El Gobierno Nacional amenaza con recortar partidas y giros discrecionales a las provincias para evitar que el Congreso reúna los dos tercios necesarios para ratificar el aumento jubilatorio que Javier Milei planea vetar, y el libertario no descarta judicializar la reforma.
El 22 de agosto el Senado de la Nación sancionó la ley de la nueva fórmula jubilatoria. Desde ese día, el Presidente Javier Milei cuenta con 10 días para firmar el veto que había anunciado en cuanto se aprobó el proyecto.
En este contexto, Casa Rosada evalúa distintas estrategias para evitar pagar el aumento a los jubilados y, mientras Milei decide si impulsa un veto completo o uno parcial, desde el Poder Ejecutivo ya presiona a los Gobernadores para torcer voluntades en el Congreso y no descartan judicializar la medida para frenar la suba.
Veto parcial o veto total
En su más reciente conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni adelantó este lunes que “el veto va a ser total, no hay ningún tipo de negociación. La decisión del Presidente está tomada”.
“Con respecto al tema burocrático entiendo que hay 10 días hábiles para proceder al veto, así que no sé si eso va a estar publicado esta semana o no, ya veremos cómo avanza administrativamente”, completó, al tiempo que explicó:
“El trasfondo de todo esto es el intento de romper el equilibrio fiscal. La gravedad es evidente cuando proponen un gasto y sin contrapartida de recursos. No hay otra razón que no sea romper con el equilibrio de las cuentas públicas”.
Previamente se había expresado de forma similar el propio Milei, quien acusó a los legisladores de “degenerados fiscales que hacen populismo y condenan a la ruina a la Argentina y a las próximas generaciones”.
El argumento del presidente es que la ley implica “quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos” ya que implica “un incremento de la deuda de US$370.000 millones, a perpetuidad”.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, indicó que “en lo inmediato implica un gasto extra de 7 mil millones de dólares para el año que viene”.
A pesar de los dichos de los funcionarios, en Casa Rosada no se descarta impulsar un veto parcial de los artículos 2, 4 y 10 de la ley, y también barajan la posibilidad de desenganchar a los que cobran la mínima del resto, con el argumento de que “no son jubilados”.
Es decir, dejarían que se transforme en ley el aumento asociado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero descartarían el resto.
La amenaza de los dos tercios
Cabe recordar que el proyecto sancionado en el Senado implica una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible del IPC (como el DNU que había publicado el Poder Ejecutivo anteriormente).
A esto se suma una compensación extra del 8,1% dedicado a suplir la pérdida de enero (cuando se otorgó un aumento del 12,5% frente a una inflación del 20,6%).
Para evitar que la actualización de la canasta básica —que se efectiviza después del pago de los haberes— no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09.
Ahora bien, a pesar de la amenaza de un veto presidencial, si ambas cámaras del Congreso ratifican la ley con un apoyo de dos tercios, la normativa sería ratificada y el veto sería anulado. De esta forma, se efectivizaría el aumento tal como se sancionó.
Inicialmente se deberá discutir el tema en la Cámara de Diputados, donde el gobierno cuenta con 73 votos (sumando a los legisladores oficialistas y a todos los del PRO). Sin embargo, necesita 87 para neutralizar los dos tercios en caso de que se sienten los 257 legisladores.
Entre tanto, en el Senado la diferencia había sido aún más abultada, con 61 votos a favor y 8 en contra, aunque tras el apoyo de Mauricio Macri al veto presidencial, no está claro que harán los 6 Senadores del partido amarillo.
Presión sobre los Gobernadores
Ante esta situación (y a pesar de que Adorni asegura que no hay negociaciones), el Gobierno trabaja en estrategias para impedir que las Cámaras reunan los dos tercios necesarios para ratificar la reforma presidencial.
Para lograr esto, buscan apelar a los Gobernadores, que exigen la reactivación de la obra pública y mantienen sus reclamos por los fondos discrecionales. Se trata de una estrategia que ya habían utilizado para aprobar la Ley Bases.
El argumento es que, si comienza a abonarse el aumento de las jubilaciones, Milei recortará otras partidas y perjudicará los giros discrecionales a las provincias con tal de garantizar su déficit cero.
Sobre la estrategia opositora en el Congreso, Francos manifestó en una entrevista que “los trataremos de convencer para que no insistan y de que no tengan el número para insistir“.
Entre tanto, desde el entorno del Presidente comentan que los Gobernadores “tienen que tener en claro que los diputados y senadores que les responden pueden votar lo que se les ocurra“.
Sin embargo, “después vamos a sacar los fondos de otro lado y que no nos va a temblar el pulso para recortar otras partidas y seguramente va a haber provincias que se van a ver más afectadas”. “El déficit cero es innegociable” es la muletilla oficialista con la que el Gobierno impulsa el veto.
La vía judicial
En última instancia, si el Congreso insiste con la ley, Milei y sus asesores jurídicos apelarán a la vía judicial. El argumento en este caso es que el proyecto no pasaría el filtro constitucional, porque omite referirse a “cómo se debe financiar el gasto”.
“Tal como está redactado, si se judicializa tenemos todas las de ganar”, dice uno de los colaboradores del libertario, que ya comienza a elaborar una presentación para el Poder Judicial.
