Javier Milei finalmente vetó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, y apuesta a profundizar el ajuste contra la salud y la educación pese al mensaje que recibió en las urnas el domingo pasado.
El presidente Javier Milei vetó este miércoles la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en agosto, ratificando su política de ajuste fiscal pese al contundente mensaje que recibió en las urnas el pasado domingo.
La dura derrota de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, donde el oficialismo perdió por amplio margen frente al peronismo encolumnado en Fuerza Patria, no modificó el rumbo del Ejecutivo respecto a la educación pública.
La decisión presidencial desencadenó una inmediata respuesta sindical: los gremios universitarios convocaron a un paro nacional para este viernes 12 de septiembre y preparan una marcha para cuando el Congreso trate el rechazo al veto. La oposición evalúa convocar una sesión especial para intentar revertir la medida, aunque necesitará una mayoría especial de dos tercios.
El veto se produjo en el marco de una crisis presupuestaria que mantiene a las universidades funcionando con la misma asignación de recursos desde 2023, mientras el sector docente universitario perdió más del 50% de su poder adquisitivo frente a una inflación que ya acumula más del 30% en lo que va del año.
Además, en las últimas horas se conoció que el gobierno también vetó las leyes de emergencia pediátrica (que implicaba enviar más fondos al Hospital Garrahan, que se encuentra en medio de un plan de lucha desde hace meses), mientras estira la definición sobre el proyecto de reparto automático de los ATN a las provincias.
Por lo pronto, las reacciones ante el nuevo ataque contra la educación universitaria no se hicieron esperar. El gobernador bonaerense Axel Kicillof manifestó que “la universidad pública es parte de nuestra identidad y la vamos a defender“.
En Bahía Blanca, las autoridades de la Universidad Nacional del Sur (UNS) publicaron un comunicado expresando su “profunda preocupación” ante una medida que “da la espalda a dos millones de integrantes de la universidad pública argentina”.
Kicillof cuestionó el veto de Milei contra las universidades: “Parece que no entendió el mensaje”
Las razones oficiales del veto presidencial
El Decreto 647/2025 publicado en el Boletín Oficial fundamenta el veto en argumentos técnico-jurídicos y fiscales. Según el Poder Ejecutivo, el proyecto no cumple con el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige que toda ley que autorice gastos no incluidos en el presupuesto debe señalar de forma directa las fuentes de financiamiento.
El gobierno sostiene que “la fuente de financiamiento prevista es manifiestamente insuficiente y, además, no configura una fuente real de financiamiento”. El decreto critica que el proyecto aborde los recursos “de manera genérica”.
Además, se muestra en contra de que establezca que el financiamiento podrá provenir del aumento de ingresos corrientes recaudados por encima de lo presupuestado, pero “no indica qué partidas deberán dejar de financiarse ni cómo se afrontará el gasto en caso de que tales recursos resulten insuficientes”.
El argumento central del veto apunta al equilibrio fiscal. La administración Milei afirma que la normativa “incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto”.
Según el oficialismo, esto que generaría “un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica” y provocaría “perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
Tal preocupación no parece haber tenido lugar a la hora de utilizar recursos del Estado y tomar deuda para contener el valor del dólar. La realidad es que según la Oficina de Presupuesto del Congreso el gobierno debería invertir apenas el 0,23% del PBI para poner en práctica la ley de financiamiento universitario.
El texto presidencial insiste en que aumentar el gasto sin respaldo real empujaría al gobierno a financiarse con emisión monetaria “sin un anclaje de sostenibilidad”, lo que se trasladaría “en un costo al conjunto de la sociedad, en tanto la emisión presiona sobre los precios y erosiona el poder adquisitivo de salarios“.
El jefe de Estado también señaló que el ámbito de debate sobre recursos, gasto e ingresos es el que se dará a partir del envío al Congreso del proyecto de Presupuesto 2026, que Milei anunciará por cadena nacional el próximo lunes a las 21 horas.
“Es en el marco de la aprobación del Presupuesto Nacional donde se debate de manera integral la forma de afrontar los gastos y erogaciones que demandan las distintas políticas públicas”, enfatizaron desde el Ejecutivo.
Sin embargo, la realidad muestra que hasta el momento el gobierno de Javier Milei no ha dado lugar a discusiones genuinas sobre el presupuesto, sino que ha presentado su propuesta y ha bloqueado cualquier tipo de debate al respecto.
Esta dinámica derivó en que las instituciones universitarias funcionen con el mismo presupuesto que se aprobó en 2023, sin actualizaciones que contemplen la inflación acumulada ni las necesidades crecientes del sistema educativo.
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La respuesta sindical: paro y movilización
La Federación de las Universidades Nacionales (FEDUN) había anticipado que de confirmarse el veto presidencial anunciarían medidas de fuerza. Tras conocerse la decisión, convocaron a un paro de 24 horas para este viernes en todas las universidades del país, junto a las demás expresiones que integran el Frente Sindical Universitario.
“Lamentablemente, el gobierno continúa sin escuchar lo que el pueblo argentino le demanda sobre la importancia de la educación pública”, repudiaron desde FEDUN. La organización destacó el “apoyo multitudinario a las dos marchas federales” realizadas anteriormente y señaló que:
“A pesar de los recientes resultados electorales adversos, en especial el de la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno Nacional sufrió una derrota contundente, Milei no rectifica su rumbo”.
El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, expresó que “hay un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”.
Ricci explicó que en 2024 el sector docente universitario perdió “más del 50% del poder adquisitivo” frente a la inflación, que este año ya acumula más del 30%, dado que tuvieron aumentos del 1% mensual. “Cada mes estamos peor”, apuntó el dirigente.
Las organizaciones nucleadas en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), CONADU, CONADU Histórica, FAGDUT, FEDUN y UDA publicaron en redes sociales: “Milei vetó. Nosotros vamos a defender la Ley de Financiamiento Universitario”.
La expectativa es convocar a una nueva manifestación para el día en el que se trate el veto presidencial en el Congreso de la Nación, que esperan se replique no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en distintos puntos del país.
Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, remarcó que “hay un importante nivel de visibilización del conflicto universitario, y los legisladores saben que la población apoya mayoritariamente el reclamo”. Los sindicatos también implementarán medidas de fuerza como cortes de calle frente a las facultades.
La ley de financiamiento universitario vetada establecía el llamado a paritarias para recomponer los salarios de personal docente y no docente, actualizar los gastos de funcionamiento de las casas de estudio y hospitales universitarios, y destinar más fondos a becas, infraestructura, carreras estratégicas y actividades académicas. También fijaba un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
La estrategia opositora en el Congreso
Con el rechazo consumado, el veto fue enviado al Congreso para que sea considerado por diputados y senadores, quienes deben definir si rechazan o no la medida del Presidente Javier Milei.
La Cámara de Diputados había aprobado el proyecto con 158 votos afirmativos el 21 de agosto, sin alcanzar los dos tercios, la mayoría especial que los opositores deben conseguir ahora para cancelar el veto presidencial.
La oposición debe decidir si rechazará el veto en la sesión especial programada para el próximo 17 de septiembre en Diputados. En el Senado ya habían acordado sesionar el jueves 18 con todos los temas pendientes.
Los legisladores que se oponen al gobierno están estudiando si es conveniente convocar una sesión para la próxima semana, agregando entre los temas a tratar el rechazo al veto, aprovechando la situación que atraviesa el oficialismo.
Es que cabe recordar que La Libertad Avanza no solo tuvo un duro revés electoral en la Provincia de Buenos Aires, sino que enfrenta una crisis de credibilidad por la seguidilla de escándalos que salpican a Milei y sus funcionarios de confianza.
El escándalo más reciente fue el relacionado con los audios que denunciaron la existencia de un entramado de coimas entre ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) y la droguería Suizo-Argentina, en los que se menciona a su hermana Karina Milei y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
Este jueves 11 de septiembre se realizará un encuentro entre los secretarios parlamentarios de los bloques opositores para decidir la estrategia a seguir. Recientemente, el gobierno sufrió una dura derrota parlamentaria cuando ambas cámaras votaron en contra de la validez del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad, un antecedente que podría repetirse.
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Veto contra la Ley de Emergencia en Discapacidad
En las últimas horas se conoció que el presidente Javier Milei también vetó la Ley de Emergencia Pediátrica mediante el Decreto 651/2025.
Esta medida, que había sido aprobada por el Congreso, buscaba garantizar una mayor asignación de fondos para el Hospital Garrahan, incluyendo recomposición salarial, aumento presupuestario y asignación prioritaria de insumos críticos.
El veto a la llamada “ley Garrahan” se fundamenta en el habitual argumento del gobierno sobre el sostenimiento del equilibrio fiscal. “La economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa”, sostiene el documento, que además afirma que el hospital Garrahan “ya tiene su financiamiento garantizado”.
Asimismo, se espera que también vete la ley de reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsada por todos los gobernadores. Esta normativa obliga al gobierno a ejecutar la totalidad de los fondos destinados a las administraciones provinciales de manera automática y no arbitraria.
Los tres vetos se enmarcan en la estrategia del gobierno de mantener el equilibrio fiscal como pilar de su plan económico, pese a las críticas por el impacto en servicios públicos esenciales como educación y salud.
El presidente tiene hasta el jueves 11 de septiembre a la medianoche para formalizar el veto a los ATN, completando así una batería de rechazos a las iniciativas aprobadas por el Congreso en la sesión especial de agosto.
Sin embargo, recientemente el oficialismo hizo una convocatoria a sus gobernadores aliados y afines para recomponer las relaciones con las provincias de cara a las próximas elecciones. La incógnita es si logrará que los mandatarios provinciales acepten medidas de este tipo.
