El gobierno de Javier Milei utilizó como excusa un supuesto caso de “espionaje ilegal” para prohibir el ingreso a Casa Rosada de todos los periodistas acreditados, poco después de haber adoptado una medida similar contra corresponsales de medios opositores.
La medida, que no registra antecedentes desde el retorno de la democracia en 1983, se adoptó de manera repentina y sin comunicado oficial. Semanas antes, el Ejecutivo ya había restringido el acceso a periodistas de medios críticos de la gestión aludiendo a una supuesta operación de desinformación rusa.
Otro ataque de Javier Milei a la prensa
A partir del jueves, ningún periodista pudo ingresar a Balcarce 50. Es que el Gobierno eliminó las huellas dactilares de todos los comunicadores del sistema biométrico de acceso y dejó sin efecto la prórroga de las acreditaciones correspondientes a 2025.
Es que los permisos originales habían vencido a fin de marzo y habían sido extendidos durante abril mientras se completaba el proceso anual de reempadronamiento. En rigor, la tardanza de Casa Rosada a la hora de realizar el proceso facilitó la maniobra del oficialismo.
“Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal“, confirmaron fuentes del Ejecutivo. Las mismas fuentes señalaron que no hay un plazo definido para que la medida sea revisada: “Hasta tanto no esté el nuevo reempadronamiento, no se va a habilitar el ingreso de ningún periodista a la Casa”, indicaron.
La sala de prensa de la Casa Rosada, habilitada históricamente incluso en contextos de interrupción institucional, permanece cerrada. Los trabajadores de prensa se enteraron de la prohibición directamente en las rejas de ingreso al edificio, sin haber recibido notificación previa por ningún canal oficial.
Previamente, el Gobierno había utilizado una investigación sobre el supuesto financiamiento del gobierno ruso a medios opositores para prohibir la entrada a algunos periodistas acreditados. Si bien en su momento también aseguró que sería una medida temporal, el tiempo solo llevó a que empeoraran las condiciones.
BASURAS REPUGNANTES
Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes. Espero que esto llegue hasta los máximos responsables.
CIAO! pic.twitter.com/Z46PtFT74k— Javier Milei (@JMilei) April 22, 2026
En este contexto, el presidente Javier Milei publicó un violento mensaje contra la prensa aludiendo al hecho de supuesto espionaje ilegal. “BASURAS REPUGNANTES”, lanzó, “me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas (95%) que salgan a defender lo que hicieron estos dos delincuentes”.
“Espero que esto llegue hasta los máximos responsables“, escribió el presidente el miércoles, quien en ese momento se encontraba de viaje en Israel. Junto a su mensaje, agregó una fotografía con los nombres de los periodistas implicados, acusándolos de amenazar la seguridad nacional.
Milei utilizó una supuesta campaña rusa para censurar a los periodistas que critican al gobierno
La excusa para censurar a los periodistas
El detonante inmediato fue la emisión de un programa televisivo en el canal Todo Noticias (TN), conducido por Luciana Geuna, en el que se mostraron imágenes grabadas en distintos sectores internos de la Casa Rosada, incluidos pasillos e instalaciones del edificio. Las imágenes fueron difundidas el domingo previo a la adopción de la medida.
La Casa Militar (organismo encargado de la seguridad del edificio y de la residencia presidencial, dependiente de la Secretaría General de Presidencia que conduce Karina Milei) presentó una denuncia penal contra los responsables del reportaje.
La presentación judicial fue impulsada directamente por el titular del área, el general de Brigada Sebastián Ibáñez, y quedó radicada en el Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py, a cargo del juez Ariel Lijo.
Los denunciados son Geuna y el periodista acreditado Ignacio Salerno, a quien se le suspendió la credencial de manera inmediata. También fueron incluidos en la denuncia diversos directivos del canal.
La acusación sostiene que la obtención y difusión del material implicó una vulneración de los protocolos de seguridad y una exposición indebida de áreas consideradas estratégicas del Poder Ejecutivo.
Los cargos apuntan a delitos vinculados a la divulgación de secretos políticos y militares y a posibles riesgos para la seguridad institucional. todo esto, pese a que en rigor no se publicó ninguna información sensible para el gobierno.
Según lo que trascendió del escrito judicial, “bajo meros pretextos de interés público, los periodistas denunciados se ufanaron de haber burlado la seguridad presidencial“. El documento también afirma que “el video muestra de forma inequívoca que el autor del informe registró sin filtro la actividad de la sede principal del Gobierno mediante una grabación subrepticia”.
La denuncia de la Casa Militar fue presentada el miércoles, un día antes de que el Gobierno adoptara la decisión de restringir el acceso a toda la prensa acreditada. El Ejecutivo presentó esta última medida como una consecuencia directa de la investigación judicial en curso, aunque ningún organismo del Estado emitió hasta el momento una resolución formal que la respalde.
En principio, una situación de estas características derivaría únicamente en sanciones para el medio periodístico implicado, pero el gobierno de Milei decidió utilizarla de excusa para frenar el ingreso de todos los periodistas, incluso los que no estaban relacionados con el episodio.
