garantice de manera inmediata los fondos y las condiciones necesarias para su funcionamiento, advirtiendo que el material genético que alberga es “único e irrepetible”.

Abuelas de Plaza de Mayo denunció los recortes

El BNDG acumula en la actualidad alrededor de 32.000 muestras biológicas vinculadas en su mayoría a causas de lesa humanidad y a la búsqueda de personas desaparecidas.

Entre ellas se encuentran más de 1.000 perfiles genéticos de madres que buscan a sus hijos arrebatados durante la dictadura, además de los de personas que dudan de su origen y familias que buscan niños y niñas desaparecidos.

A lo largo de casi cuatro décadas de trabajo, el organismo logró resolver 140 casos de niños desaparecidos y permitió reunir a hermanos y madres con sus hijos en situaciones no vinculadas directamente al terrorismo de Estado.

Sin embargo, la asignación presupuestaria proyectada para el ciclo 2026 alcanza apenas poco más de la mitad de lo que el propio organismo estimó necesario para cubrir sus costos básicos. Esa brecha pone en riesgo áreas que van desde la seguridad y el mantenimiento edilicio hasta la conservación de los laboratorios.

La directora del BNDG, Mariana Herrera Piñero, informó a distintos tribunales federales que la situación es crítica: servicios esenciales como limpieza, vigilancia y mantenimiento están próximos a vencer sin crédito disponible para renovarlos.

En ese contexto, advirtió que el organismo podría verse imposibilitado de realizar pericias genéticas requeridas por la Justicia. “No podremos llevar adelante medidas judiciales de toma de muestras biológicas estrictamente por cuestiones presupuestarias”, señaló en la nota enviada a los juzgados.

Una masiva multitud colmó la Plaza de Mayo en el Día de la Memoria al grito de “que digan dónde están”

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También advirtió que sin refrigeración o climatización adecuadas, podrían alterarse las condiciones técnicas indispensables para la validez de los procesos periciales, con consecuencias potencialmente irreversibles sobre pruebas judiciales que llevaron más de cuarenta años construir.

Abuelas de Plaza de Mayo emitió un comunicado en el que denunció el desfinanciamiento y lo inscribió en una serie de ataques que el gobierno de La Libertad Avanza ha dirigido contra el BNDG desde la asunción de Milei.

Primero, recordaron que a través de la Ley Bases se intentó abrir las puertas a su modificación o disolución; luego se intentó avanzar sobre el organismo mediante el Decreto N° 351/2025, que establecía su intervención de hecho y fue derogado. Según Abuelas, el recorte presupuestario actual sería el tercer intento de dejar al organismo sin operatividad.

“El desfinanciamiento del BNDG podría generar un daño irreversible para la restitución de los nietos y nietas apropiados en dictadura, pero también para las nuevas búsquedas que se han ido incorporando a lo largo de estos años de ampliación del derecho a la identidad”, expresó el organismo. Y concluyó:

Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos”.

La Justicia ordenó a Milei que garantice los fondos

Ante la denuncia de Abuelas y las advertencias de los fiscales especializados, el Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata N° 1, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, dictó una medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a actuar de forma inmediata.

La resolución le ordena al Jefe de Gabinete Adorni que “disponga de manera inmediata todas las medidas administrativas y las asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos”.

Esto incluye “la preservación del Archivo Nacional de Datos Genéticos, mantenimiento de la cadena de custodia de las muestras biológicas bajo su guarda, las adecuadas condiciones de higiene y seguridad física e informática, condiciones ambientales, insumos críticos y toda otra medida necesaria”.

En su fundamentación, Ramos Padilla subrayó que el BNDG es el perito oficial exclusivo establecido por la Ley 26.548 para la obtención, almacenamiento y análisis de información genética en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad.

además, indicó que el Estado argentino mantiene obligaciones internacionales de garantizar tanto la investigación judicial como la preservación de la verdad histórica. También estableció que la afectación de las condiciones de conservación podría generar consecuencias irreversibles sobre elementos probatorios en causas judiciales en trámite.

La cautelar fue impulsada por fiscales especializados, entre ellos el fiscal general Pablo Parenti, de la Unidad Especializada Para Casos de Apropiación de Niños Durante el Terrorismo de Estado, junto a Gonzalo Miranda y los fiscales auxiliares Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira.

Además de la orden de financiamiento, Adorni deberá presentar en un plazo de cinco días un informe concreto sobre la situación del organismo y el interés público comprometido.

La ONU denunció un “retroceso alarmante” en las políticas de DDHH desde la asunción de Milei

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