El sistema nuclear argentino es la prueba de que el Estado puede impulsar el desarrollo y generar riqueza, y es por eso que Javier Milei pretende desguazarlo: porque para poder decir que tiene razón, primero tiene que destruir toda prueba de que está equivocado.
Despidos y represión en la CNEA
El martes la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció el despido de un centenar de trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y organizó una permanencia pacífica en el edificio para reclamar la reincorporación.
La respuesta del Gobierno fue enviar a Gendarmería a desalojar la protesta y llevarse escoltado a Martín Porro, presidente de CNEA, el funcionario a quien los trabajadores le reclamaban.
Después llegó el comunicado oficial, que reconoció solo 61 despidos, una cifra que de todos modos resulta considerable para la planta del organismo. Poco antes, el vocero presidencial Adrián Ravier se había jactado de haber reducido la estructura de CNEA en un 57,83%, al pasar de 645 a 272 cargos.
La versión oficial sostiene que no hubo despidos, sino que simplemente no se renovaron contratos que vencían a fines de junio, y que el personal afectado no era altamente calificado sino gente incorporada en 2023, durante la gestión de Adriana Serquis, hoy diputada nacional.
Los propios trabajadores desmienten esa versión. Entre los desvinculados hay personas con diez años de experiencia. Además, aquellos peyorativamente calificados como “administrativos” cumplían en muchos casos funciones esenciales que descomprimían la carga de los investigadores. Lo dijo Paula Alderete, técnica microscopista despedida, cuyo sueldo mensual al momento de la desvinculación era de 683 mil pesos.
El caso de Alderete es apenas la punta del iceberg de un ajuste que arrancó con la propia gestión libertaria. Según el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación, el presupuesto de CNEA cayó un 45,4% en términos reales desde 2023. La inversión en bienes de capital se desplomó 53,4% en el mismo período, y los salarios reales acumulan una pérdida del 32,1% desde noviembre de ese año.
El negocio detrás del desguace nuclear
Todo esto se articula alrededor del plan nuclear que Javier Milei presentó en diciembre de 2024 junto al entonces asesor y titular de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, y que a fines de mayo relanzó el titular de la Secretaría de Asuntos Nucleares, Ramos Nápoli.
El objetivo es privatizar, al menos parcialmente, los activos nucleares del país para que firmas privadas los gestionen o terminen las obras paralizadas por el Estado. La visión de fondo apunta a llenar la Patagonia de data centers alimentados con reactores modulares.
El atractivo del negocio está en las cifras. CNEA controla dos empresas superavitarias: Atucha, que depende de Nucleoeléctrica Argentina y tuvo resultados positivos por 90.304 millones de pesos en 2025, y Dioxitek, productora de pastillas de uranio, que generó el año pasado 19.204 millones.
A eso se suman activos como el reactor RA-10, prácticamente terminado pero paralizado, la explotación del uranio como recurso estratégico, y el reactor modular CAREM, el mismo tipo de reactor que el Gobierno presenta como central en su plan, pero que mantiene virtualmente frenado a la espera de un comprador privado.
También hay un componente geopolítico. En septiembre de 2025 Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en sumarse al programa FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), que sujeta al país a las revisiones y regulaciones de Estados Unidos y limita cualquier pretensión de desarrollo nuclear propio.
En esa misma línea, Milei canceló las negociaciones para construir Atucha III con el reactor chino Hualong One, y el país firmó un pacto para garantizarle a Washington la provisión de minerales críticos, entre ellos el uranio.
La destrucción como ideología
Hay una arista de este proceso que excede lo económico y lo geopolítico. CNEA, y el sistema nuclear argentino en su conjunto, es la prueba de que la participación central del Estado en el desarrollo de estas tecnologías dio resultados: centrales concretadas o cerca de estarlo, desarrollos en salud, y empresas superavitarias que le generan rentabilidad al Estado Nacional.
Empresas que, según la ideología libertaria, no deberían existir, porque esa ideología sostiene que todo lo que toca el Estado empeora, se vuelve ineficiente y deficitario.
Ahí aparece una clave para entender por qué Milei hace lo que hace: pareciera necesitar probar que “el Estado no funciona”, así que destruye lo que sí funciona para poder sostener que su tesis es verdadera. A nivel político esto ya se vio varias veces: desfinanciar y paralizar un organismo hasta que deja de funcionar, para después presentar la privatización como única solución posible.
Pero hay un componente “académico” que se mezcla en esto. Es que uno de los objetivos de la gestión de Milei es demostrar que su ideología es correcta, algo visible en su expectativa de ganar el Nobel de Economía junto a Reidel, en sus disertaciones en foros libertarios, o en la insistencia de que lo llamen “doctor” pese a tener un doctorado honoris causa.
Le importa que le digan que tiene razón, y para eso la realidad tiene que colaborar. Cuando no colabora, la solución es aplastarla, un camino inverso al de cualquier estudioso, que cuando un sistema no explica la realidad, modifica el sistema para que sí dé cuenta de ella. La incógnita es hasta qué punto Milei es capaz de imponer esta práctica.
Falta gas, pero para el Gobierno todo está bien
El segundo tema de la semana también es energético. La ola polar que atraviesa buena parte del país agudizó un problema que venía notándose hace tiempo: faltantes de gas en el NOA, el litoral y La Plata, zonas donde muchas empresas y estaciones de servicio tienen contratos interrumpibles y son las primeras en sufrir cortes cuando el sistema prioriza el consumo domiciliario.
El impacto en el sector productivo es concreto. La Asociación Citrícola del Noroeste Argentino advirtió que la falta de suministro y el aumento de costos energéticos ponen en riesgo la zafra y la campaña productiva 2026.
La Unión Industrial de Salta señaló afectaciones en el polo cerámico, los ingenios azucareros y las economías regionales, mientras que la Unión Industrial de Tucumán planteó que “resulta difícil comprender que, sin registrarse temperaturas extremas que justifiquen una situación de emergencia, nuevamente el Norte sea el principal perjudicado por las limitaciones del sistema energético”.
La Unión Industrial de Córdoba fue en el mismo sentido: no se trata de una incomodidad administrativa, sino de plantas que deben reducir actividad o reorganizar procesos.
La alternativa para estas industrias es comprar gas importado, cuyo precio subió por el conflicto en Medio Oriente y por la quita de subsidios que impulsa el Gobierno. A eso se suma la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía, que reconfiguró el sistema de transporte y redujo en un 35% la capacidad disponible para las industrias del norte.
El secretario de Energía y Minería, Daniel González, salió a bajar tensión asegurando que “no va a faltar gas en los domicilios en la medida que no haya un imponderable”, que “la demanda prioritaria de todo el país está perfectamente satisfecha” y que el sistema “está funcionando perfectamente bien”. Reconoció faltantes en algunas industrias, pero dijo que la decisión de importar gas quedaba en cada una de ellas.
Pero ¿el sistema está funcionando “perfectamente bien”? Por lo pronto, parece que a los problemas heredados se sumaron aún más. El Norte solía abastecerse con el gasoducto que conecta con Bolivia, pero la caída de la producción boliviana obligó a buscar alternativas, entre ellas revertir el flujo del Gasoducto Norte para llevar gas de Vaca Muerta.
La primera etapa se completó en 2024, pero las obras en cuatro plantas compresoras clave están paralizadas por deudas de la estatal ENARSA con la empresa constructora. Milei exageró tanto su pretensión de mantener el superávit, que decidió no seguir pagando.
Además, el Estado suele importar gas todos los inviernos para evitar faltantes, algo tan habitual que sorprende la falta de previsión que comenzó en 2024, cuando el Gobierno tuvo que salir de emergencia a comprarle gas a Brasil a un precio más caro. En 2025 volvió a haber faltantes con las obras frenadas, y en 2026 la situación se repite.
¿Para qué sirve la producción?
Lo paradójico es que todo esto ocurre mientras Vaca Muerta bate récords de exportación, con capacidad teórica para abastecer sobradamente el mercado interno. El problema no es la producción sino el transporte, pero eso deja a la vista las prioridades del Gobierno: se exporta en masa para captar divisas, sin reinvertir en las obras que garantizarían el suministro interno.
¿Para qué sirve la producción, entonces, si el crecimiento de los números no se traduce en mejoras concretas para la vida de la gente? En un país productor y exportador, el Gobierno le pide a la ciudadanía que pague precios internacionales por la energía, a contramano de lo que ocurre en cualquier otro país productor.
Sin ir más lejos, para julio las tarifas de gas aumentan un 3%, muy por encima de la inflación, en simultáneo con la discusión por los cambios en el régimen de Zona Fría que podrían dejar a gran parte del país sin subsidios.
La lógica liberal establece que el ciudadano común debe ajustarse para que la macroeconomía funcione y el país sea competitivo, y después el propio Gobierno festeja el tan anhelado equilibrio económico sin que la ciudadanía vea mejoras en su calidad de vida.
Cuando esa disociación es tan marcada que ni siquiera quienes celebran los anuncios sienten un impacto positivo en su vida cotidiana, la pregunta que queda planteada no es qué tipo de Estado queremos, sino qué tipo de Estado necesitamos.
