La Junta Electoral le bajó la lista a Quintela, quien amenaza con judicializar la interna del PJ

La Junta Electoral del PJ rechazó la lista de Ricardo Quintela por irregularidades en la presentación de avales, y desde el entorno del riojano denunciaron que los avales faltantes fueron robados y adelantaron que llevarán el caso a la Justicia ordinaria, algo que podría terminar con la intervención del partido.

La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) emitió una nueva resolución este domingo en la que decidió rechazar la lista del Gobernador Ricardo Quintela, “Federales, un grito de corazón”, por lo que las elecciones internas agendadas para el 17 de noviembre tendrán una única lista: “Primero la patria”, liderada por Cristina Kirchner.

La decisión del organismo electoral ocurre poco después de que los liderados por Quintela denunciaran que se había favorecido a la lista de la expresidenta, espacio desde el que habían denunciado irregularidades en la lista del riojano.

“Esta Junta Electoral, ha actuado con la imparcialidad correspondiente al proceso electoral en curso, toda vez que ambas listas plantearon todos los recursos, presentaciones y manifestaciones que le vinieron en ganas, dentro y fuera de los plazos correspondientes”, argumentaron desde la Junta electoral.

Por otro lado, indicaron que al espacio “le fue otorgado un plazo mayor al establecido en el cronograma electoral, el que hubiera operado el día 25 de octubre pasado” para corregir las irregularidades denunciadas.

En este contexto, la Junta decidió no oficializar la lista, ratificando que no cumple con los requisitos reglamentarios, principalmente en relación a la cantidad y distribución de avales. Sobre este último punto, indicaron que se exige que los avales de los distritos presentados no superen el 25% del total, algo que tampoco se cumplió en la lista de Quintela.

Desde el entorno del riojano rechazaron la decisión y adelantaron que tienen pensado judicializar el caso. Los liderados por el riojano insisten en que la junta se desenvolvió de forma parcial y aseguran que los avales faltantes fueron robados por La Cámpora.

Resolución de la junta electoral

Cronología de la decisión de la Junta Electoral

Cabe recordar que el sábado pasado la Junta había emitido un fallo en el que habilitaba la lista de la Expresidenta, al tiempo que otorgaba un plazo de 24 a la lista “Federales” para enmendar los problemas señalados. Ese plazo se venció el domingo a las 11 horas, lo que derivó en la decisión de inhabilitar definitivamente a los liderados por el riojano.

Durante el fin de semana, tanto el gobernador como sus apoderados se habían pronunciado duramente contra la decisión. En particular, Quintela había denunciado que “privatizaron el partido” en un comunicado que publicó poco antes de que se conociera la decisión.

Ese mismo día, el dirigente del PJ porteño y apoderado de la lista de Cristina Kirchner, Juan Manuel Olmos, había llamado a Quintela en dos oportunidades para convencerlo de que bajara su lista y se evitara la interna, al tiempo que le adelantó tanto a él como a la expresidenta la resolución de la Junta.

Al respecto, explicó que “en esa charla, a ambos les dije que debía hacerse un último esfuerzo para hacer la unidad. Ambos me dijeron que sería lo ideal pero no pasó de ese comentario“.

Olmos también reveló que el riojano se habría comprometido a evaluar la posibilidad de impulsar una lista de unidad si se postergaba la elección, algo que finalmente no ocurrió, ya que la Junta Electoral ratificó la fecha programada.

Entre tanto, una vez confirmada la decisión, desde “Federales” volvieron a insistir en el reclamo para que habiliten la lista, acusando al órgano electoral de utilizar “argumentos totalmente incorrectos y fuera de término“.

Quintela denuncia robo de avales y amenaza con judicializar

Desde el espacio del riojano aseguran que el sábado 19 de octubre antes de la medianoche presentaron 73 mil avales en tiempo y forma en el local del PJ de la calle Matheu, al tiempo que acusan a sus rivales de sustraer los avales “por negligencia o acto doloso”.

Por eso, Daniel Llermanos (uno de los apoderados, junto a Jorge Yoma y Sandra Vanni) adelantó durante el fin de semana que harán “una serie de reclamos en la Junta Electoral” y que preparan una denuncia ante la justicia ordinaria, ante la posibilidad de que se hayan “cometido delitos por falta de custodia o si se han robado los avales”.

Según explicó, se trata de un “caso de robo común“, y por eso explicó que se presentará ante la comisaría más cercana al local del PJ para exigir que se inspeccione el local y se tome declaración a los empleados.

Llermanos incluso deslizó que los avales podrían haber sido quemados “en un asadito de La Cámpora” que se habría realizado el 20 de octubre. “Yo personalmente fui al día siguiente para llevar la documentación de un candidato que renunciaba y sustituirlo por otro”, comentó “y me encontré con una fiesta gigantesca que se organizó en el quincho”.

Las cajas (con los avales de Quintela) estaban sin ningún tipo de faja ni de cerramiento”, aseguró, al tiempo que responsabilizó a Olmos. “Olmos mandó un comunicado sin haber informado a nuestra lista que teníamos irregularidades”, indicó, “es el auditor general de la Nación. No me parece correcto que sea apoderado de la otra lista, porque esto implica un peso y una influencia inaceptable en el proceso electoral“.

La reacción ante la denuncia

Al enterarse de los reproches de los liderados por Quintela, el apoderado Eduardo López Wesselhoefft destacó el “trabajo de conteo muy puntilloso que está documentado” que se realizó para verificar los avales, y restó importancia a la denuncia:

Me parece muy pobre el argumento de que los avales se los robaron. Yo entiendo la situación de ellos, pero no han cumplido con los avales, entre otras cosas que están detalladas en la resolución de la Junta”.

Al respecto, puntualizó que de los 70.531 avales que figuraban en los Excel entregados sólo 48.751 eran válidos, ya sea por inexistencia de documentos, errores en los DNI y errores en las firmas.

Lo que van a empezar a decir es que nunca quisimos hacerlas (las internas) pero la verdad es que estuvimos trabajando en la organización, con un equipo ocupado en el despliegue de urnas por todo el país”, lamentó.

Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti comentó que “a esta altura me parece que no quieren competir porque no tienen candidatos, avales ni votos. Por eso buscan judicializar”. La dirigente de La Cámpora había dicho durante el fin de semana que “estamos esperando que la lista de Quintela pueda llenar los avales que le faltan“.

Veo una inconsistencia total en la presentación de anoche, me parece increíble que lleven 6 meses recorriendo el país y no hayan conseguido los avales”, observó.

La jueza Servini podría intervenir el PJ

Lo cierto es que, en caso de concretarse la denuncia ante la justicia, ésta terminaría en el despacho de la jueza federal con competencia electoral María Romilda Servini de Cubría, quien no está interesada en lidiar con la interna y no descarta directamente intervenir el partido. La situación tendría como principal perjudicada a Cristina Fernández de Kirchner, quien se quedaría sin el cargo.

La situación tiene como antecedente lo ocurrido en 2018, cuando la jueza dictó la intervención del partido y puso a Luis Barrionuevo como interventor. Por entonces, el gremialista era cercano a Mauricio Macri.

Cerca del riojano advierten que “si nos proscriben, vaciamos el partido y la única responsable será Cristina y que en el PJ quede solo La Cámpora. Doña Florinda y Kiko solos con la vecindad”, dijeron. Según consignó el portal LPO, funcionarios de su entorno ya habrían tomado contacto con Servini.

Previendo la amenaza, desde el kirchnerismo también se comunicaron con la jueza, en una dirigencia que encabezaron Eduardo “Wado” de Pedro y Gerónimo Ustarroz.

En cualquier caso, la celebración de la interna ya viene enfrentando varios problemas, entre ellos, la financiación. La CGT ya habría garantizado una mitad de los fondos necesarios para llevar adelante la elección (alrededor de 400 mil dólares). Sin embargo, el resto depende del Gobierno Nacional, que no tiene pensado colaborar en absoluto con la financiación.

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