La Justicia de Nueva York volvió a fallar a favor de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, rechazando la apelación de Burford Capital para que se revise la sentencia y ratificando la posición que el país sostiene desde el inicio del Juicio.
La justicia de Nueva York volvió a fallar a favor de Argentina en el juicio por la expropiación de YPF: la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito rechazó el pedido de revisión presentado por Burford Capital, el fondo que encabeza la demanda contra el país, y dejó firme el fallo de marzo que había anulado la condena de más de USD 16.000 millones.
Este martes, el tribunal neoyorkino denegó el llamado “rehearing in banc”, un recurso de carácter excepcional mediante el cual Burford solicitaba que el caso fuera revisado por la totalidad de los jueces activos de la Cámara. El mecanismo se reserva para situaciones extraordinarias y, en la práctica, rara vez prospera.
Con este rechazo, los caminos judiciales de Burford en Estados Unidos se reducen a uno: apelar ante la Corte Suprema del país, para lo cual tiene un plazo de 90 días. Sin embargo, los especialistas consideran que las posibilidades son mínimas. El ex subprocurador del Tesoro Sebastián Soler explicó que:
“Tras la decisión de la Cámara de Apelaciones de NY, que rechazó recién su pedido de reconsideración, solo le queda una: apelar a la Corte Suprema (alerta de spoiler: 99.99% chance de que la Corte ni siquiera acepte considerar esa apelación porque el caso solo involucra derecho argentino y no está en juego ninguna cuestión constitucional o de suma relevancia institucional estadounidense)”.
Por su parte, el fondo ya anticipó que buscará avanzar con un reclamo ante el CIADI, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Lo cierto, es que agota sus opciones y son pocas las chances de que alguna de sus maniobras prospere.
Al final, no había problema con la expropiación
El fallo es también políticamente significativo. La expropiación de YPF fue llevada adelante en 2012 por Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, quien fue el principal impulsor de la operación y defendió en todo momento la legalidad del proceso durante años.
Esa posición contrasta con la que inicialmente adoptó Javier Milei, quien cuando se conoció el falló llegó a señalar públicamente que estaba dispuesto a pagar lo que el fondo reclamaba, tomando así partido por Burford. A esto se suman las expresiones previas del libertario, que aseguraba que privatizaría a la compañía.
Tras el fallo inicial, el libertario aseguró que su administración había marcado la diferencia. Sin embargo, su administración continuó con la misma estrategia de defensa judicial que habían sostenido los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández: cuestionar la jurisdicción estadounidense, impugnar la interpretación del derecho argentino y resistir la condena en todas las instancias.
La secuencia de fallos favorables valida, en los hechos, la postura que Argentina mantuvo de manera consistente durante más de una década de litigio, independientemente de qué gobierno estuviera a cargo de la defensa.
La justicia estadounidense anuló la condena por la expropiación de YPF y coincidió con la postura argentina
El largo camino hasta la sentencia favorable
El origen del litigio se remonta a 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner estatizó el 51% de YPF sin realizar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, entre ellos las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, controladas por la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park. Esa omisión fue el eje de la demanda.
El proceso judicial comenzó formalmente en 2015 ante la justicia federal de Nueva York. Con el tiempo, Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las empresas Petersen, luego de que estas cayeran en quiebra, y pasó a encabezar el reclamo.
En 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo adverso para Argentina: determinó que el Estado había violado el estatuto de YPF y ordenó pagar una indemnización superior a los USD 16.100 millones más intereses. Todas las partes apelaron.
En octubre de 2025 se realizó la audiencia oral ante la Cámara de Apelaciones, donde los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson escucharon los argumentos de ambas partes.
La estrategia argentina se apoyó en tres líneas: que el caso debía tramitarse ante la justicia local y no la estadounidense, que la jueza Preska había interpretado mal el derecho argentino, y (en forma subsidiaria) que el monto de la indemnización debía calcularse desde 2012.
El 27 de marzo de 2026, la Cámara revocó la sentencia de primera instancia en su totalidad. Los jueces concluyeron que los reclamos de los accionistas carecían de sustento bajo la legislación argentina y dejaron sin efecto la condena. La decisión de este martes confirma y consolida ese resultado.
