El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente Mauricio Macri, al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al canciller Jorge Faurie por “traición a la Patria” luego del acuerdo firmado con el Reino Unido de Gran Bretaña autorizando vuelos semanales de Latam desde Brasil a las Islas Malvinas.
Di Lello se basó en el decreto 602/2019 , que autoriza a la aerolínea brasileña a viajar desde San Pablo hacia las Islas Malvinas. Además, le pidió al juez Luis Rodríguez que suspenda el primer vuelo previsto para el 20 de noviembre de este año, que paradójicamente era es Día de la Soberanía Nacional.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nº 1 señaló que la decisión debería haber sido refrendada en el Congreso Nacional y explico que por “obligación institucional” debía adoptar medidas “ante el posible menoscabo de la soberanía nacional”.
En el escrito por el cual imputa también al secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y al ex ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, Di Lello remarcó:
“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”.
La denuncia había sido presentada el 24 de septiembre por la abogada Valeria Laura Carreras alegando supuestas irregularidades en el manejo de la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido, por parte del gobierno nacional encabezado por Mauricio Macri.
A su vez, Carreras solicitó una medida cautelar considerando que el decreto en cuestión podría producir un “daño inminente a los intereses de la Nación” en caso de producirse el primer vuelo.
“Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo” advirtió Carreras, quien además pidió que se cite como testigos a la diputada Elisa Carrió y al diputado Guillermo Carmona, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
