El Gobierno de Javier Milei suspendió las acreditaciones en Casa Rosada de corresponsales de medios críticos utilizando como excusa una insólita denuncia sobre un supuesto financiamiento ruso a portales opositores. Curiosamente, no accionó contra medios afines mencionados por la investigación.
Utilizando una investigación floja de papeles sobre una supuesta conspiración de inteligencia rusa, el gobierno de Javier Milei les prohibió el ingreso a Casa Rosada a los corresponsales de varios medios de comunicación críticos de su gestión.
La medida, presentada oficialmente como “preventiva”, se ejecutó sin previo aviso y afectó de manera selectiva solo a los medios opositores, dejando afuera a otros que también aparecían en los mismos documentos.
Milei echa a los periodistas de Casa Rosada
Esta mañana, al llegar al Palacio de Gobierno, los corresponsales de Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, La Patriada, El Destape y A24 descubrieron que sus huellas dactilares ya no figuraban en el registro de ingreso. Un funcionario los esperaba en la puerta, lista en mano, para comunicarles que no podrían participar de las conferencias de prensa del Ejecutivo.
Desde Casa Rosada aclararon que no se trataba formalmente de una suspensión de acreditaciones sino de “una medida preventiva hasta esclarecer los hechos”, aunque nadie precisó por cuánto tiempo se extendería. Es decir que, en rigor, funcionó como una suspensión parcial de acreditaciones.
La decisión fue adoptada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su sucesor en la Vocería, Javier Lanari, quienes según trascendió estaban reunidos para “definir la situación de cada uno”.
Lo llamativo es que la inédita decisión, que a todas luces es un intento de censura, tiene lugar poco después de que algunos de estos periodistas le formularan a Adorni preguntas incómodas sobre inconsistencias en sus declaraciones juradas, propiedades sin declarar y viajes privados, mientas al jefe de Gabinete lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito.
Además, el gobierno enfrenta otros temas incómodos, como el caso de la estafa de $LIBRA, las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las presuntas coimas del 3% para Karina Milei, y denuncias sobre créditos otorgados desde el Banco de la Nación Argentina a funcionarios del oficialismo.
Lo que también llamó la atención fue la selectividad del criterio aplicado. Infobae y El Cronista figuran en la misma investigación que sirvió de base para las exclusiones, pero sus corresponsales no fueron afectados.
Según la revista Perfil, El Cronista realizó gestiones ante el oficialismo para explicar que las notas cuestionadas habían sido publicadas en 2024 por una persona que ya no trabaja en el medio, lo que le habría permitido quedar fuera de la lista. En el caso de Infobae, no hubo explicación oficial sobre por qué no fue incluido.
Milei le negó la entrada a Casa Rosada a Jonathan Heguier alegando una supuesta conexión con el gobierno ruso
Una investigación floja de papeles
El argumento del gobierno libertario se apoya en una investigación floja de papeles publicada por el medio británico openDemocracy y el africano The Continent, que analizaron 76 documentos supuestamente vinculados a operaciones de inteligencia rusa.
Según esos materiales, agentes del Kremlin habrían financiado la publicación de artículos en 23 medios argentinos durante la primera etapa del gobierno de Milei, con el objetivo de perjudicar su imagen. El monto total mencionado es de 283.000 dólares.
El problema es que la propia investigación reconoce que no pudo verificar si esos pagos efectivamente se realizaron ni a quién fueron dirigidos. Diana Cariboni, editora de openDemocracy, incluso mencionó que “no tenemos pruebas si se pagó a un medio, un periodista o un intermediario“.
Lo más extraño es que entre los 23 medios mencionados aparecen portales que se dedican a cubrir noticias regionales o provinciales, como Sección Ciudad, El Ciudadano Web, Infocielo, Agenda Urbana, Ciudadano Agro y Contraste MDP. Más allá de la acusación en sí misma, vale mencionar que tampoco existe una investigación judicial que la valide.
A pesar de esto, el gobierno actuó de inmediato y sin esperar ningún avance judicial. El propio Santiago O’Donnell, el periodista argentino que participó de la investigación, reconoció que el uso político de la denuncia era previsible.
“Yo ya sabía que esto le iba a servir al gobierno, obviamente”, afirmó. Y también salió a cuestionar la medida: “La quita selectiva de acreditaciones sin explicación en la Rosada y el Congreso es un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta. Señor presidente Milei, devuelva las acreditaciones“.
Los primeros en denunciar la situación fueron los corresponsales de El Destape, Jonathan Heguier y Javier Slucki. “No nos dejan entrar como medio por el tema del supuesto espionaje ruso“, fue el mensaje de Slucki al respecto, “eso dijeron desde el ingreso de Casa Rosada después de negarme la entrada“.
No es la primera vez que el gobierno toma medidas de este tipo. En junio de 2024, la periodista Silvia Mercado fue excluida tras la no renovación de su acreditación. Presentó un amparo judicial y finalmente el Ejecutivo dio marcha atrás.
En el Congreso, Martín Menem replicó la medida en la Cámara de Diputados, pero en el Senado Victoria Villarruel no adhirió. El presidente Milei incluso prometió “llegar hasta las últimas consecuencias” para identificar a todos los involucrados en la supuesta operación, que no parece más que una excusa para avanzar una vez más sobre el periodismo.
