En una nueva avanzada contra el periodismo, el Gobierno de Javier Milei denunció una supuesta “operación de inteligencia ilegal” y logró que un juez dictara una cautelar que prohíbe la difusión de grabaciones que involucren a Karina Milei.
El Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia penal contra varios periodistas y empresarios por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. La administración libertaria logró que la Justicia dictara una medida cautelar que prohíbe la difusión de nuevas grabaciones de la secretaria general de la Presidencia.
La estrategia oficial, diseñada por una mesa de crisis encabezada por Santiago Caputo, busca frenar el escándalo en plena campaña electoral bonaerense. El Gobierno sostiene que se trata de una “operación de inteligencia ilegal” con supuesta participación extranjera.
La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó al extremo de hablar de una supuesta injerencia rusa y venezolana, aunque sin presentar ninguna prueba al respecto. De hecho, no es la primera vez que la funcionaria alude a un supuesto complot “chavista” para justificar medidas de este tipo.
La cautelar fue dictada por el juez Alejandro Patricio Maraniello, quien enfrenta seis denuncias por abuso de poder, acoso sexual y violencia de género, lo que añade controversia a una decisión que varios periodistas denuncian como censura previa.
El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral.
Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar…
— Manuel Adorni (@madorni) September 1, 2025
Milei contra el periodismo: Denuncia y pedido de allanamientos
El Ministerio de Seguridad, a través del abogado Fernando Soto, presentó la denuncia ante el Juzgado Federal N°12 subrogado por Julián Ercolini y la Fiscalía Federal N°4 a cargo de Carlos Stornelli. El escrito apunta contra un grupo de periodistas y empresarios por la presunta comisión de espionaje ilegal.
Los principales denunciados incluyen a los periodistas Mauro Federico (Data Clave) y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviggino (tesorero de AFA y financista de Carnaval Stream), el abogado Franco Bindi (pareja de la diputada Marcela Pagano) y el exdirector de la SIDE Fernando Pocino.
La Casa Rosada solicitó allanamientos en las oficinas de Carnaval Stream y en los domicilios de los mencionados. También pidió medidas cautelares urgentes para impedir nuevas filtraciones bajo apercibimiento del delito de desobediencia (artículo 239 del Código Penal).
El vocero Manuel Adorni confirmó la estrategia oficial: “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido“.
Según la denuncia, el objetivo sería “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas“. El Gobierno alega que las grabaciones se realizaron dentro de la Casa Rosada, lo que constituiría “una amenaza inédita a la seguridad institucional”.
Quien respondió a la denuncia fue el juez federal Maraniello, quien dictó una medida cautelar que ordena “el cese de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación, anunciados el día 29 de agosto de 2025 que sean atribuidos a Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación”.
La restricción abarca medios escritos, audiovisuales y redes sociales desde “todo sitio, plataforma y/o canal web”. El juez requirió al ENACOM que comunique la resolución a todos los medios de comunicación masiva.
Maraniello intentó justificar la medida argumentando que “no tiene por finalidad limitar ni menoscabar el debate público ni el flujo de información”, sino proteger “la intimidad y el honor de las personas involucradas, así como la seguridad institucional derivada de la eventual divulgación de contenidos sensibles”.
Lo cierto es que la naturaleza excepcional de la medida y su alcance configuran lo que en la práctica equivale a censura previa, una figura constitucionalmente cuestionable en democracia. Sin embargo, la acción judicial no puede frenar la difusión de los audios fuera del país.
Desde Espert hasta Bullrich: El escándalo de coimas puso en la mira los lazos entre dirigentes libertarios y los involucrados
¿Quién es el juez que respondió al llamado del gobierno?
La controversia se profundiza al conocerse el perfil del magistrado que firmó la cautelar. Alejandro Patricio Maraniello, titular del Juzgado Federal Civil y Comercial N°5, enfrenta seis expedientes por graves irregularidades en su conducta.
Las denuncias contra Maraniello incluyen acoso sexual, violencia de género, acoso laboral, maltrato, abuso de poder, comportamiento inapropiado en redes sociales, manejo inadecuado de recursos públicos e incumplimiento del Reglamento para la Justicia Nacional.
El caso más grave involucra a una empleada que declaró haber sido hostigada sexualmente por el juez. Según la denuncia, la mujer fue sometida a “besos no consentidos” y presionada para mantener relaciones sexuales para “ponerle fin a la situación”.
Los episodios continuaron con “acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados”, llevando a la víctima a medicarse y tener ideas suicidas. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, presidida por César Grau, notificó formalmente las acusaciones al magistrado en agosto de 2024. Maraniello tiene 20 días para ejercer su defensa por escrito.
Otras denuncias incluyen el desconocimiento inexcusable del derecho en casos relacionados con el PAMI, donde familiares de pacientes lo acusan de negligencia grave en el ejercicio de su cargo al no dar curso a pedidos urgentes de atención médica.
Cómo comenzó el escándalo de los audios
Los audios filtrados que desataron la crisis tienen como protagonista principal a Diego Spagnuolo, el desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Las grabaciones, que se ubican temporalmente entre junio y octubre de 2024, revelan una presunta trama de corrupción en el organismo.
Spagnuolo, íntimo amigo y exabogado del presidente Milei, visitó más de 30 veces la Quinta de Olivos, 26 de ellas por la noche. Los audios sugieren la existencia de coimas dentro de la ANDIS de la que estarían al tanto el presidente y varios de sus funcionarios.
Los primeros audios de Karina Milei fueron difundidos por Carnaval Stream. En las grabaciones se escucha a la hermana del Presidente hablando en tono coloquial: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”.
Si bien estos registros iniciales no mencionan el escándalo de la ANDIS, desde el canal que los difundió advirtieron que se trata de “la puntita” de un paquete mayor de grabaciones que serían publicadas próximamente.
Lo llamativo es que, pese a que las grabaciones no ponen a la hermana de Milei en una situación comprometedora, desde Casa Rosada actuaron con una saña inusitada contra los periodistas y apelaron a medidas desesperadas para impedir que se difunda el supuesto paquete de grabaciones.
La mesa de crisis libertaria, que funciona en el Salón Martín Fierro de Balcarce 50, diseñó la estrategia de defensa. Participaron Sebastián Amerio (virtual ministro de Justicia), Belén Stettler (comunicación institucional), Santiago Viola (apoderado del partido libertario), Macarena Alifraco y Agustín Romo.
La teoría conspirativa de Patricia Bullrich
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich incluso sostuvo que detrás de las filtraciones hay “injerencia” de servicios de inteligencia rusos y venezolanos. Como era de esperar, la funcionaria no presentó pruebas de estas descabelladas acusaciones.
“Nosotros denunciamos una injerencia de personas ligadas a exservicios de inteligencia ruso y veíamos que en la campaña esto podía ser parte, veíamos que Venezuela podía impedir, porque está intentando defender con ataques”, declaró Bullrich en Radio Rivadavia.
La ministra describió la estrategia mediática como “tortura psicológica”, señalando que los periodistas planean entregar las grabaciones “en pedacitos, como si fuese una serie“. Bullrich conectó estos supuestos ataques con otros episodios como el caso del gendarme Gallo y la presencia del Tren de Aragua.
“No podemos ser ingenuos, nos quieren mover la economía, hacer subir el precio del dólar, todo es contra el gobierno”, agregó la ministra, quien también reveló que en las reuniones de Casa Rosada “ningún funcionario entra con el teléfono” como medida de seguridad.
La retórica conspirativa de Bullrich no es nueva. La ministra ha recurrido repetidamente a teorías sobre injerencia extranjera para explicar crisis internas del gobierno (previamente lo había hecho cuando era funcionaria de Mauricio Macri), sin aportar evidencia que sustente estas afirmaciones.
La respuesta de los periodistas denunciados no tardó en llegar. Jorge Rial expresó en su editorial de C5N: “Somos periodistas que lo único que hicimos fue ejercer nuestro laburo. Y parece que ese laburo molesta al poder, y gracias a Dios que molesta al poder”.
Por su parte, Mauro Federico declaró en Futurock: “El Gobierno tuvo un registro tardío de lo que estaba sucediendo. La mejor estrategia que decidieron no fue denunciar a Spagnuolo o defenderlo, fue denunciar a los periodistas”.
La reacción del sector periodístico fue de repudio generalizado ante un ataque frontal a la libertad de prensa. Diversas organizaciones y referentes del sector calificaron la medida como censura previa y un intento de silenciar la investigación sobre corrupción en el gobierno.
Es que la estrategia gubernamental de judicializar el conflicto con la prensa marca un precedente peligroso para la democracia argentina, especialmente cuando involucra la prohibición previa de publicar información de interés público sobre presuntos actos de corrupción en el Estado.
Cabe mencionar que tampoco es la primera vez que el oficialismo ataca a periodistas. Desde hace meses el presidente, y varios de sus funcionarios y comunicadores, impulsan una campaña de desprestigio que se puede sintetizar con el latiguillo “no odiamos lo suficiente a los periodistas”.
