El exsecretario de Energía del Gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, será indagado esta semana por la jueza federal María Servini. Será en el marco de la causa que lo investiga por haber obligado a los usuarios de gas a compensar a las distribuidoras de ese servicio por los efectos de la devaluación, de acuerdo con una resolución del 2018.
Para la fiscal federal Paloma Ochoa, el entonces secretario de Energía “evidenció su interés directo en beneficiar a las empresas de distribución de gas, garantizándoles un ingreso económico extraordinario y fraudulento“.
Asimismo, la fiscal Ochoa señaló que la maniobra fue en perjuicio de los “usuarios-consumidores“:
“En cuya cabeza fijó la obligación de abonar un aumento tarifario indebido, como así también, subsidiariamente, en perjuicio del Estado Federal argentino que como garante de la prestación del servicio público también resultó abusiva e indebidamente obligado”.
Si bien la resolución cuestionada fue dejada sin efecto, la fiscalía a cargo de la investigación penal solicitó en agosto que se declarara su nulidad absoluta e insanable.
La Resolución 20/2018 habilitaba a las distribuidoras de gas a exigir a los usuarios un pago extra, en 24 cuotas, para compensar las pérdidas o lo que se hubieren perdido de ganar las empresas por la devaluación del tipo de cambio ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri.