Un fallo de la Justicia Federal suspendió el decreto de Javier Milei que buscaba disolver Vialidad Nacional y desde Casa Rosada ya anunciaron que apelarán la decisión, mientras la oposición en el Senado busca impulsar una ley para frenar el cierre del organismo.
La Justicia Federal suspendió la aplicación del decreto de Javier Milei que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, tras una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). La decisión judicial pone en pausa el cierre de un organismo con más de 93 años de historia que emplea a 5.245 trabajadores en todo el país.
El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno apelará la suspensión del decreto que determinaba la disolución del organismo. Mientras tanto, senadores peronistas impulsan un proyecto para declarar la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años y blindar la institución ante futuras decisiones del Ejecutivo.
La avanzada contra Vialidad Nacional
El 8 de julio, el Gobierno nacional formalizó el decreto 461/2025 que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, como parte de un paquete de medidas implementadas antes del vencimiento de las facultades delegadas que tenía el presidente Javier Milei hasta el 9 de julio. La decisión también contemplaba la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas.
Durante una de sus cada vez menos recurrentes conferencias de prensa, Adorni intentó justificar la medida asegurando que “este organismo se inventó para simplificar la corrupción“, aunque no respondió cómo se llevará adelante el mantenimiento de las rutas nacionales, que desde hace más de un año se vienen deteriorando en todo el país por la falta de financiamiento.
Según el vocero, la Justicia halló “maniobras fraudulentas” mediante la “adjudicación de contratos públicos amañados, la ejecución anticipada de adelanto financieros millonarios sin justificación, el abandono de obras sin penalización y las ampliaciones injustificadas de plazos”. “No se construyeron las rutas y la plata se la quedaba igual“, denunció.
El traspaso de funciones del organismo estaba previsto hacia el Ministerio de Economía y la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, distribuyendo las responsabilidades entre dos unidades organizativas: una en la órbita de la Secretaría de Transporte y otra en la Secretaría de Obras Públicas.
El Gobierno alegó que con la disolución del organismo generaría un ahorro anual de 100 millones de dólares para el Estado Nacional y adelantó que el Gobierno daría apertura a la licitación de 9.120 kilómetros de ruta.
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La decisión judicial que frenó el cierre
Sin embargo, este jueves la jueza federal Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2, hizo lugar a la medida cautelar presentada por el SEVINA y suspendió la aplicación del decreto presidencial.
La magistrada fundamentó su decisión en que la Ley Bases (N° 27.742) no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como Vialidad Nacional, que además fue creado por ley hace más de 93 años.
El fallo de nueve páginas advirtió sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podía generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.
Para la magistrada se constituyó un “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” que “puede derivar en un perjuicio efectivo”. Forns destacó que el artículo 32 del decreto cuestionado condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, en violación de los convenios colectivos de trabajo vigentes y normas de jerarquía constitucional.
La jueza señaló también que toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, que patrocinaron la presentación del sindicato, reclamaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto por “ilegalidad y arbitrariedad manifiesta”.
Argumentaron que el artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe la delegación legislativa al Ejecutivo, salvo en algunas excepciones y por un límite determinado de tiempo, y que la eliminación de la DNV no puede ser vía decreto ni por facultades delegadas.
El amparo sindical reclama que, en caso de sostenerse el cierre del organismo, los 5.245 trabajadores sean absorbidos por otras reparticiones con los mismos derechos, condiciones, antigüedad y beneficios. La medida cautelar busca que mientras avance el expediente judicial se garantice el cobro de salarios y la continuidad laboral.
En paralelo, la justicia laboral de CABA se declaró incompetente ante otro amparo presentado por el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina. El titular del Juzgado del Trabajo 23, Pablo Candal, dispuso la remisión del expediente al Fuero Contencioso Administrativo Federal por tratarse de una cuestión vinculada con la Administración Pública Nacional.
El Senado busca blindar Vialidad Nacional
Los senadores nacionales peronistas del bloque Convicción Federal presentaron un proyecto para declarar la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años, considerando a Vialidad Nacional como “ente público de carácter estratégico”.
La propuesta cuenta con las firmas de Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy), Fernando Rejal (La Rioja) y Guillermo Andrada (Catamarca). “El objetivo es cuidar las vidas que transitan por nuestras rutas argentinas”, explicaron en un comunicado.
Los senadores también remarcaron la necesidad de “evitar que el transporte de nuestros productos circule en riesgo y garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la Red Vial Nacional, que quedaron canceladas desde diciembre de 2023, mitigando el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional”.
Cabe señalar que la falta de mantenimiento de las rutas nacionales viene causando malestar incluso entre los gobernadores cercanos al Gobierno, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien optó por emplazar señalización marcando las intersecciones entre las vías provinciales y nacionales, y responsabilizando a Milei por su deterioro.
En cuanto a la medida que avanza en la Cámara Alta, los senadores señalaron que “la red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”.
La iniciativa contempla un relevamiento integral del estado de las rutas nacionales, con un plan preventivo y correctivo, protocolos frente a emergencias y la fijación de estándares mínimos de mantenimiento de infraestructura.
Además, propone ampliar el presupuesto de Vialidad Nacional, plantea alternativas de financiamiento específico y exceptúa al organismo de los alcances del decreto 70/2023 para evitar su transformación como sociedad anónima.
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El costo de la falta de inversión
El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, cuestionó el cierre de Vialidad Nacional y la concesión en manos privadas de los 9.120 kilómetros de rutas.
Aseguró que “se entró en un nuevo mundo desconocido” y puso en duda la aplicación de la medida. “No tenemos idea de cómo van a ser los próximos pasos ni cómo va a funcionar (la medida)”, señaló a la vez de resaltar que “en todos los países hay un organismo como Vialidad” aunque en Argentina “está todo concentrado”.
Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción, el mantenimiento anual del sistema vial, nacional y provincial, tiene un valor de 4.213 millones de dólares. Sin embargo, recuperar una infraestructura deteriorada implica un desembolso de hasta 40.773 millones de dólares, lo que evidencia el costo exponencial de la falta de inversión preventiva en el sistema vial.
La suspensión judicial del decreto abre paso a una serie de potenciales apelaciones de otros entes autárquicos relacionados con la ciencia, la cultura y la salud que también podrían verse afectados por medidas similares.
Mientras tanto, el organismo con presencia en todo el territorio argentino —el octavo país del mundo en extensión territorial— mantiene su funcionamiento bajo la protección de la medida cautelar, en espera de la resolución definitiva del conflicto legal y político que se desarrolla en torno a su futuro.
Para contextualizar la gestión de Milei, basta con señalar que la inversión en obra pública cayó en un 77,3% en 2024, en comparación con las cifras de 2023. Se trata del registro más bajo desde 2002.
Según un estudio de la Cámara Argentina de la Construcción, el Valor de Reposición del Capital de Infraestructura de uso público oscila en 2,56 veces el PBI, mientras que el Valor Actual de la Infraestructura de uso público en el país, depreciada se calcula 1,14 veces el PBI.
En otras palabras, para reconstruir la infraestructura deteriorada será necesario invertir 1.4 billones de dólares, según los cálculos del organismo que preside Gustavo Weiss. Hasta ahora, el Estado Nacional no explicó cómo se supone que convencerá a inversionistas privados de hacerse cargo de las obras.
