El Gobierno de Javier Milei insiste con las postulaciones de Lijo y García-Mansilla en la Corte Suprema, y prepara una nueva estrategia para destrabar las negociaciones y alcanzar un acuerdo antes de que comience el año electoral.
En medio de las negociaciones, el oficialismo reconoce que tiene 8 adhesiones de las 9 que necesita para aprobar el dictamen del juez, pero el académico apenas llega a las 6 firmas. Sin embargo, la estrategia del gobierno es que, o “salen los dos o ninguno”.
Casa Rosada pretende elevar el texto esta semana a la comisión y luego tratarlo en el recinto sin tener un acuerdo completo con el peronismo. Es que La Libertad Avanza tiene cierta urgencia por aprobar los pliegos antes de que comience el año electoral, en el que será más complicado gestionar acuerdos.
Por lo pronto, en el oficialismo se muestran optimistas y aseguran que irán primero por la firma de los dictámenes, y luego de eso buscarán los votos en el recinto. Cabe señalar que la aprobación requiere mayoría agravada y los libertarios aún no lograron vencer la oposición del peronismo ni acordar con los radicales.
Al respecto, un funcionario comentó que “una vez que el pliego de Lijo llegue al recinto del Senado, va a tener vida propia”. “Creemos que se va a aprobar, el peronismo no tiene mucho margen“, aseguró, “lo que queremos negociar son los votos para García-Mansilla, que es el que más representa la visión de Milei”.
La estrategia del gobierno
El Gobierno de Javier Milei envió al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, a encabezar las negociaciones. Sin embargo, por el momento rechazaron la posibilidad de ampliar el máximo tribunal hasta que no estén los pliegos aprobados, una propuesta que había realizado tanto el peronismo como las senadoras Alejandra Vigo y Lucila Crexell.
Ante la falta de apoyos para el pliego de García-Mansilla, el oficialismo también planea una estrategia discursiva destinada a quienes solo apoyarán el pliego de Lijo. Un colaborador del gobierno aseguró que “van a tener que explicarle a la sociedad por qué dejaron afuera de la Corte a un académico que no tiene nada que ver con lo que le critican a Lijo”.
Entre tanto, buscarán la novena firma que Lijo necesita en la presidenta de la comisión de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, la larretista Guadalupe Tagliaferri, ya que Carolina Losada adelantó que no acompañará al juez y el resto de la comisión pertenece al peronismo.
Cabe señalar que en la mesa de negociaciones están los 143 pliegos judiciales que Casa Rosada debe enviar al senado, al igual que la designación del Procurador General de la Nación.
Otro de los encargados de monitorear las negociaciones es el asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene contacto con el radicalismo a través de Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA.
Es que la UCR jugará un papel clave a la hora de juntar las firmas, ya que los senadores radicales que integran la comisión son Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Losada y Mariana Juri.
Entre tanto, Unión por la Patria está representado por 7 senadores: Anabel Fernández Sagasti, José Mayans, Juliana di Tullio, Claudia Ledesma Abdala, Alicia Kirchner, Sergio Uñac y Lucia Corpacci.
Presión sobre el peronismo
Aunque inicialmente el oficialismo había intentado tratar el tema con celeridad y llegar con los nombres aprobados para septiembre (cuando la Corte eligió nuevo presidente), esto no ocurrió y, para colmo, Horacio Rosatti fue reelecto como titular del máximo tribunal.
Rosatti es quien más distancia marcó con la Casa Rosada a pesar de sus contactos con Caputo, y al oficialismo lo apura la vacante que dejará Juan Carlos Maqueda, quien el 30 de diciembre cumple 75, alcanzando la edad límite para ejercer el cargo.
De esta manera, el tribunal quedaría con apenas 3 integrantes, en un contexto en el que el gobierno se había aliado con el ministro de la Corte, Ricardo Lorenzetti, para confrontar con Rosatti.
Para finalmente avanzar con los pliegos, el oficialismo busca presionar a los senadores de Unidad Ciudadana y del Frente Nacional y Popular (ambos son parte de Unión por la Patria), quienes en el recinto cuentan con 33 integrantes.
Esto significa que el peronismo será indispensable para que Casa Rosada alcance la mayoría agravada, pero desde el kirchnerismo cuestionan que Caputo haya lanzado los nombres sin haber consultado a la oposición.
Para forzar un acuerdo, Amerio mantiene diálogo con Juan Martín Mena, brazo judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Tanto el oficialismo como sus medios aliados aseguran que la Cámara Federal de Casación Penal ratificará el próximo 13 de noviembre la condena de primera instancia por la “Causa Vialidad” contra la expresidenta.
Más allá de la información que pueda tener el gobierno, su estrategia apunta a utilizar la condena como una forma para presionar al peronismo, suponiendo que Cristina Kirchner sería la principal interesada en discutir un nuevo esquema para el máximo tribunal.
