El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio de la cúpula de la AFI macrista por el “plan sistemático” de espionaje ilegal desplegado durante el gobierno de Cambiemos e imputó a Mauricio Macri como responsable político. Entre las víctimas se encuentran dirigentes opositores como Cristina Fernández de Kirchner, y hasta su propia hermana, Florencia Macri.
Picardi requirió la elevación a juicio oral y público del caso en el que se investiga el espionaje ilegal desplegado en 2018 sobre el domicilio de la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ex jefes de Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.
El fiscal le presentó un dictamen de más de 200 páginas al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que sostuvo que, a su criterio, está concluida la investigación sobre la participación de Arribas, Majdalani y otras dos personas de la AFI en los hechos investigados.
Por ello postuló su elevación a juicio y a la vez pidió avanzar con la investigación de la posible responsabilidad de Macri, entre otros.
“Las maniobras reveladas en este caso no han sido excepcionales ni aisladas; antes bien, integran un conjunto de muchas otras causas criminales -varias de las cuales se encuentran radicadas ante el Juzgado a su cargo por razones de conexidad- cuyos objetos se ciñen a la investigación de acciones de inteligencia desplegadas por agentes de la AFI entre 2016 y 2019“, sostuvo el fiscal en su escrito.
Picardi agregó que existe una sospecha de que las máximas autoridades de la AFI intervinieron en ambos casos en la planificación, en la coordinación y en la ejecución de tareas de espionaje.
En una presentación aparte, el fiscal aseguró que en razón de la multiplicidad de causas abiertas por casos de supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Cambiemos “se impone indagar sobre el rol que le cupo en el mentado esquema organizado a quien era el superior inmediato de los procesados Arribas y Majdalani, el entonces Presidente de la Nación ingeniero Mauricio Macri“.
También requirió indagar sobre el rol de las:
“Personas que detentaban responsabilidades públicas y que actuaban al directo servicio del nombrado y podrían haber fungido como vínculo o enlace para la transmisión de órdenes y de informaciones ligadas a actividades de inteligencia ilegal”.
En ese contexto, señaló casos de espionaje en los que el expresidente podría tener personal interés como aquellos que tuvieron por víctima a su entonces principal opositora, la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner; o los que tuvieron como espiados a su hermana Florencia Macri y su pareja Salvatore Pice o al periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon.
En el caso de Alconada Mon, el propio periodista referenció que las supuestas tareas de espionaje que lo tuvieron por víctima ocurrieron cuando investigaba al hermano de Macri, Gianfranco, por el caso conocido como Panamá Papers, y a su primo Ángelo Calcaterra, por la causa del soterramiento del tren Sarmiento.
Arribas, Majdalani y Alan Ruiz están procesados por espionaje ilegal y por falsedad ideológica por haber producido documentos con contenido presuntamente falso para intentar dotar de legalidad las maniobras de inteligencia prohibida.
“Teníamos que ir a instalar un servicio en un domicilio de Recoleta con un vehículo y determinar si había movimiento de personas o cajas o bolsos ingresando o saliendo del mismo”, relató en esa causa un testigo de identidad reservada, según consta en el dictamen al que tuvo acceso Télam.
Esas maniobras intentaron ser justificadas ante la Comisión Bicameral de Inteligencia primero y ante la justicia después como tareas vinculadas a la posibilidad de que la entonces senadora fuera blanco de un ataque en el marco del la cumbre internacional de G20 llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires por aquellos días.
Arribas y Majdalani “crearon una Dirección de Operaciones Especiales inorgánica a la que le asignaron recursos, autos, oficina y nombraron como director allí a Alan Ruiz“, sostuvo el fiscal, y luego aseveró que los exjefes de la AFI tenían una relación “directa y sin intermediarios” con ese funcionario, por lo que “no existían reglas escalafonarias en esta relación dentro de la AFI“.
Y agregó:
“Ruiz fungió como nexo entre la decisión de las máximas autoridades de la AFI de realizar tareas de inteligencia ilegal en contra de Cristina Fernández de Kirchner -Arribas y Majdalani- y la concreción de dichas tareas desplegadas por agentes de calle de la AFI de cargos jerárquicos inferiores. ¿Por qué? Porque era una persona de confianza de ambos, por sus vinculaciones previas” ya que “provenía del Ministerio de Seguridad de la Nación, en ese momento a cargo de Patricia Bullrich“, puntualizó el fiscal.
Picardi reseñó además que durante el gobierno de Macri se devolvió a los fondos de la AFI el carácter de reservados, lo que dotó de “opacidad” a ese organismo para, eventualmente, desplegar las maniobras investigadas.
La causa por el espionaje al Instituto Patria se inició el 20 de febrero del 2020 a partir de la denuncia articulada por la entonces Interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
