Después de las PASO se comenzó a imponer un clima de cambio de época y en el poder judicial también se siente el cambio. Un ejemplo es la causa iniciada por el sindicato de trabajadores viales, en la que el juez Sebastián Casanello y el fiscal Eduardo Taiano imputaron a Dietrich e Iguacel por irregularidades las concesiones de los peajes.
La imputación es por “ampliación ilegal e ilegítima del plazo de contrato de las concesiones por peaje”. La titular del Sindicato de Trabajadores viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, explico que la principal beneficiaria fue Iecsa, que era propiedad de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.
“Denunciamos que se abonaron a las concesionarias 30.000 millones de pesos con fondos del Estado Nacional cuando habían vencido todos y cada uno de los contratos de los Corredores Viales concesionados, pero Iguacel y Dietrich los continuaron de manera irregular para favorecer a las empresas”.
En la denuncia acusan a los funcionarios de utilizar “una pseudo resolución para continuar emitiendo y pagando certificados de obras” y serían siete las concesionarias que beneficiaron en la continuidad de operaciones en los corredores viales.
“Estos contratos tenían un plazo de 6 años, por lo que debieron vencer el 21 de abril de 2016, con una única ampliación de plazo de 12 meses, siendo el vencimiento definitivo el 21 de abril de 2017” afirma la denuncia.
“En pleno conocimiento por Decreto Nº 1288/2016, el Poder Ejecutivo ordenó al Ministerio de Transporte, Vialidad Nacional y OCCOVI para que se realice el inmediato llamado a licitación de dichos corredores, pero nada se hizo”.
El escrito también refiere que el 21 de abril de 2017 Iguacel “emitió la Resolución Nº 811/2017, incumpliendo el mandato del decreto 1288 y lo convenido en cada uno de los contratos y prorrogó las concesiones hasta por otros 12 meses y en caso de no cumplirse el nuevo plazo hasta que se celebren los nuevos contratos”.
En la denuncia se argumenta además que la resolución “fue dictada Ad-referéndum del PEN”, de modo que “no existe en el Derecho Administrativo Argentino, ya que carecen de efecto jurídico, no son legítimos, ejecutables, ni ejecutorios”.
“Le han privado a la Administración de obtener una mejor oferta y le ahorraron a las empresas la necesidad de competir para acceder o sostener por más de 2 años la operación de los corredores concesionados” explicó Aleñá.
“Por 15 meses, las empresas concesionarias continuaron de forma ilegítima e ilegal cobrando peaje a los usuarios de las rutas nacionales y como frutilla del postre fueron favorecidas con el aumento constante de las tarifas, gracias al Dictado de la Resolución 346/18”.