El Gobierno no cerrará el Banco de Datos Genéticos para asegurarse los votos de la UCR en Diputados

El Gobierno aclaró que no avanzará contra el Banco Nacional de Datos Genéticos, respondiendo a un pedido de la UCR en la previa del tratamiento de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció a través de una de sus conferencias de prensa que el Estado preservará el organismo creado durante la presidencia de Raúl Alfonsín dedicado a identificar a los niños robados durante la dictadura.

La medida había recibido críticas por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Sin embargo, Adorni aseguró que la decisión se produce “ante el pedido del diputado De Loredo, el Gobierno tomó el compromiso de no avanzar en nada del Banco Nacional de Datos Genéticos”.

El artículo en cuestión

El artículo que generó tensiones fue el número 3, presente en el dictamen de mayoría de la Ley Bases. A través de este apartado, se faculta al Poder Ejecutivo a disolver organismos según lo decida Javier Milei.

“Entre los organismos sujetos a potencial disolución por parte del Poder Ejecutivo Nacional se encuentra el BNDG“, advirtieron desde el radicalismo, “así surge del dictamen de mayoría de la Ley Bases, que en su artículo 3 no explicita la situación futura del Banco, poniendo en riesgo su existencia“.

Estamos a tiempo de defender el BNDG en el recinto, honrando nuestros más preciados valores”, completa el comunicado.

 

La diputada radical Danya Tavela también manifestó su preocupación al respecto, indicando a través de sus redes sociales que:

“Algunos legisladores radicales se manifestaron en disidencia con ese artículo. Lo hicieron después de pedir insistentemente que el BNDG y otros organismos fueron excluidos de la lista de organismos que pueden ser disueltos, a lo que el bloque oficialista se negó sistemáticamente”.

 

El Banco Nacional de Datos Genéticos

El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado en 1987 por el Congreso de la Nación, a través de la ley 23.511, y permitió la identificación de alrededor de 100 niños apropiados durante la época del terrorismo de Estado.

En 2009, a través de la ley 26.548, se le dio el carácter de organismo autónomo y autárquico en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

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