El secretario de Energía, Javier Iguacel, no da pie con bola. Ahora defendió el cobro extra y retroactivo en el servicio de gas por el aumento del dólar. Además justificó que este resarcimiento que dispuso el Gobierno nacional está contemplado por ley y que de no haberse aplicado “habrían llovido juicios” al Estado.
Según Iguacel será una cuota extra durante dos años que será de “entre 90 y 100” pesos. La explicación que dio es que las empresas distribuidoras compraron el insumo en abril con un dólar a $20,20 y seis meses después el dólar trepó a $38.
Por lo tanto, “por una ley de 1992”, las empresas productoras de gas deben recibir la corrección en los próximos meses.
El funcionario apeló así a la “marcada variación del tipo de cambio” para explicar el monto extra que impactará en las facturas de los usuarios desde enero.
En este sentido, no descartó futuros aumentos si se incumple el valor la divisa estadounidense establecido en el Presupuesto 2019, algo que ya denuncia el arco opositor.
En conferencia de prensa, la periodista de Telefé Noticias Virginia Porcella le hizo notar al funcionario “que no queda claro hacia adelante qué es lo que se está planificando porque se entiende que probablemente el costo del gas baje pero no necesariamente el dólar”.
El propio Gobierno tiene una amplia banda de flotación, le recordó la periodista, que varía entre $34 y $44 con un incremento mensual del 3% de dichos márgenes. En rigor, se trata de una de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional al Banco Central para acceder a la firma del segundo acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri.
Ante esto, el funcionario señaló que desde el Gobierno están “haciendo todo para que el precio del gas en dolares baje”.
Sin embargo, dijo que “la cuenta” para evitar subas de tarifas está conforme al Presupuesto. “Previendo que tengamos un comportamiento conforme lo previsto en el Presupuesto, esa es la cuenta que nos da. Si se sale de esos términos, ahí no puedo asegurar lo que estoy diciendo“, admitió.
La decisión generó la presentación de un proyecto de ley de Cristina Kirchner para derogar la norma que perjudica a los usuarios.
El monto extra que saldrá de los bolsillos de los usuarios e irá hacia las cuentas de las empresas alcanza los 10.000 millones de pesos, según fuentes del mercado energético.
La medida se suma al último tarifazo. Si bien se dijo que fue del 35%, los números son distintos: para el 70% de los hogares el aumento es superior al 50%.
En ese marco, el jefe comunal de San Martín, Gabriel Katopodis, ya presentó un amparo, y llamó a los usuarios a no abonar ese nuevo incremento hasta que se expida la Justicia.
Finalmente, esta mañana el fiscal Guillermo Marijuan denunció penalmente al secretario de Energía por el supuesto delito de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, a raíz de dicho pago “extra” que los usuarios deben pagar a las energéticas en compensación por la megadevaluación.
